Por: Juan Pablo Cárdenas. 24/06/2023
Con bombos y platillos el gobierno y el parlamento aprobaron una ley de reajuste del salario mínimo. En un proceso que será gradual, se acordó que este ascendería a los 500 mil pesos a mediados del próximo año, a pesar de que el país enfrenta una inflación que podría afectar el poder adquisitivo de la cifra convenida.
Quienes concurrieron con su apoyo son todas autoridades que obtienen mensualmente cifras por encima de los 9 millones de pesos, unas 16 veces el salario mínimo que hoy reciben al menos 800 mil trabajadores chilenos. Muy expresivo de esta desigualdad es el hecho, además, de que el quintil más pobre de la población solo recibe el 5.38 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 20 por ciento más rico recibe 17 veces más en promedio. Debe considerarse en este análisis un estudio realizado por CIPER Chile que determinó que los ingresos de los legisladores chilenos son más altos en relación a los países que conforman la OCDE, es decir Estados Unidos, Italia, Japón, Bélgica, Finlandia, Noruega, Suecia y el Reino Unidos entre otros.
Curiosamente, esta noticia del reajuste fue aplaudida por la Central de Trabajadores de Chile, una entidad sindical controlada por los partidos oficialistas y que a esta altura le quedan muy pocos afiliados en todo el país. Al mismo tiempo que también estuvieron contestes con la Ley las principales entidades patronales y, desde luego, la gran prensa que financian.
La promesa de un nuevo salario coincide con las severas denuncias de corrupción que comprometen a las Fuerzas Armadas, a las policías, a varios alcaldes y a los legisladores acusados de recibir sobornos de parte el mundo empresarial, tanto como cuantiosos aportes a su actividad electoral. Denuncias que, en realidad, comprometen a casi todo el espectro partidista. En la escala de los grandes desfalcos se ubican el “milicogate” y el “pacogate”, coloquiales expresiones con que el pueblo señala a los uniformados. La defraudación fiscal de los carabineros o “pacos” se considera el robo más alto de nuestra historia y favoreció a unos 130 funcionarios y miembros del alto mando policial, los que se habrían repartido unos 35 mil millones de pesos. Así como ahora último se descubre un nuevo episodio de estafa piramidal que tendría comprometidos a más de 4 mil policías uniformados, sin que se sepa todavía a cuánto asciende el robo organizado desde las cúpulas uniformadas.
El “milicogate”, en tanto, es un caso de corrupción dentro del Ejército que por años desvió a los bolsillos de sus oficiales los fondos que le otorgaba a las FFAA la Ley Reservada del Cobre y que ha dado lugar a una investigación ejemplar llevada a cabo por la jueza Romy Rhuterford que ya tiene procesados a los más altos comandantes de la Institución, asumiéndose que los recursos robados puedan superar todos los demás episodios de malversación de caudales públicos.
Todo esto en un país que hasta hace poco se ufanaba de su probidad. Hasta que estallaron episodios como el del Caso Chispas, Inverlink, Penta, Cabal y el Mopgate que comprometieron al cercano entorno de amigos y parientes de los expresidentes Ricardo Lagos, Michele Bachetet y Sebastián Piñera. Millones de recursos robados al abrigo de La Moneda, por supuesto, así como ahora se sustraen recursos desde los municipios, donde ya hay más de una decena de ediles enfrentando cárcel y se suceden bullados escándalos que indignan a la opinión pública.
Para colmo, recién ahora empiezan a evidenciarse las irregularidades que comprometieron las privatizaciones de Endesa y la sanitaria EMOS durante el gobierno del mismo Lagos quien discurriera, además, el Crédito bancario con Aval del Estado para financiar la educación superior de los estudiantes más pobres, los que han acumulado una millonaria deuda que ha prometido condonar el actual Presidente Boric. Aunque todavía no sepa cómo podría lograrlo si es que no consigue aprobar su Reforma Tributaria en un Congreso Nacional que le es muy adverso políticamente. Cuando la mayoría de los legisladores se opone a aprobar siquiera un Impuesto Patrimonial que apenas sugiere elevarles los impuestos al dos por ciento de los multimillonarios del país. Entre ellos, por ejemplo, a Iris Fontbona, cuya fortuna se calcula por sobre los 24 mil millones de dólares, y a otros poderosos empresarios como el ex presidente Sebastián Piñera que en menos de tres décadas ha sumado una riqueza por sobre los 3.5 mil millones de dólares.
Es obvio que el gobierno de Boric busca recaudar recursos para encarar los severos déficits educacionales y de salud, entre muchas otras demandas sociales. Todo esto en medio de otro escándalo que sindica a las administradoras privadas de salud, las isapres, en el cobro ilegal y por años de unos 800 mil millones de pesos a sus usuarios. Cifra que la Corte Suprema exige, ahora, restituir a las víctimas.
Paradojalmente, extraña que ante este nuevo defraude sea el propio Gobierno y, desde luego la oposición de derecha, quienes se demuestren dispuestos a facilitarles a las isapres formas de devolución de los cobros ilegales, cuando lo deseable sería que con su insolvencia enfrentaran la quiebra y el país tenga la posibilidad de sacudirse de un sistema oprobioso y que ha lucrado con la salud de tantos chilenos. Un oligopolio que junto a las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) era considerado uno de los más fructíferos negocios del país, como una oportunidad sabrosa para los inversionistas extranjeros. Más, todavía, que la de invertir en la minería y otras actividades productivas.
En su último mensaje presidencial, Boric le atribuye a su proyecto de reforma tributaria la posibilidad de atender las demandas sociales, con lo que ha dejado ahora en ascuas la posibilidad de cumplir sus promesas electorales, toda vez que la derecha tiene, como dicen, el sartén por el mango en el Congreso Nacional.
No recuerda nuestra historia que estos sectores sean propicios a elevar los impuestos a los más ricos y generar una más justa distribución del ingreso. Como en otras ocasiones, los partidos retardatarios le ofrecen al gobierno un pacto social que lleve a elevar el crecimiento económico para que el Estado pueda recaudar más en favor de los sectores pobres y desvalidos. Aunque todos sabemos que en los largos años en que nuestra economía creció, ello nunca logro traducirse en mayor equidad y ni siquiera en la posibilidad de erradicar la extrema pobreza.
En una realidad ahora afectada severamente por el crimen organizado y el narcotráfico, se desvanecen también aquellas promesas como la reforma de las policías. Después de los despropósitos que el país conoció respecto de sus conductas represivas y severas violaciones de los Derechos Humanos, de la noche a la mañana La Moneda es la primera aliada de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Cuyos efectivos reparte de norte a sur para hacer frente al crimen, pero también a las demandas de las etnias mapuches y de los estudiantes y profesores frustrados nuevamente por las promesas políticas incumplidas. Como el pago que se prometió de la deuda histórica con los profesores, cuyos montos ascienden a volúmenes imposibles de reunir y disponer. Si no se cuenta, al menos con la posibilidad de que los ricos tributen más.
Parece llegado el momento de cuestionarse la legitimidad de un Parlamento que obstruye tan descaradamente la justicia social. Cuando todos sabemos, además, que muchos de los que están allí se agenciaron sus cargos gracias a un sistema electoral de muy baja representatividad y solvencia democrática. Más bien lo que debe hacer un gobierno que se dice de izquierda es buscar un pacto social con los trabajadores y el pueblo. Reafirmar sus propósitos convocando y apoyándose en la masiva movilización popular, más que andar buscando aliados entre los que siempre han sido refractarios a los cambios.
Lamentablemente, en un país de tan pobre diversidad informativa, bajo estándar educacional y precaria madurez cívica, lo que está ganando terreno es el populismo y el caudillismo. Que el pueblo sienta que sus peores e históricos enemigos pueden ser ahora sus salvadores. Lo que tan bien se demuestra en quienes integran ahora la nueva instancia constituyente.
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Fotografía: Pressenza
