Por: Abel Barrera. Tlachinollan. 07/01/2018
A pesar de que las autoridades estatales minimizan el problema, y omiten su responsabilidad de recabar datos confiables sobre la violencia que viven las mujeres por razones de género, el incremento de los feminicidios en Guerrero va a la alza.
Según la información hemerográfica y los datos recabados por el periódico El Sur de Acapulco, en el 2017 hubo 149 feminicidios en el estado. El monitoreo del medio, surge frente a la omisión de las autoridades de contar con estas estadísticas. Dicha información, refiere que en 55 de los feminicidios no hubo datos suficientes para determinar el origen o identificar la identidad de las víctimas, mientras que el mayor número de este delito se presentó en Acapulco con 70 casos, 18 en Chilpancingo, 13 en Chilapa y 5 en Tlapa. Entre las víctimas, 9 eran menores de edad.
Organizaciones nacionales como el Observatorio Ciudadano de Feminicidio (OCNF) solicitaron en 2017 información vía transparencia y acceso a la información pública a Guerrero, sin embargo, a pesar de la recomendación de crear el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres la información fue negada.
El 2017 estuvo marcado como uno de los años en los que la violencia contra las mujeres se trató de ocultar y de trivializar esta tragedia. En todos estos casos las autoridades municipales y estatales fueron omisas para garantizar y proteger su vida e integridad física.
El 22 de junio de 2017, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declaró la Alerta de Violencia Género contra las Mujeres (AVGM) en ocho municipios del estado: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort. Está declaratoria se dio luego de que defensoras de los derechos de las mujeres presentarán la solicitud el 23 de junio de 2016. Si bien el Gobierno Federal dio un plazo de seis meses para que las autoridades estatales cumplieran con una serie de recomendaciones que abonarían a la garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia -concluido el plazo- el Grupo de Trabajo definió por unanimidad que no encontraron “elementos suficientes para determinar el total cumplimiento” de las recomendaciones.
Una vez emitida la declaratoria de AVGM, las autoridades están obligadas a realizar medidas de seguridad, prevención, de justicia y reparación entre las que se encuentran: publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos, la naturaleza y los alcances de la AVGM con información accesible para la población. Diseñar e implementar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo. Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la definición que se hace en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e integrar y actualizar adecuadamente el banco de datos.
Otras de las acciones son: establecer una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género que busque la transformación de patrones culturales y la prevención de la violencia mediante la identificación, abstención y denuncia. Fortalecer la Fiscalía General, particularmente, las Agencias Especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidio dolosos de mujeres, así como la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y de Violencia Familiar y la desaparición forzada de personas no localizadas. Realizar la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales”, entre otras acciones. Todas estas deberán realizarse con perspectiva intercultural atendiendo la violencia interseccional de la que son víctimas las mujeres indígenas y afrodescendientes.
Cabe destacar que en este 2018, el Estado mexicano será evaluado respecto de las recomendaciones realizadas en 2012 por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en relación a las acciones que las autoridades han realizado para erradicar la violencia contra las mujeres en México. Frente a esta evaluación, las omisiones de las autoridades de Guerrero estarán nuevamente en la palestra internacional.
Omnipresencia de la violencia de género en Guerrero
La máxima expresión de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, afecta de igual manera a quienes viven en el campo y en la ciudad. Los datos registrados por El Sur de Acapulco refieren que de los 81 municipios de Guerrero, en 29 ocurrieron muertes violentas de mujeres. Sus cuerpos fueron encontrados semidesnudos, varias de ellas golpeadas y/o violadas sexualmente en parajes, avenidas, fosas clandestinas, basureros, lo que evidencia un claro componente de género.
De manera preocupante la saña con que las mujeres son asesinadas se ha incrementado exponencialmente. La crueldad contra ellas se expresa en los casos de mujeres que fueron apuñaladas, degolladas, quemadas, asfixiadas, lapidadas, decapitadas o ahorcadas. Son realidades que horrorizan y que tienen como causa la indolencia de las autoridades y su complicidad con los perpetradores. En esta lógica delincuencial, las mujeres son tratadas como objeto y desechadas como seres sin valor ni dignidad.
Dichas formas dan indicios de los diversos tipos de agresores que atentan contra la vida de las mujeres, entre los que destacan los esposos, parejas sentimentales y familiares cercanos, sin embargo, la falta de investigaciones impide que todos los agresores se identifiquen a plenitud y sobre todo que se sancionen.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres, sigue obstaculizándose el acceso a la justicia a las familias que luchan contra esta barbarie del feminicidio. Cabe resaltar que la sentencia 554/2013 expresa claramente que: “Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hemos acompañado el caso de Florencia Sánchez indígena me’pháá víctima de violencia sexual y feminicidio de manera tumultuaria -entre ellos por parte de su ex pareja- Marcelino de la Cruz Sánchez. Los hechos fueron perpetrados el 24 de agosto de 2014 en Loma Tuza, municipio de Acatepec, Guerrero.
La madre de Florencia, arriesgando su propia vida, luchó para que Marcelino fuera detenido y procesado por este delito. Después de tres años Marcelino fue encarcelado el 14 de mayo de 2017, sin embargo, las amenazas no cesan para la familia de Florencia porque los cómplices de este feminicidio se han empeñado en truncar su lucha para alcanzar justicia. En este caso el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero está llamado a reivindicar a las mujeres que ponen en riesgo su vida para alcanzar justicia.
Tomando como referencia la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) constatamos que el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional, 29% violencia económica–patrimonial o discriminación, 34% física y 41.3% sexual. Este diagnóstico, representa un reto y punto de arranque, no sólo para identificar el contexto actual en el que ha derivado postergar la atención a la violencia contra las mujeres. Sino que es también la oportunidad de diseñar e implementar de manera efectiva acciones y políticas públicas que busquen atender el problema de manera estructural, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En estas acciones -tanto las autoridades estatales como federales- deben contemplar las particularidades y necesidades específicas de las mujeres indígenas, para quienes acceder a la justicia pareciera significar muchas veces “un milagro”, y no el ejercicio de un derecho fundamental.
Es lamentable que las mujeres indígenas tengan que luchar contra el poder de los hombres al interior de sus comunidades, y contra las mismas autoridades que procuran y administran justicia, quienes actúan con prepotencia, tratos discriminatorios y formas burdas que denigran la dignidad de las mujeres indígenas por no hablar español y por desconocer los procesos jurídicos.
Como la propia ENDIREH lo expresa: “la violencia contra las mujeres, es una de las formas extremas en que se manifiesta la desigualdad que atenta contra los derechos esenciales de las mujeres, que impide su desarrollo y que busca perpetuar su condición de subordinación y mantener el control de sus vidas”.
Combatir la violencia de género es el gran desafío de las autoridades y la prueba mayor para demostrar su compromiso contra la violencia feminicida, como sucede en el estado de Guerrero.
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Fotografía: Tlachinollan
