Por: Natalia Salvo. 05/06/2025
Para sellar la aceptación del ajuste y el horror fue y es necesario destruir a los sindicatos. Hoy asistimos al retorno a una nueva etapa de criminalización de toda acción gremial.
El capital industrial y financiero -y su expresión política en la derecha-, siempre condujo sus acciones coordinadas a la evitación de la aparición sindical, la neutralización de la acción gremial o a su lisa y llana supresión. La potencia de la cohesión y el impacto del contrapoder sindical arriesga la lógica de rentabilidad sin límites y la ausencia de un sujeto universal que dispute la distribución de la riqueza en las relaciones productivas entre el capital y el trabajo.
En lo social, el sindicato es, en sí mismo, un síntoma del fracaso de la construcción de individuo aislado del Estado liberal y una notificación empírica de la potencialidad en la disputa en el reparto de riqueza.
El grado de encarnizamiento con esta institución está sujeto a las profundas crisis del capital (hoy predominantemente financiero) y la viabilidad del sistema para mantener un margen de rentabilidad obsceno, solo obtenible con la destrucción de los derechos laborales.
Sindicatos: ¡afuera!
Aviso: Las objeciones a las crisis de representación sindical o la tan mentada burocracia gremial no hacen a la negación de los sindicatos.
Al fin y al cabo la derecha pretende un mundo sin gremios y un modelo económico sin trabajadores, solo con “emprendedores”.
Desde el surgimiento mismo del derecho social, y los primeros vestigios de normas protectorias, la reacción corporativa empresarial fue unánime.
En la Argentina agroexportadora el peligro para la organización colectiva de los trabajadores, lo representaron los inmigrantes europeos de formación socialista y anarquista que ya habían padecido el impacto de la revolución industrial en un mundo que se pregonaba libre e igual. El gobierno conservador les respondió con la ley de residencia en 1902 que habilitaba al poder ejecutivo a expulsar a los que atentaran contra la paz y el orden público. Entre las conductas propias de esa alteración se encontraba la huelga.
El disciplinamiento individual, la pasividad social que de eso se deriva, la pobreza extrema, las condiciones de trabajo infrahumanas y la negociación uno a uno (si acaso así se puede llamar así a la imposición patronal), era el statuo quo ideal para el desarrollo de un sector agroexportador en una economía primarizada, con crecimiento y sin distribución.
El mundo cambió. El Estado y el derecho también.
Si los derechos laborales fueron una concesión del capital cohesionado para evitar el avance del comunismo -mantra remanido y repetido-, o consecuencia de la sangre derramada de los muertos en la semana trágica, la patagonia rebelde y los miles de anónimos que dieron la vida por más conquistas, es una incerteza como una variante inocua.
Lo cierto es que el derecho social en general, y el derecho colectivo del trabajo en particular, atravesó tres etapas:
- Prohibición con penalización, donde cualquier acción gremial pasaba por el tamiz punitivo del Estado;
- Tolerancia, donde el ejercicio de acciones sindicales (ej: la huelga) eran un ilícito contractual, es decir, un incumplimiento del trabajador en el marco de su acuerdo con el empleador, y;
- Legalización/constitucionalización donde esas conductas .otrora prohibidas- devinieron en derechos receptados por la ley y las nuevas constituciones al amparo del Estado social de derecho.
Hoy asistimos al retorno a una nueva etapa de criminalización de las asociaciones sindicales y toda acción gremial.
Volviendo a ese siglo XIX donde la derecha pretende retornar, ya la encíclica papal rerum novarum dictada ´por León XIII en 1891 irrumpió abordando el peligro de la explotación y la mercantilización de las personas sin posibilidad de organizarse, luego advino la finalización de la primera guerra mundial, un mundo empobrecido, la creación de la OIT y la imposibilidad de seguir produciendo con laburantes enfermos o perdiendo la vida por las condiciones vejaminosas de trabajo.
En nuestro país la prédica empresarial siempre fue reaccionaria y con un profundo odio de clase, desde Patron Costas que abominó la posibilidad de que un laburante le reclamara sus derechos mirándolo a los ojos y atreviéndose a ser un igual, la UIA afirmando en 1913 la quiebra de empresas ante la inminente reducción de la jornada de trabajo a 8 horas diarias, hasta la innecesariedad del descanso dominical de trabajadores por la vida magra de espíritu que los caracterizaba.
El lenguaje cambió, pero la reacción y el odio no.
Desde la asunción de Mauricio Macri a la presidencia se instaló la idea de repudio moral al descanso y al goce, así como un proceso de estigmatización, persecución y espionaje ilegal a las organizaciones sindicales. Los medios concentrados de comunicación nos hablaron de fenómenos de moda como las vacaciones mentales, el salario emocional, la jubilación a los 80 años y las venturas de comer tierra o vivir en 18 mts 2.
Para sellar la aceptación del ajuste y el horror fue y es necesario destruir a los sindicatos, sujetos de resistencia colectiva ante la pérdida de todos esos derechos conquistados en mas de un siglo.
Después el pedido del ministro de trabajo bonaerense de María Eugenia Vidal de la necesidad de una Gestapo sindical.
Hoy ese discurso está desembozado, forma parte de la narrativa pública del gobierno de la libertad avanza, cuyo camino hacia la demonización sindical (y el retorno a esa etapa de prohibición con penalización) fue pavimentado en esos años de macrismo.
¿Cómo se traduce en los cambios legislativos?
En la actualidad, en la Comisión de derecho del trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, diputados el oficialismo, el PRO y el radicalismo impulsan proyectos de ley que tienen por finalidad inconfesable el desfinanciamiento de las asociaciones sindicales imponiendo la voluntariedad de las cláusulas de solidaridad o requisitos excesivos para ser electo delegado gremial con el pretexto confesable de erradicar la “corrupción”, entre otros.
Erosionan, desde todos los ángulos, la existencia y fuerza de las organizaciones gremiales. Lo hacen desde la devaluación, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la negativa a homologar paritarias superiores al 1% mensual, la precarización laboral y los cambios normativos instalados por DNU o resoluciones ministeriales.
Lo intentaron con la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales, la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo y la restricción al extremo del derecho de huelga con el DNU 70/23 (hoy esperando resolución de la Corte Suprema ante la suspensión por parte de la justicia nacional del trabajo), y lo consolidaron en la Ley de Bases modificando el art 242 de la Ley de Contrato de Trabajo de Trabajo imponiendo como incumplimiento del trabajador que habilita el despido la participación en bloqueo y toma activa de establecimiento, a contrario del criterio legal y de la OIT.
Continuaron a través de decretos de necesidad y urgencia que se fundan en la delegación legislativa de esa ley de bases, que le permite al presidente modificar leyes ante la emergencia económica y laboral.
Una prueba es el DNU 340/25 que extiende hasta el ridículo las actividades que resultan ser servicios esenciales, y que deben prestar un servicio mínimo (lo establece en un 75%), vaciando de contenido el derecho constitucional a la huelga.
Si lograr pulverizar los tres pilares del derecho colectivo de trabajo, a saber, la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, tanto desde los cambios legislativos como por las vías de hecho (incluyendo la represión de la protesta social hasta la negativa a homologar paritarias), los mandantes del poder real que tienen como terminal política a la derecha, van a consolidar ese sueño húmedo de un mundo sin sindicatos.
De la organización gremial, social y política depende que ese sueño se frustre.
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Fotografía: Resumen latinoamericano