Por: Manlio Dinucci. 29/11/2021
Lejos de ser útil para la protección del medioambiente, la COP26 tiene como objetivo poner en funcionamiento las nuevas armas financieras de Occidente, que consisten en imponer a los países del Tercer Mundo grandes inversiones para evitar las emisiones de CO₂.
Están apareciendo nuevas armas para el ya imponente arsenal de políticas económicas y financieras de Occidente. Para entender su naturaleza y alcance es necesario partir del conocimiento de las que se han utilizado hasta ahora, como las sanciones –incluyendo la más importante de ellas que es el embargo– decretadas sobre todo por Estados Unidos y la Unión Europea contra países enteros así como para penalizar empresas y personas.
Resulta fundamental entender el criterio utilizado para decidir la imposición de esas sanciones. Estados Unidos y la Unión Europea sólo decretan, en decisiones inapelables, que un Estado, empresa o persona ha cometido lo que ellos consideran algún tipo de violación, imponen lo que ellos llaman «sanciones» o un embargo total y a partir de ese momento pretenden que terceros Estados respeten tales medidas, amenazándolos con aplicarles represalias si las ignoran.
En 1960, Estados Unidos decretó el embargo contra Cuba, país que se había liberado de la dominación estadounidense, lo cual constituía para Washington una violación de su propio «derecho» a utilizar Cuba como una posesión: el nuevo gobierno [cubano] nacionalizó las propiedades de los bancos y de las transnacionales estadounidenses que controlaban la economía cubana. Hoy en día, 61 años después, Estados Unidos mantiene su embargo contra Cuba mientras que las compañías estadounidenses exigen reembolsos ascendentes a miles de millones de dólares [1].
En 2011, preparando la guerra de Estados Unidos/OTAN contra Libia, los bancos estadounidenses y europeos secuestraron 150 000 millones de dólares de los fondos soberanos que el Estado libio había invertido fuera del país, y la mayor parte de todo ese dinero simplemente… desapareció. En ese gran saqueo de los fondos libios se destacó Goldman Sachs, el más poderoso de los bancos estadounidenses, que tuvo como vicepresidente a Mario Draghi, el actual primer ministro de Italia.
En 2017, al proclamar sus nuevas sanciones contra Venezuela, Estados Unidos “congeló” bienes venezolanos por valor de 7 000 millones de dólares y 31 toneladas de oro que el Estado venezolano tenía depositadas en el Banco de Inglaterra y en el Deutsch Bank (en Alemania) todavía están secuestradas en esos países.
Ese es telón de fondo de la nueva y colosal operación financiera que hoy están promoviendo Goldman Sachs, el Deutsch Bank y los demás grandes bancos de Estados Unidos y la Unión Europea. Implantando un mecanismo calcado del de las llamadas sanciones, esa operación ya no prevé la imposición de restricciones económicas o “congelación” de fondos sino limitar el financiamiento sólo a los gobiernos y entidades o personas “virtuosas” que acepten someterse al «Índice ESG», siglas que hacen referencia a 3 parámetros: Entorno, Sociedad y Gobernanza.
El objetivo oficial del «Índice ESG» sería establecer normas para evitar la inminente catástrofe climática que nos anuncian en la Conferencia de Glasgow, para defender los derechos humanos pisoteados por los regímenes totalitarios y para garantizar el buen gobierno, claro según el modelo predeterminado por las grandes democracias occidentales. El Departamento de Estado de Estados Unidos, el Foro Económico Mundial, la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial son los principales autores de esas normas, junto con algunas agencias de la ONU limitadas a un papel subalterno.
Por supuesto, la mayor garantía en materia de derechos humanos es la que representa el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo embargo contra Irak –aprobado por la ONU– se tradujo, de 1990 a 2003, en 1 millón y medio de muertos, entre ellos medio millón de niños.
La operación financiera actual se concentra en el cambio climático. La Conferencia de la ONU en Glasgow (COP26) anunció el 3 de noviembre que «La Finanza se hace verde y resiliente». Así nace la Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Desde abril de este año, 450 bancos y transnacionales de 45 países se han sumado a ella y se comprometen a «invertir en los 3 próximos decenios más 130 mil millardos [2] de dólares de capital privado para transformar la economía hasta cero emisiones [de CO₂] en 2050». Los capitales se recogen mediante la emisión de «bonos verdes» (Green Bond) y de inversiones provenientes de fondos comunes y de fondos de pensiones, en gran parte con dinero de pequeños ahorristas que correrán así el peligro de verse atrapados en una enésima burbuja especulativa.
Ya no será un banco o una transnacional quien se compromete a alcanzar el objetivo de cero emisiones de CO₂ de aquí al año 2050 y a ayudar a los «países pobres», donde más de 2 000 millones de personas todavía usan la leña como único o principal combustible [3].
Entre los comprometidos en el asunto de las cero emisiones está incluso la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell, que provocó un desastre medioambiental en el delta del Níger y se niega a recuperar las tierras contaminadas. Así que mientras se trata de eliminar totalmente las emisiones de CO₂, los habitantes de esa región de África seguirán muriendo a causa del agua contaminada con los hidrocarburos de Shell. Manlio Dinucci
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Fotografía: Voltairenet
