Por: Vanina Lombardi. CONTRAHEGEMONIAWEB. 28/08/2020
A 25 años de la sanción de Ley de Educación Superior, que transformó el espíritu de las universidades públicas, y en medio de un proceso de reclamos salariales del sector académico y científico, docentes e investigadores de distintas provincias se encontraron en la virtualidad para analizar el rol de la educación y la investigación pública en la pandemia, su vínculo con la privatización del conocimiento y el extractivismo.
Agencia TSS – Durante la década del 90, se produjeron cambios en la región y en el país que habilitaron el desarrollo de políticas y lineamientos que transformaron modos de producción, estilos de vida, ambientes y geografías, como las producidas por la megaminería y el ingreso de los cultivos transgénicos. Junto con esos cambios, en 1995 se aprobó la Ley de Educación Superior (LES) 24.521, una medida que fue ampliamente resistida por docentes y estudiantes en todo el país, que modificó el vínculo y permitió el avance de las empresas privadas sobre la academia y el sistema científico-tecnológico. “Podríamos pensar a ese proceso como un neoliberalismo pedagógico, que instaló la presencia del mercado dentro de las universidades, así como mecanismos de control evaluativo exacerbados, organizados en forma independiente de la lógica de producción del conocimiento”, dijo Carolina Mamblona, docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNL) y parte del Colegio de Trabajadoras Sociales de la Provincia de Buenos Aires, durante un coversatorio organizado por el espacio de docentes universitarios y pre-universitarios Rompiendo Cadenas.
La LES proponía diversificar instituciones educativas promoviendo el desarrollo de universidades privadas, así como la conformación de espacios privados dentro de las universidades públicas. Se basaba en la búsqueda de financiamientos alternativos al público y mixtos, vía aranceles, venta de servicios y otras las formas de privatización que se adoptarían en los posgrados.
“Quienes luchábamos en contra planteábamos que había una fuerte injerencia de los organismos internacionales de crédito para reconvertir la universidad y hacerla más funcional a los intereses del mercado”, recuerda Jorgelina Matusevicius, docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Parte de esa injerencia que los organismos internacionales de crédito pretenden sobre la enseñanza superior tiene que ver con disputar el conocimiento que se produce en la universidad, una disputa que para nosotros está vinculada con el sentido y la función social que tiene la universidad, y rechazamos una universidad que produce en función de las necesidades del mercado”, agregó Matusevicius.
En las universidades públicas se desarrollaron respiradores artificiales de bajo costo, laboratorios de diagnóstico se sumaron a la red nacional, se fabricaron protectores faciales con impresión 3D, alcohol en gel, barbijos antibacterianos y tests de diágnóstico para COVID-19, entre otras iniciativas.
Al respecto, la investigadora del Conicet Cecilia Rikap, docente de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), recordó que la cultura académica ligada a la innovación y el progreso se originó durante el siglo pasado en los Estados Unidos y se introdujo en estas latitudes como una “copia acrítica” de lo que ocurría en los países centrales, basada en varios reduccionismos. Uno de ellos se refiere a la idea de que la ciencia sirve para innovar y que la innovación es esencial para el crecimiento económico, que luego se derramaría a la sociedad, tal como sostiene el denominado modelo lineal de la innovación. Otro caso es la reducción de la estructura productiva a empresas privadas.
“Eso se instaló de tal manera que cuando uno le pregunta a un investigador para qué investiga, en el caso de salud, por ejemplo, la respuesta es para curar una determinada patología. Es decir, que hay una búsqueda concreta de mejorar las condiciones de vida de la población. Pero, cuando se les pregunta cómo eso se puede llegar a alcanzar eso, la responsabilidad del investigador termina en el resultado exitoso y después se espera que una empresa lo produzca”, explicó Rikap, que es especialista en Economía de la Ciencia, Tecnología e Innovación, y mencionó una tercera reducción, referida a la asfixia presupuestaria, que ha llevado a las universidades a presuponer que cualquier financiamiento privado es positivo.
“Como consecuencia de estos reduccionismos, hay una ausencia de un análisis más general de las transformaciones del capitalismo y por qué estas políticas fracasan sistemáticamente, entre otras cosas, debido a que ese nexo entre ciencia, innovación y crecimiento económico se rompió, sobre todo en los últimos 30 años, a medida que se expandieron los monopolios intelectuales a nivel global”, destacó. A ese quiebre lo denomina “extractivismo del conocimiento”, mediante el cual la producción de conocimiento de universidades y organismos públicos en países periféricos o semiperiféricos termina siendo monetizada por empresas de países centrales, mientras que las grandes editoriales científicas terminan definiendo qué es ciencia, qué se puede publicar y qué no, y a qué tipo de conocimiento pueden acceder los países con menos recursos, según cuánto puedan pagar por esas publicaciones.
El concepto de “extractivismo del conocimiento” se aplica a la producción de conocimiento de universidades y organismos públicos en países periféricos o semiperiféricos, que termina siendo monetizada por empresas de países centrales.
“No es casual que, al mismo tiempo que en la Argentina se llevaba a cabo la reforma educativa, también se tomaban decisiones sobre los modelos de desarrollo, con marcos regulatorios para la consolidación del extractivismo en todas sus facetas”, agregó la investigadora Carla Poth, docente del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). “Lo que en los 90 empezó siendo disparado por la LES, fomentado por el desfinanciamiento educativo y de la investigación que empujó a las universidades a la necesidad de asociarse en esta lógica, se consolidó 10 años después como política estatal de ciencia y tecnología”.
Academia frente a la pandemia
Ni bien comenzó la pandemia y a pesar del desfinanciamiento que venía golpeando al sector desde la gestión del gobierno anterior, desde los distintos organismos de ciencia y tecnología no tardaron en surgir grupos de investigación que se han puesto a disposición para tratar de hacer sus aportes. En las universidades públicas se desarrollaron respiradores artificiales de bajo costo, laboratorios de diagnóstico se sumaron a la red nacional, se fabricaron protectores faciales con impresión 3D, alcohol en gel, barbijos antibacterianos y tests de diágnóstico para COVID-19, entre otras iniciativas. De manera similar, desde las Ciencias Sociales se sumaron grupos de larga trayectoria de trabajo en los territorios, que pusieron de manifiesto las necesidades particulares de las comunidades originarias en este contexto y los problemas que la desigualdad acentúa en los barrios populares de las grandes ciudades.
“Me parece importantísimo el reconocimiento, nunca habíamos tenido un lugar tan central y ahora hay mucha más gente que sabe quiénes somos, porque existimos”, le dijo Rikap a TSS, pero advirtió que ese reconocimiento no se tradujo en los salarios, que comenzaron a deteriorarse en 2014 y que, si bien al inicio de esta gestión se inició una recomposición, alcanzó a los becarios pero no a los investigadores de carrera.
“Tenemos que darle un lugar central a la producción y trasmisión de conocimiento en el aula, al trabajo con las comunidades y a la resolución de problemas urgentes”, dijo Rikap.
“Celebro que haya habido financiamiento específico para distintos problemas vinculados con la pandemia y la cuarentena, pero la Argentina arrastra un montón de problemas estructurales. Deberían realizarse en el marco de un plan integral para la ciencia y una política de transformación estructural del sector”, sostuvo Rikap, y agregó que, para ello, es necesario poner en discusión qué significa el desarrollo y salir de la idea de que todo descubrimiento científico es bueno e inocuo y que influye en el crecimiento económico. “Es necesario hacer análisis integrales que permitirían ver que, aunque la Argentina hiciera innovaciones en minería y fracking, sin considerar las consecuencias nocivas sobre el ambiente y la salud que deberían ser contempladas, esas son cadenas de valor que ya están dominadas por grandes empresas. Entonces, no solo vamos a terminar con mayor extractivismo de recursos naturales, sino también de conocimientos”, ejemplificó.
“En este contexto de pandemia, al sistema de ciencia y tecnología se le está imponiendo el rol de parche, de tratar de investigar cómo curar esta pandemia o desarrollar una vacuna, sin problematizar su origen primario. No se nos está permitiendo preguntarnos cómo consolidar otras dinámicas de producción de conocimientos que permitan pensar modelos de desarrollo alternativos”, coincidió Poth, y agregó que es justamente el modelo extractivista el que posibilitó el surgimiento de esta pandemia y de otras que puedan producirse a futuro. “Nuestro desafío, en este contexto, es empezar a pensar un mundo en el que no permitamos otras pandemias, que nuestro rol como científicos sea generar dinámicas productivas y asociarnos a alternativas que se están generando desde los movimientos sociales y políticos anti extractivistas”, dijo Poth.
“Hay que considerar cómo se eligen las prioridades de investigación, para quiénes y cómo se hace ciencia, y salir de los falsos debates: sí queremos energía, pero renovable; sí queremos producción de alimentos, pero sin agrotóxicos ni dependiendo de la semillas transgénicas; sí queremos ciencia para el desarrollo”, dijo Rikap, y finalizó: “Tenemos que darle un lugar central a la producción y trasmisión de conocimiento en el aula, al trabajo con las comunidades y a la resolución de problemas urgentes. Esto no solo implica hacer los descubrimientos, sino también poner en discusión cuáles son los mecanismos de distribución y las relaciones de producción que van a resultar de ellos”.
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Fotografía: CONTRAHEGEMONIAWEB.
