Por: Mabel Severich Larrea/Javier Tolcachier. Alai. 11/01/2018
No es posible hablar con propiedad de las urgencias de la Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR, sin antes hacer un breve recorrido por su historia. UNASUR está a poco de cumplir once años de su creación.
La institución, ya desde sus inicios y a través de una fuerte convicción y decisión política, aspiró a configurarse como un organismo que permite “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados”. Así versa el Tratado Constitutivo del organismo que entró en vigor el 11 de marzo de 2011.
Al culminar 2017, ¿cuál es el balance que se hace de estas premisas? ¿Se cumplieron o no sus objetivos? ¿Se trabajó en pos de la integración? ¿Cuáles son los resultados? Como todo en esta vida, las respuestas serán según el lado desde donde se mire (derecha o izquierda, arriba o abajo, gobiernos progresistas o gobiernos neoliberales).
De hecho, desde la mirada de arriba[1] se pinta un organismo estéril, en el cual pareciera que no vale la pena seguir participando (acaso estos mismos intereses provocaron la parálisis ejecutiva de la cual se trata de salir y no se lo permiten). Desde las izquierdas, ven un organismo que logró cohesiones y propuestas, que mostró en varios momentos un Sur unido.
Ahora bien, bajo esas dos visiones contrapuestas, ¿a quiénes creer o cuál visión seguir? Difícil decisión, salvo que se presenten los hechos – en general poco conocidos por la opinión pública – con la mayor neutralidad posible. Así, en los últimos 4 años:
a) UNASUR vivió su etapa de institucionalización, haciendo funcionar su órgano de gestión – la Secretaria General de UNASUR – que a partir de 2014 se fue nutriendo gracias al gobierno ecuatoriano no sólo de la infraestructura necesaria para operar un órgano de integración regional, sino que organizativamente logró conformar un equipo de profesionales (representativo de los países miembros) que funcionó durante dos años y medio encabezado por su Secretario General, el ex presidente colombiano Ernesto Samper Pizano.
b) Fue la etapa de consolidación de muchos de los Consejos Sectoriales ministeriales, que en años anteriores estuvieron elaborando sus Estatutos y Planes de Acción, lo que a su vez permitió concretar algunos de los siguientes temas:
· Se establecieron nuevos Grupos de Trabajo, como el de Ciudadanía Suramericana, en el que se avanzó en propuestas para lograr una integración regional tangible para el ciudadano de a pie, con el objetivo de que cualquier suramericano pueda optar, por ejemplo, por la visa de residente para trabajar, pueda ejercer su derecho a homologar sus títulos y a tener protección consular, además del derecho de los emigrantes a tener una protección efectiva, entre otros.
· Por primera vez en su historia, se logró consolidar una posición común como bloque suramericano respecto al Problema Mundial de las Drogas, el documento “Visión Común del CSPMD de UNASUR – UNGASS 2016”, plantea un enfoque en el abordaje de la problemática mundial de las drogas con una visión basada en los derechos humanos, propuesta que fue presentada en la Conferencia de NNUU – UNGAS 2016
· Se creó el Banco de Precios de Medicamentos Suramericano (BPMU), que es una herramienta que permite a los países de UNASUR compartir información referente a la compra de medicamentos que cada nación efectúa, cuánto paga, en qué cantidad, a quién le compra. Esta herramienta no solo se concibe como un espacio de intercambio de información, sino que pretende ser la base sobre la cual los países suramericanos pueden elaborar estrategias regionales de compras conjuntas de medicamentos. Esto constituye un salto cualitativo en lo que respecta al acceso universal a estos productos.
· Entró en vigencia el Manual de Manejo y Gestión de Riesgos Naturales de UNASUR, el cual permite que los responsables del manejo de desastres naturales en los países de UNASUR puedan operar solidaria y coordinadamente para enfrentar situaciones catastróficas.
· A solicitud del gobierno de Venezuela, la Secretaría General inició un proceso de diálogo, tendiente a reconciliar las fuerzas políticas venezolanas, trabajó para establecer una Comisión de la Verdad y la Justicia para examinar las responsabilidades derivadas de hechos de violencia callejera. Con el fin de construir espacios para el diálogo, el gobierno de Venezuela, por sugerencia de UNASUR, invitó a los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, como mediadores.
· Se estableció una estrategia de transversalización para que los derechos humanos fueran incluidos, junto al tema de medioambiente y el de igualdad de género, en todos los consejos sectoriales de la Unión, esto con la ayuda de distintos organismos internacionales, entre ellos el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de MERCOSUR y el programa ONU-MUJERES.
· Se concretó una Agenda Prioritaria de Proyectos de Infraestructura Regional a través del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación (COSIPLAN). Que al momento contempla 11 proyectos que fueron aprobados en la última reunión del Consejo realizada en Montevideo, Uruguay bajo la presidencia Pro Témpore de Argentina.
Estos son, entre otros varios, los logros que se apuntó el organismo hasta la fecha. Sin embargo, el balance no es del todo positivo, pues desde hace 11 meses, su Secretaría General carece de una figura ejecutiva. Habiéndose realizado un par de reuniones de cancilleres en ese lapso, aún no se logra llegar a un consenso para sustituir al ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, quien culminó sus funciones el 31 de enero de 2017.
El argumento de unos es que habría un ensañamiento de Venezuela contra Argentina para vetar a su candidato. El argumento de los otros es que el candidato no cumple con los requisitos que el organismo estableció para esa posición.
Nuevamente los hechos. Desde la conformación del organismo, la Secretaría General fue encabezada por personalidades que pudieran tener recorrido y jerarquía para lograr una buena interlocución con su instancia mayor, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado; en buen romance, con los presidentes y presidentas de los 12 países de la Unión. Para ello, en los once años que tiene el organismo, pasaron por ahí ex presidentes y ex cancilleres. En orden correlativo, Néstor Kirchner (ex presidente de Argentina), María Emma Mejía (ex canciller de Colombia), Alí Rodríguez Araque (ex canciller de Venezuela) y en último término, Ernesto Samper Pizano (ex presidente de Colombia). Todos con la jerarquía y experiencia para ser interlocutor de un presidente o un canciller.
El candidato propuesto por Argentina, José Octavio Bordón,[2] no cumple con ese perfil, ya que no es lo mismo ser embajador y desenvolverse en un ámbito bilateral que ser canciller y conocer el panorama multilateral y la política exterior desde un enfoque más global. Incluso si se analizan sólo los niveles de la diplomacia, es sabido que los embajadores bilaterales tienen como interlocutores, como sus pares, a los vicecancilleres, o a subsecretarios de Relaciones Exteriores (según sea el país). Por tanto la interlocución de un perfil de embajador en la Secretaria General, tomando en cuenta las paridades de rango, llegaría sólo al Consejo de Delegados, que está conformado precisamente por los vicecancilleres.
Esto daría como resultado una Secretaria General con una posibilidad de gestión muy similar a la actual, pero incorporando un funcionario con un buen sueldo, viviendo en una ciudad hermosa y tranquila como Quito, pero que no aportaría al dinamismo que el organismo y la coyuntura política regional exigen en estos momentos.
Lo cual permite entender, desde una mirada institucional, que el requerimiento no tiene que ver con la nacionalidad del candidato. El rango requerido es el de un ex presidente o ex canciller, si no, no reúne las condiciones necesarias.
Más allá de esto, es innegable que existen factores de tensión política que subyacen a la problemática actual de UNASUR. Fundamentalmente la intención de los EEUU de socavar el aumento de autonomía y protagonismo de las naciones de América Latina y el Caribe, generado por el fortalecimiento de las instituciones de integración.
En ese sentido, aquellos gobiernos alineados a Washington posiblemente tengan presiones (y reciban propuestas o directivas) para no permitir el avance vigoroso de UNASUR, o la CELAC, ámbitos que han desafiado la hegemonía de la Organización de Estados Americanos (OEA) – cuyos hilos se manejan en la capital estadounidense – en el relacionamiento continental.
Todo bloqueo de la dinámica de UNASUR, incluso la posibilidad de que algún país miembro amenace con abandonar la unión, intentando así atraer a otros de similar signo político, conspira contra la posibilidad de avance de planes comunes, concretos y positivos para los habitantes de la región.
Por lo expuesto, y retomando la preocupación inicial, lo urgente es: Reconocer que UNASUR tiene una institucionalidad sólida, como lo demuestran los avances que se dan, con mayor o menor velocidad, en los Consejos Sectoriales. Apoyar francamente el trabajo que los Consejos Sectoriales vienen desarrollando. Encontrar un candidato – mejor aún si es una candidata – que tenga el perfil adecuado al cargo, para que el organismo consolide su trabajo, no sólo para la tranquilidad política de algunos países miembros, sino para el bien común del ciudadano suramericano.
Lo urgente entonces es que se permita vislumbrar la simpleza de las necesidades del organismo. Claro que para ello se debe dejar de inventar argumentos, exagerar situaciones y crear fantasmas.
Quienes realmente creen en la necesidad de una integración regional útil para los ciudadanos y no solo para los intereses de algunos gobiernos… lo comprenderán.
– Mabel Severich Larrea, ciudadana suramericana, es comunicadora social y ex funcionaria de la Secretaria General de UNASUR
– Javier Tolcachier es investigador del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba, Argentina y periodista en agencia internacional de noticias Pressenza
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Fotografía: ALAI
