Ante un inminente juicio político, Mario Abdo Benítez debió anular un acuerdo energético con Brasil. El acuerdo, que ponía en riesgo la soberanía energética paraguaya, indignó a la opinión pública y llevó al presidente al borde del abismo. Jair Bolsonaro y Donald Trump salvaron al líder de la derecha paraguaya. La indignación, sin embargo, sigue en pie.

Mario Abdo Benítez asumió la Presidencia de Paraguay el 15 de agosto de 2018, después de haber triunfado en las elecciones de abril de ese mismo año. Abdo Benítez, de la línea tradicionalista del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), posee vínculos políticos y familiares con la dictadura de Alfredo Stroessnerque, de la mano de las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado, se extendió durante 35 años. Después de 1989, caída la dictadura, el «coloradismo» siguió en el poder y mantuvo su arraigo en diferentes estratos de la sociedad.

En 2018 la ANR ganó las elecciones por el margen más pequeño en su historia (3,7%). Días antes, varias encuestas daban al oficialismo una ventaja de 31%, con la clara intención de influir en el electorado para favorecer al actual presidente. Finalizadas las elecciones, empezaron a conocerse denuncias sobre falseo de datos en el sistema de conteo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La oposición y gran parte de la ciudadanía desarrollaron claras protestas ante la posibilidad concreta de un fraude electoral, algo que no tuvo mayor consecuencia sobre la proclama de las autoridades electorales. Sin embargo, estos hechos restaron legitimidad de origen al gobierno que se iniciaba.

En este contexto, para Abdo Benítez era imprescindible tener aliados que le garantizaran una buena cobertura política. Para ello, trabajó en tres direcciones. Primero, el apoyo internacional de Estados Unidos y sus países alineados. En este sentido, Paraguay forma parte del Grupo de Lima y se encargó de ser una caja de resonancia en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, fue el primer país en romper relaciones diplomáticas con Venezuela, en un intento de agradar al gobierno de Estados Unidos, y se dedicó a fortalecer sus lazos con el Brasil de Jaír Bolsonaro. En segundo lugar, Abdo Benítez intentó ganarse el apoyo de la clase oligarca y empresarial local, dependiente de las transnacionales. De hecho, el presidente solicitaba la aprobación de estos sectores para nombrar a algunos miembros de su gabinete, mientras se comprometía a no tomar medidas económicas que pudieran perjudicarlos. En tercer término, Abdo Benítez apelaba a resolver la crisis interna dentro de su partido. Esta crisis se derivaba de la oposición interna liderada por su antecesor y principal rival político, Horacio Cartes (miembro del Movimiento Honor Colorado). En este punto es donde Abdo ha tenido mayores dificultades. Recién a inicios del mes de junio de 2019, los hechos indicaban que habría algún acercamiento entre el actual mandatario y el ex-presidente alrededor de la distribución de cargos en el Congreso Nacional. Sin embargo, no se daban a conocer a fondo los términos del posible «entendimiento».

Con este último paso, parecía que el gobierno de Abdo Benítez tendría superada una fase de debilidad inicial. Algunos de sus hombres más cercanos afirmaban: «pasó la lluvia, la tormenta, ahora sale el sol y se traerá prosperidad al país». No sabían que la verdadera crisis estaba por llegar, y desde las entrañas del mismo gobierno.

Acta secreta y crisis política

El miércoles 24 de julio, a raíz de la denuncia y la renuncia del presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se hizo pública un acta bilateral entre Brasil y Paraguay firmada dos meses antes. El acuerdo limitaba la posibilidad de Paraguay de disponer de bloques de energías para comercializar con industrias o grupos empresariales y obligaba al país a pagar unos 300 millones de dólares más por año por contratar energía. Todo se hizo en secreto, con los altos funcionarios políticos del gobierno de Abdo Benítez. De las negociaciones fueron excluidos los técnicos de la ANDE, pero no los de Eletrobras de Brasil.

El de la energía eléctrica –y particularmente el de la Hidroeléctrica de Itaipú– es un tema sensible para Paraguay. Con el pasar de los años se ha ido madurando una idea de soberanía energética, históricamente despojada por el Brasil. El robo, el sometimiento y las complicidades alrededor de la construcción de la hidroeléctrica en 1973 (cuando el país se encontraba en dictadura) fueron evidentes. Con el paso del tiempo, el deseo de recuperar lo perdido durante décadas se ha instalado en el imaginario de la sociedad.

En medio de un cúmulo de informaciones y rumores, y ante el inminente riesgo de aumento de la tarifa eléctrica para la población, el accionar del gobierno fue tildado como «traición a la patria». La primera respuesta del gobierno de Abdo Benítez fue a favor de los intereses de Brasil y en defensa del acta firmada, lo que aumentó la crispación política y las movilizaciones ciudadanas. Esto provocó, en primera instancia, la remoción de altos funcionarios del Poder Ejecutivo (canciller nacional, embajador ante Brasil).

La reacción en el ámbito político partidario se tornó hacia un posible juicio político al presidente y al vicepresidente de la República. La manifestación pública del Movimiento Honor Colorado, la principal fuerza de oposición interna en el partido de gobierno, fue crucial para asegurar que se contaban con votos suficientes en el Congreso Nacional para un juicio a ambos. A partir de ese momento hubo un silencio absoluto desde la Casa de Gobierno y las negociaciones se extendieron durante toda la noche y la madrugada.

Al día siguiente, el jueves 1º de agosto, Mario Abdo Benítez dispuso la cancelación del acta firmada, con el acuerdo por parte de Jair Bolsonaro. A esto se sumó la «profunda preocupación» expresada desde la Embajada de Estados Unidos por la situación política del país. Solicitaban tomar «decisiones con calma y en forma participativa», respetando los procesos democráticos. En un acto público transmitido por la mayoría de los medios de comunicación, Abdo Benítez pidió disculpas y dijo que su error no fue de «mala fe». En medio de la contienda política fue un acto de humillación para el primer mandatario, pero que lo libraría de ser sometido a un juicio ante el Parlamento.

Para el Movimiento Honor Colorado, las declaraciones de Abdo Benítez repararon el daño hecho al país. Ese fue el argumento para retirar los votos de sus miembros para un juicio político. Por lo tanto, ahora los votos para enjuiciarlo son insuficientes. El abroquelamiento partidario y el apoyo internacional bloquearon el juicio político al gobierno derechista y conservador de Abdo Benítez. La decisión fue celebrada por el embajador estadounidense en Paraguay, quien recordó: «somos aliados».

El ambiente político aún se encuentra tensionado. Parte de la oposición insiste con juicio político, aunque no alcance los votos necesarios. Las movilizaciones y la indignación ciudadana continúan en pie. Y es evidente el descrédito hacia la clase política y, en especial, hacia el Partido Colorado. Ahora se abre un nuevo escenario de recomposición de las fuerzas coloradas basado, temporalmente, en el salvataje de la figura presidencial.

La necesidad de la ANR de recuperar algún grado de legitimidad podría desembocar en una política hostil, de sometimiento y de represión contra los sectores populares. Se abre un nuevo escenario en el país, con muchas incertidumbres.

Por ahora, pareciera que una lección está quedando clara: el juicio político es una herramienta para remover a gobiernos no alineados con los intereses hegemónicos y no será utilizado contra gobiernos de derecha aliados al poder estadounidense en la región.

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Fotografía: Nuso