Por: Areli Villalobos. Proceso. 26/07/2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El paquete legislativo que dará vida al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México nació amañado.
En una sesión de más de 10 horas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y a un día de que terminara el plazo legal para la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, las comisiones de Transparencia y Gestión, de Administración Pública Local, de Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad Legislativa –presididas por el PRI, PAN y PRD– aprobaron su creación y reformas a 11 leyes locales.
De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción publicada el año pasado, las entidades federativas tenían un año para alinear sus sistemas locales lo más cercano a la legislación general. Pero el legislativo local, conformado en su mayoría por perredistas y panistas, votó modificaciones contrarias a la Constitución federal y de la Ciudad de México:
Eliminó atribuciones del Comité de Participación Ciudadana; dejó la elección del Fiscal Anticorrupción y del Secretario Técnico en manos del actual mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, y dos comisiones de la ALDF; violó artículos de la recién creada –y tan presumida por el mismo jefe de gobierno— Constitución de la CDMX; e hizo coincidir el tiempo de los 142 nombramientos para que, paradójicamente, la mayoría se determine en agosto, antes del último informe de Mancera Espinosa y del arranque de su campaña para buscar la candidatura presidencial de 2018.
“La actuación de la Asamblea se traduce en una resistencia a la llegada inminente de procesos de participación ciudadana mucho más consolidados en la ley. Sin embargo, es lamentable la manera en que se dio en la CDMX; nos habla de una resistencia aún mayor”, refirió en entrevista para Apro, la maestra en Administración y Políticas Pública y directora de la Red por la Rendición de Cuentas, Liliana Veloz.
Pero no todo está perdido. De acuerdo con la diputada del distrito electoral XXIX, Aleida Alavez Ruiz, los legisladores de Morena –que presentaron al menos 114 reservas en la creación de seis leyes y cinco reformas– llevarán el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde presentarán controversias constitucionales por cada una de las modificaciones aprobadas.
Designaciones clave, sujetas
En la sesión legislativa del pasado martes 18 de junio, se aprobó en el artículo 33 y 68 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que el Fiscal Anticorrupción y el Secretario Técnico (principales figuras encargadas de investigar y castigar los delitos de corrupción) serán designados de una terna propuesta por el jefe de gobierno y la aprobación de “la mayoría simple de los presentes” de la ALDF; solamente el del PRD y del PAN sumarían los votos necesarios.
Aún cuando organizaciones sociales e investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de Fundar Centro de Análisis e Investigación alertaron desde el pasado 27 de junio la importancia de mantener la autonomía de estas dos figuras, diputados perredistas y panistas aprobaron que el fiscal pueda permanecer en el cargo siete años, con la posibilidad de reelección por siete más, dando un total de 14 años.
“Es incluso más tiempo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un artículo que evidentemente viola la Constitución”, denunció la morenista Aleida Alavez en tribuna.
No es todo. También se dejó la puerta abierta al actual contralor general de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, para ocupar el cargo casi de manera automática al frente de la Secretaría de la Contraloría. El exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio es cercano al secretario de Desarrollo Social capitalino, José Ramón Amieva, otro incondicional de Mancera.
Al respecto, Lourdes Morales Canales, investigadora y docente del CIDE, explicó a Apro que estas decisiones se tomaron “a pesar de que ya estaban regulados los procedimientos en la Constitución capitalina”.
Dijo: “No se tomó en cuenta la forma de nombramiento asentado en la Constitución. La reelección inmediata es un periodo excesivo, sobre todo si no se cuentan con mecanismos preestablecidos de medición del desempeño, es decir, no sabemos con base en qué se va a considerar que una persona merece ser reelecto en un cargo tan importante”.
También en entrevista, Alavez Ruiz refirió que “es una ley a modo para proteger a Mancera cuando se vaya. En el caso del secretario, sólo faltó escribir directamente el nombre del secretario”.
Además, la Fiscalía estará supeditada a la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX): la misma que negó el acceso a las carpetas de investigación a los familiares de las víctimas del multihomicidio en la colonia Narvarte (2015), y mintió sobre el supuesto video de suicidio de la estudiante de la UNAM Lesvy Berlín Rivera Osorio. (Proceso 2122).
Esto se acordó en el artículo 8 del dictamen de Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción local.
Más irregularidades
Para la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa local, de la Fiscalía Anticorrupción, del Secretario Técnico, hasta de los cinco ciudadanos integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, los legisladores aprobaron la reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya que dos nuevas comisiones se encargarán de estas y la mayoría de las selecciones a órganos de control interno.
La Comisión de Transparencia a la Gestión –presidida por el panista Ernesto Sánchez Rodríguez– pasó a ser la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, mientras que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México –a cargo de Iván Texta Solís, del PRD– cambió a Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior.
Las dos académicas –consultadas por separado- coincidieron en que los tiempos aprobados para la designación de estos funcionarios “son muy cortos”. Además, ven con “malos ojos” que coincida con el mes del último informe de gobierno.
Por su parte, la diputada criticó que con esta reforma la decisión de nuevo recae en la dupla PRD-PAN.
“Nos preocupan los tiempos, quieren hacer 142 nombramientos en plazos entre en un máximo de 60 días. Son demasiados y no podremos saber si estas condiciones de transparencia y rendición de cuentas que se buscan se garanticen en tiempos tan limitados”, señaló Liliana Veloz.
En la sesión del martes 18, también se votó por la renovación de los consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF), aún y cuando ya había mecanismos claros en la Constitución local para su cambio.
“Había dos consejeros que por los tiempos ya terminaban su mandato, pero en la legislación aprobada se renovó su nombramiento. El fundamento que hay detrás de esto no es claro. No existe ningún criterio detrás de estos cambios y sí meten ruido en cuanto a la autonomía del propio órgano local”.
Finalmente, lo único que no se discutió y que ni siquiera se mencionó en la Sala fue el costo del Sistema Anticorrupción de la CDMX y, de acuerdo con la diputada Alavez Ruiz, no se contempló en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad para el 2017.
Sistema que se corrompe
Liliana Veloz Márquez y Lourdes Morales Canales del CIDE, denunciaron que a pesar de las afirmaciones del legislador Ernesto Sánchez, tampoco se tomó en cuenta la participación ciudadana.
“En el micrositio que creó la ALDF para informar del avance de las discusiones no se dieron a conocer los predictámenes con los artículos transitorios. Las comisiones dijeron que sí hubo un acompañamiento social solamente porque hicieron algún par de foros”, dijo Morales Canales.
Veloz Márquez explicó: “Se habló de que el CIDE ya había hecho recomendaciones. Esas tampoco fueron públicas porque fue una asesoría pagada y ni siquiera fue en el contexto del Sistema Anticorrupción, sino un análisis que se hizo de la consistencia que tenía que tener la Constitución de la CDMX con la legislación nacional en materia anticorrupción.
“En esa opinión se dijo que antes de aprobar el paquete legislativo del sistema, se esperarían a la publicación de la Constitución de la CDMX para que las leyes fueran congruentes con la Constitución, pero no se hizo. Preocupa porque una cosa es que digas que hubo participación y la otra que haya evidencia de esa participación”.
Morales Canales continúo: “La ALDF se ha caracterizado por no ser un modelo de transparencia. Por el contrario, siempre ha sido calificada como una de las más opacas y una de las más caras del país. Con ese estigma hubiera sido una buena oportunidad propiciar esas deliberaciones, que hubieran enriquecido a todos y sobre todo lograr unas buenas leyes, acordes con la vanguardia que se ha generado en la ciudad de México: no estuvieron a la altura”.
Y reiteró: “Son elementos que discrepan con lo que ya se había ganado con la Constitución de la CDMX, específicamente el capítulo que se refiere a combate a la corrupción. Contenían artículos de mayor vigilancia social, de mayor neutralidad, que tiende a garantizar mayores contrapesos. Lo que votó la ALDF modificó la lógica de contrapesos e impidió abrirse a la deliberación pública”, reiteró.
Finalmente, la diputada morenista soltó: “Con este sistema Miguel Ángel Mancera se estaría protegiendo de los negocios que hace el gobierno capitalino y que han crecido de manera desvergonzada. En general no creemos en el modelo, no pensamos que termine verdaderamente con la corrupción”.
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Fotografía: proceso
