Por: Tlachinollan. 04/03/2024
Guerrero está envuelto en una ola de violencia desbordada. Asesinatos, quema de vehículos, ataques al servicio de transporte público. En Acapulco y Chilpancingo, las ciudades más importantes, las bandas delictivas han impuestos su ley. El gobierno y las instituciones, pasmados y extraviados, han sucumbido ante el poder del hampa. Escuelas y transporte público han tenido que parar. Pese a las cuentas alegres del gobierno, las calles y comercios se muestran semivacíos. La capital del estado, Chilapa y Tlapa estuvieron sin servicio de transporte. En Iguala y la zona Norte, la situación no es nada alentadora. El propio presidente municipal de Taxco fue objeto de un atentado.
Los centros neurálgicos de la vida política y económica del estado en manos de la delincuencia. Las instituciones, gobiernos y fuerzas de seguridad parecen no existir. De qué sirven los miles de militares y elementos de la Guardia Nacional que llegaron a la entidad. De qué sirve la mesa para la construcción de la paz.
El Ejército y la Guardia Nacional se limitan a acordonar la escena del crimen y brindar seguridad perimetral a las autoridades ministeriales que realizan las diligencias de hechos delictivos. La gobernadora en sus actos públicos solo atina a expresar frases superficiales y panfletarias que no son seguidas de políticas y acciones concretas para revertir el problema. De seguir la misma estrategia por parte del gobierno, la violencia seguirá creciendo exponencialmente. De nada servirá el despliegue masivo de militares y guardia nacional. Las bandas del crimen organizado, con fuertes vínculos con la clase política, económica y empresarial, controlando vastos territorios e imponiendo sus reglas de convivencia, los problemas de impunidad, conflictividad social, pobreza y marginación seguirán debilitando las instituciones, el tejido social y el Estado de derecho, terreno fértil para el crecimiento y consolidación del crimen organizado. Por lo tanto, es urgente un diálogo incluyente, democrático y participativo, poniendo en el centro los siguientes temas:
1.- Desmontar los cacicazgos que todavía deciden los destinos de la entidad e investigar los vasos comunicantes que mantienen con el crimen organizado, a través del transporte público, el comercio y la clase política. De antaño el transporte público ha sido una organización corporativa al servicio de charros sindicales y del gobierno, que sirven como porros y esquiroles para reprimir las luchas y protestas sociales, y cuyos líderes han ido acumulando poder económico a través de decenas de concesiones que de manera ilegal y ventajosa el gobierno les da. Hoy mantienen vínculos con la delincuencia organizada. Coferes de las Urvan y taxistas son el conducto ideal a través del cual fluye el narcomenudeo, pero también son eficaces halcones y blanquean el dinero ilícito, y eso mismo acontece con el comercio. Es necesario que las autoridades se adentren a las entrañas de estos laberintos delincuenciales para desmantelarlos, creando un sistema de transporte estatal en las ciudades con mayor densidad poblacional para prescindir de estas mafias.
2.- La autoridad tiene que hacer presencia en zonas controladas por la delincuencia, haciendo operativos de búsqueda, ejecutando órdenes de aprehensión de homicidas y feminicidas, realizando patrullajes y filtros para acotar los espacios de los grupos ilegales. Existen zonas de la entidad donde los grupos delictivos tienen el control total. Allí, la presencia de la autoridad es nula, por ejemplo, en los municipios de Copanatoyac, Zapotitlán Tablas y Atlixtac los grupos delictivos son los amos y señores. En la población de Huixtlatzala, municipio de Zapotitlán, el Ministerio Público tiene que pedir permiso a los grupos delictivos del lugar para hacer los levantamientos de cuerpos. En Copanatoyac varios feminicidas, se pasean en la impunidad, porque las fuerzas del orden no pueden entrar a estos lugares para detenerlos. El feminicida de Kenia y Abelina de la comunidad de Tlatquetzalapa municipio de Copanatoyac, se pasea con toda impunidad desde hace dos años sin que las autoridades ejecuten la orden de aprehensión; decenas de mujeres y hombres han sido desaparecidas en estas zonas sin que se les busque porque son territorios del hampa en los que la autoridad no puede hacer presencia. Hace cuatro meses desaparecieron al profesor Uriel Espinobarros Sierra y para buscarlo la Fiscalía pidió permiso a los grupos delictivos que decidieron
dónde podía buscar.
3.- Las áreas de seguridad y tránsito de Ayuntamientos como Tixtla, Iguala, Chilpancingo, Quechultenango, Chilapa, Iguala, Taxco, Tlapa y otros donde existan indicios de infiltración del hampa deben ser intervenidos por las autoridades estatales y federales, es más, la seguridad ciudadana deberá quedar en manos de las fuerzas estatales o federales, no es posible seguir consintiendo que con armas, equipos y dinero del erario público los policías municipales sean «halcones» al servicio de la delincuencia organizada.
4.- Las subsecretarías como las de Asuntos Políticos y otras tienen que hacer presencia en distintos lugares para atender la conflictividad social, como la inconformidad por la falta de maestros, la construcción de escuelas, médicos, medicinas y centros de salud, la violencia contra la mujer, las uniones tempranas y venta de niñas en algunos lugares de la Montaña, la situación de los jornaleros agrícolas, los conflictos por la disputa de la tierra, los religiosos y comunitarios, entre otros.
5.- Los crímenes contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas se deben investigar a través de una Fiscalía Especial hasta ubicar y sancionar a los responsables, mandando un mensaje a los perpetradores de que estos hechos no se van a permitir.
6.- Se deberá crear una ruta para el retorno de los desplazados y por ahora brindarles asistencia humanitaria para que estén en condiciones dignas.
7.- Reactivar el campo guerrerense con políticas sociales concretas para reactivar la producción de maíz, mango, limón, aguacate, coco, jamaica, ajonjolí, café y otros productos.
8.- Conectar a las comunidades indígenas mediante la construcción de carreteras como las de Zitlaltepec-Igualapa, Acate-pec-Ayutla de los Libres, de Alcozauca a los municipios de Oaxaca y otros eies carreteros que rebasan los diez kilómetros v que no se cubren con las carreteras artesanales que comprenden pequeños tramos.
9.- Rehabilitar y construir nuevos centros de salud y hospitales en comunidades indígenas y campesinas, dotarlas de médicos y medicinas suficientes y mejorar la infraestructura escolar mediante la construcción de aulas y espacios escolares suficientes; crear un sistema de beca estatal y dotar de mobiliario y maestros suficientes.
La autoridad tiene que fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho, hacer presencia en zonas donde las comunidades yacen en el olvido, atender la conflictividad y los derechos sociales negados, revertir la impunidad y privilegiar la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, de lo contrario, poco servirá el despliegue militar.
Este gobierno se contradice. Defiende su política de no confrontar mediante la violencia al crimen organizado, pero militariza el país y deja en manos del Ejército la seguridad pública, pese a la evidencia de que esta política no ha dado resultados. soslayando atender los problemas anotados.
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Fotografía: Tlachinollan. La Lente de Guerrero
