Por: Jorge Salazar García. o4/10/2017
“…arriba, tienen el reloj. Ustedes y nosotros, aquí abajo, tenemos el tiempo.”[1]
A lo largo de 3 años (2011-2014) el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)[2] logró documentar la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos en México. Quedó demostrado fehacientemente que el Estado en sus tres niveles, al dejar de cumplir su deber de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos”[3] abdicó de su responsabilidad de garantizarlos para TODA la población. Dicha renuncia, probó el Tribunal, no fue accidental sino consecuencia de la privatización de los espacios y servicios públicos en beneficio del sector empresarial nacional y extranjero. La autoridad con su aquiescencia y complicidad en el accionar delictivo de los inversores y delegando irresponsablemente algunas de sus funciones esenciales en organismos privados sin escrúpulos, cuyo único interés es la ganancia, dejó en el desamparo institucional a los mexicanos que mantienen con sus impuestos un aparato ineficiente y rapiñero. Tal actitud oficial esta definida como DESVÍO DE PODER: los funcionarios realizan conscientemente pactos de impunidad con quienes agravian y despojan (minas, inmobiliarias, seguros, bancos, presas, gasoductos, etcétera) al ciudadano común, cometiendo el delito de prevaricación[4] y aunque esta figura sólo sea aplicada al ámbito judicial permite calificar al gobierno como una entidad delincuencial cuyo responsable principal es su representante máximo: el presidente de la república. Consecuentemente, el TPP en ese documento, responsabiliza a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto por la comisión de crímenes de lesa humanidad[5].
Por supuesto, los medios masivos del sistema callaron y ocultaron estos graves señalamiento del Tribunal, el cual, por cierto responsabiliza también al FMI, BM, FAO, OCDE, a las empresas trasnacionales y a los Estados Unidos, por ser los autores intelectuales de este modelo neoliberal generador de exclusión, dolor y sufrimiento para millones de mexicanos.
Ya no hay duda: el Estado fue secuestrado por una oligarquía rapas con el objetivo de beneficiar a pequeños grupos de aliados, quienes incluso NO PAGAN impuestos; lo han vaciado del sentido social que justificaba su recaudación. La existencia de las contribuciones ha quedado invalidada al trastocarse su fin esencial (el bien común) por el lucro y beneficio individuales.
Por eso es pertinente cuestionar: ¿Se debe seguir pagando impuestos cuando estos son objeto de rapiña? ¿Se debe contribuir con la manutención de un aparato estatal que no garantiza seguridad, salud, educación y empleo mínimos? ¿Se deben pagar impuestos para financiar a los empresarios y políticos parasitarios? ¿Por qué pagar impuestos destinados a las infraestructura (puentes, carreteras, etcétera) concesionada a grupúsculos avariciosos y corruptos que nos la vuelven a cobrar cuando hacemos uso de ella? El mínimo sentido común lleva a responder NEGATIVAMENTE todas las anteriores preguntas e induce a plantearse la siguiente: ¿Cómo rescatar el poder para los ciudadano?
Como dijera Bob Dylan[6], “La respuesta, amigo mío, está flotando (silbando) en el viento”. Pero podría empezarse organizándose boicots al pago de impuestos y exigiendo los paguen quienes los usufructúan. Para ello, el contribuyente cautivo tendría que renunciar al interés de grupo en aras de la unidad nacional. La coyuntura del 2018, podría servir de crisol para amalgamar todas las luchas de quienes SI pagan impuestos con el propósito de imponer la agenda de cambios a quien resultase electo nuevo presidente de la república y expulsar a los usurpadores del poder.
[1] Luis Hernández Navarro, escritor y periodista, fundador de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación.
[2] Fue fundado en Bologna (1979) como un instrumento de la Fundación Internacional Lelio Basso (1967) para investigar y denunciar violaciones a los Derechos Humanos y de los pueblos. http://www.fondazionebasso.it/2015/la-fundacion-2/historia-y-perfil/?lang=es
[3] Informe TPP: Audiencia Final. 15 de noviembre 2014.Ciudad de México. pág 102.
[4] Faltar conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia.
[5] Ataque generalizado o sistemático contra una población civil, tales como asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, desaparición forzada, violación, persecución, encarcelación, traslados forzosos y otros actos inhumanos.
[6] Estribillo de la canción Blowing in the wind de Bob Dylan, músico, cantante y poeta estadounidense. Premio nobel 2016.
Fotografía: eltoper
