Por: Ociel Alí López. 19/08/2021
Para una oposición que impone a Lima como el espacio privilegiado en contra del mundo rural, sacar a Castillo parece ser apenas un trámite protocolar. ¿O no?
El presidente de Perú, Pedro Castillo, asiste a un desfile militar. 30 de julio de 2021. Foto: Presidencia de Perú.
Comenzaron los cañonazos sobre el gobierno peruano apenas acaeció la ya obstaculizada investidura. Una verdadera tormenta de ataques feroces como respuesta al nombramiento del gabinete del presidente Pedro Castillo.
Ya la Fiscalía imputó, el 10 de agosto, al recién investido primer ministro Guido Bellido y a Vladimir Cerrón, líder del partido oficialista Perú Libre, por presunto lavado de dinero para financiar la campaña. Una acusación que se hace en tiempo récord y con claros vicios políticos.
La reacción sirve como forma de desvelar el grado de agresividad de la que dispondrá la oposición, ahora dirigida desde el fujimorismo, que va a movilizar todo su poder en el Legislativo, en los tribunales y en el establishment todo para desestabilizar y dar al traste con el nuevo gobierno.
No quieren jugar a la política sino al golpismo.
En la imputación del fiscal Richard Rojas también están incluidas otras 15 personas cercanas al mandatario, entre las que se cuenta a Waldemar Cerrón, portavoz del grupo parlamentario de Perú Libre en el Congreso.
Es decir, el fiscal, quiere hacer ‘tabula rasa’ contra la izquierda del Gobierno y presionar a Castillo para que ejerza sus funciones con la derecha, en una evidente posición de debilidad.
Aunque aun no está corroborado, se espera que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, se quede en el cargo en el que permanece desde 2007 y desde donde ha visto pasar más de siete presidentes.
En fin, el establishment peruano ha decidido arrinconar al presidente desde varios flancos, a días apenas de haber tomado juramento. Y para los medios ya no hay remedio: este gobierno, con apenas 10 días, ya es el “más corrupto de la historia”.
¿Qué consecuencias podría traer esta feroz reacción?
Un ‘matrimonio obligado’
La derecha de toda la región es bastante prepotente, y la peruana lo es mucho más. No han vivido procesos como el correísmo o el chavismo, por lo que todo el status quo (incluido el mediático) ha reaccionado con virulencia frente a los movimientos populares. Es lo que está ocurriendo ahora.
En el discurso de Fujimori, mientras cantaba fraude, las únicas “pruebas” que tenía era que Castillo era “de izquierda”, “chavista”, “estatista”, etc. Eran señalamientos que la candidata de derecha suponía suficientemente válidas como para que le dieran la presidencia a ella.
Así actúa el status quo peruano y especialmente el limeño. No olvidemos que la principal herramienta con la que han mantenido el poder ha sido con el llamado “terrruqueo”, la práctica con que las élites y la derecha tratan de calificar manifestaciones, protestas y actos que se rebelen contra el sistema política actual, con el objetivo de criminalizarlas.
Terruqueo hace referencia al apoyo al terrorismo.
Esto es lo que ensayan con el primer ministro de Castillo, Guido Bellido, quien ya ha sido acusado por la Fiscalía de enaltecer el terrorismo, no por haber participado en algún acto de esa naturaleza sino por un posteo en sus redes sociales.
El problema con el terruqueo es que ya está demasiado desgastado como herramienta de criminalización. La prueba de eso es que Castillo ganó a pesar de este tipo de ofensas, que incluyeron el señalamiento por un acto terrorista que mató a 18 personas en la región del Vraem, en víspera de la segunda vuelta.
Y sin embargo, Castillo, contra todo pronóstico, fue ganador de los comicios.
¿Golpe de Estado?
En Perú no hacen falta golpes de Estado porque el Congreso es extremadamente poderoso y hace caer gobiernos con apenas un soplido (y algunas negociaciones políticas). Es lo que ha estado pasando desde el 2018, con el desfile de presidentes que han sido desalojados del poder: Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino.
Si todos ellos, políticos del establishment, fueron arrojados de la silla presidencial sin la necesidad de grandes manifestaciones ni de golpes de Estado militares, entonces por qué Castillo podría permanecer en el gobierno siquiera un trimestre, si no es más que un humilde maestro campesino de los sectores más excluidos, que ganó con un partido “terruqueado”, y que tiene en contra a la mayoría del Congreso, dirigido por el fujimorismo.
Esa es la lógica que desarrolla el establishment, totalmente cooptado por el fujimorismo y que ahora tiene el Congreso. Este sector conoce de sobra las ‘mañas’ para terruquear, desestabilizar y dar estocadas finales, como el autogolpe de Alberto Fujimori de 1992.
Entonces, para el establishment, prepotente, altivo y abiertamente racista, que impone a Lima como el espacio privilegiado en contra del mundo rural peruano, sacar a Castillo parece ser apenas un trámite protocolar.
Por eso no le permiten una ‘luna de miel’ como la que se le confiere a cualquier primer mandatario en el mundo después de la asunción de su gobierno, ese período sin hostilidades que otorga la oposición para que se sepa que es democrática y puede dar espacio para gobernar sin zancadillas. Al menos algunas semanas.
A la oposición dirigida por Keiko Fujimori ya no le importa el qué dirán y va a por todas, confiada en que el presidente, al que no reconoce del todo, va a caer apenas se mueva un poco el tablero.
Es posible que lo logre, pero también que con ello termine de desestabilizar a Perú.
Hay una diferencia fundamental con el resto de presidentes tumbados con tanta facilidad: el flamante presidente Castillo tiene dolientes.
Los dolientes del profe
Castillo ha logrado que organizaciones sociales del mundo rural como las rondas campesinas, los magisterios, los sindicatos y los equipos deportivos, se vuelquen a la política y participen en ella. Ellos son los principales dolientes porque entienden el conflicto con la burguesía de Lima y sus medios.
También, durante la campaña electoral, el antifujimorismo se movilizó de manera sorpresiva e importante en Lima, y podría mostrar su músculo para confrontar los intentos de Keiko de dar un golpe por cualquier vía.
Estos movimientos y organizaciones populares no tienen el poder para enfrentar, por ejemplo, un golpe militar como el de 1992. Tampoco pueden hacerle cara a la acción represiva policial de manera consistente.
Pero estos sectores sí tienen el poder, si así se lo proponen, de lanzarse a las calles a defender el gobierno. O también, hipotéticamente, de cercar con grandes movilizaciones un gobierno elegido desde las élites e impuesto por el Congreso.
Estos sectores populares tienen la capacidad orgánica de desvelar, de manera indefinida, el conflicto social que se ha abierto en el resto del continente y que Perú ha sabido esquivar.
Del mismo modo, tienen el potencial de convertir a Perú en un territorio ingobernable, porque toda la riqueza y la economía de ese país se mueve en las regiones, donde están los dolientes de Castillo.
Es decir, la tozudez de la derecha, expresada en su incapacidad de establecer una ‘luna de miel’ y si deseo de tumbar de manera exprés a Castillo, puede terminar ‘chilenizando’ o ‘colombianizando al Perú’, en relación a las enormes movilizaciones que han puesto en jaque de manera radical a esos sistemas de gobierno, con el costo de derruir los pactos sociales y debilitar la legitimidad de todas las instituciones.
Perú se encuentra en una encrucijada. O la derecha permite la gobernabilidad o en cualquier instante se produce el “estallido” al estilo peruano. Veremos qué rumbo escogerán.
Ociel Alí López es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.
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Fotografía: Argentina indymedia
