Por: J. Jesús Esquivel. Rompeviento. 26/10/2017
Washington – El caso de la transferencia de fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, por parte de una empresa filial de Odebrecht, ilustra lo que será capaz de hacer el PRI en 2018 para quedarse con el control de Los Pinos.
Gracias a la investigación periodística del colega Raúl Olmos, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, nos enteramos de que Carlos Fadigas, ex director de la petroquímica brasileña Braskem, sucursal de Odebrecht, hizo tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la campaña del líder del Grupo Atlacomulco por medio de la empresa Latin America Asia Capital, en Islas Vírgenes, vinculada a Emilio Lozoya Austin, el ex director de Pemex.
El caso no es pecata minuta y debe ser investigado a fondo por las autoridades, lo que con el súbito despido de Santiago Nieto Castillo como fiscal de delitos electorales de la PGR, es casi un imposible. Lo ocurrido en 2012 es un patrón elocuente de los delitos electorales cometidos por el PRI y a los que podría nuevamente acudir para imponer a su candidato en las elecciones presidenciales de julio de 2018.
Cierto es que todas las acusaciones emergen de testigos protegidos en la maraña de corruptelas de Odebrecht por todo el hemisferio y que deben ser tomadas con un grano de sal. Sin embargo, las elecciones recientes en el Estado de México son ejemplo vivo de la voracidad de Peña Nieto y del PRI para hacer lo que sea necesario, ilegal o lícito, con tal de imponer su voluntad.
Es entendible que el despido de Nieto Castillo fue un acto deliberado para enterrar por lo menos en lo que resta del sexenio las investigaciones sobre la posible cadena de corrupción electoral de 2012 que presuntamente arrastra a Pemex y a Lozoya Austin.
Lo hipócrita del caso es que ahora las bancadas del PAN, PRD y Morena en el Senado se unan para intentar mantener en el puesto al fiscal despedido. ¿A quién pretenden engañar los senadores? No es posible que hasta ahora estén enterados de que el ex titular de la FEPADE venía haciendo su trabajo.
Si la información sobre la investigación del asunto Lozoya Austin se filtró al diario Reforma, es lógico entender que el ruido habría llegado a otros recintos, a los del Poder Legislativo, por supuesto. En el proceso electoral presidencial todo es válido. Por lo menos esa es la tradición de nuestros partidos políticos, sus dirigentes y candidatos. Los procesos electorales están tan envilecidos que es preferible ver los toros desde la barrera.
Lo que exige la ciudadanía es una investigación minuciosa y la aplicación de la justicia. La corrupción y la impunidad son el emblema de Peña Nieto y en el ocaso de su mandato debería ser la debilidad de su partido y no es así. El PAN, Morena, el PRD y los demás partidos políticos le tienen tanto pavor que han formado alianzas contra natura y contra toda lógica cívica e ideológica.
El caso Odebrecht, si la voluntad política de la oposición fuera genuina, abre la posibilidad de exponer por lo menos una parte de toda la corrupción que cualquier ciudadano sabe que existe en el actual sexenio. Si en su mandato Peña Nieto permitió impunidad y desfalcos a varios gobernadores priistas, ahora tibiamente acusados de esos y otros delitos, es ilógico pensar que corriendo por el pantano el presidente no se haya ensuciado de lodo la suela de los mocasines.
Es tiempo de que los mexicanos tengamos la satisfacción de que, aunque tarde, nuestros gobernantes rindan cuentas de sus actos y sean castigados si cometieron ilícitos.
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Fotografía: prodavinci
