Por: Moisés Alvarado. 06/05/2025
Gisele era una adolescente cuando el sacerdote Víctor Manuel Campos Alvarenga la violó de forma continuada, por tres años, en la casa parroquial de la Iglesia La Resurrección, en Sonsonate. El obispo Constantino Barrera Morales, máxima autoridad de la Iglesia Católica en ese departamento del occidente de El Salvador, recibió la denuncia de las violaciones sexuales cometidas por su subordinado en 2014 y durante una década no hizo nada para esclarecer lo ocurrido ni detenerlo. Fue hasta que Gisele —siendo mayor de edad— denunció el caso formalmente ante las autoridades civiles, cuando el obispo Barrera colaboró con la investigación y se sumó al proceso judicial en calidad de testigo para confirmar que sabía de los abusos sexuales. Tras el juicio, el sacerdote Campos fue encontrado culpable y condenado a 12 años de prisión. Mientras tanto, el obispo Barrera reconoce que se hizo justicia, pero que la razón por la que el caso permaneció impune durante una década es responsabilidad de todos los que sabían de lo sucedido, incluso de la misma víctima; menos de él.
—Hola, ¿ya llegaste? —preguntó el sacerdote Víctor Campos, a través de una llamada telefónica.
—Sí, a mi casa sí —contestó Gisele*, desde su teléfono celular, una tarde de finales de 2012, cuando recién había regresado a su vivienda desde la casa parroquial de la Iglesia La Resurrección, donde horas antes el sacerdote la había violado.
—¿Cómo te fue?
—Bien, pero todavía me duele.
—¿No te salió sangre ni nada?
—No.
Gisele tenía 16 años cuando ocurrió esta conversación telefónica con el sacerdote Víctor Campos. La violación sexual de ese día, a finales de 2012, no era la primera y tampoco fue la última, pero sí la que tomó más tiempo y dejó más dolor en Gisele, según recuerda. Los abusos y violaciones comenzaron cuando Gisele tenía 15 años. Luego, los episodios de violencia sexual, cometidos por el religioso, se repitieron durante tres años bajo manipulación psicológica y amenazas en contra de la adolescente.
Por esos tres años de violación sexual, el sacerdote Víctor Manuel Campos fue condenado a 12 años de prisión, en septiembre de 2024, por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate. Aunque los abogados de Gisele describieron que el caso encajaba con la descripción del delito de violación en menor de forma continuada, el Tribunal terminó condenando al religioso por el delito de estupro por prevalimiento, que tiene un castigo reducido y que normalmente se aplica a quienes tienen relaciones sexuales con menores de edad bajo su consentimiento, pero que igual son condenados porque se toma en cuenta que el victimario se prevalece de su superioridad.
El obispo de Sonsonate y máxima autoridad de la Iglesia Católica en esa zona de El Salvador, Constantino Barrera Morales, admitió en una entrevista para GatoEncerrado que a principios de 2014 conoció los hechos por los que su subordinado, Víctor Campos, fue condenado a prisión una década después.
La primera vez que escuchó sobre los abusos y violación sexual, según el obispo Barrera, fue a través de la denuncia de otra adolescente, quien era acólita del sacerdote Víctor Campos y amiga de Gisele. La muchacha le explicó que el presbítero Campos tenía comportamientos de tipo sexual que hacían sentir incómodas a las chicas de la parroquia. La denunciante relató que Campos la abrazó y “no la quiso soltar”, aunque ella intentó alejarse.
La adolescente contó todo esto en la oficina del obispo Barrera, en compañía de sus padres. En esa misma reunión, ella le entregó unas capturas de pantalla que había hecho en aplicaciones de mensajería móvil. En las conversaciones, Gisele le contaba que el sacerdote Campos la abusaba sexualmente y que controlaba casi todos los aspectos de su vida y decisiones.
Tras escuchar a la adolescente y ver las conversaciones, el obispo Constantino Barrera Morales no hizo lo necesario para investigar el caso y prevenir los abusos y violaciones en contra de las adolescentes de la parroquia La Resurrección. Fue hasta una década después, cuando el caso llegó a los tribunales, que Barrera finalmente se sumó a la búsqueda de justicia para Gisele y participó como testigo en el proceso judicial que concluyó con la condena del párroco Víctor Campos.
Barrera le explicó a GatoEncerrado que en 2014, cuando conoció el caso, no actuó con rigurosidad porque Gisele lo buscó para negar todo lo que su amiga había denunciado. Recuerda que llegó sola a su oficina y ahí le dijo que nada era cierto.
“Él (Víctor Campos), cuando sintió que se le venía abajo la situación, la mandó a hablar conmigo (…) Entonces, cuando ella dice ‘no, no se preocupe’, cuando ya se hace la cuestión de aclaración, hay una tranquilidad para mí”, comentó Barrera, quien decidió que eso fue suficiente para cerrar el caso.
Antes de archivar el asunto, el obispo Barrera asegura que sí se hizo algunas preguntas entre “ciertas personas” dentro de la comunidad de la parroquia, pero todos “se mostraron a favor del padre”. Por tanto, consideró que no había nada qué investigar.
Ahora, tiempo después y tras el juicio, el obispo reconoce que el párroco Campos ejercía una enorme influencia sobre Gisele y que, debido a esto, fue manipulada y forzada a mentir.
Lo que manda la ley de la iglesia
Leocadio Morales, vicario judicial de la diócesis de Santa Ana (una especie de fiscal general) y experto en Derecho Canónico, explicó que el reglamento establece que cuando se conoce de una noticia de abuso sexual contra un menor, se inicie con una investigación previa. Ya era así a principios de la década de 2010.
Morales explica que, si bien al sacerdote señalado de cometer abusos sexuales no se le suspende, si se limita su ministerio mientras se realiza la investigación. Es decir, se le quitan temporalmente sus funciones como párroco. Esto, además, se anuncia públicamente en la iglesia donde sirve el investigado, a fin de que tanto la comunidad como la víctima se sientan libres para testificar con la verdad.
Dentro de la Iglesia Católica reconocen el poder e influencia que ostenta un sacerdote dentro de la comunidad que dirige, por eso es que se comunica a los feligreses que hay una investigación y no se hace en secreto.
“Es una medida que garantiza que no existan influencias de ningún tipo entre aquellos que pueden ayudar a esclarecer la verdad con su testimonio”, expuso Morales.
A pesar de haber recibido la denuncia y luego comprobar la enorme influencia del párroco sobre la feligresía, el obispo Barrera también admitió que nunca citó a Gisele para una entrevista, ni dio el paso obligatorio de reunirse con los padres de la adolescente, bajo el argumento de que ella “era muy amigable” y que dudaba si el abuso sexual realmente había ocurrido.
“Lo hice porque ella era muy amigable. Era una persona muy correcta”, comentó Barrera a esta revista y luego justificó que no convocó a los padres de la adolescente porque “citar a los padres se hace cuando vos ya sabés que hay algo real”.
Según Leocadio Morales este es un sinsentido, ya que los padres son inevitables voces a escuchar tras una denuncia de abuso sexual como la que recibió el obispo.
Barrera afirmó que su decisión fue “estar pendientes” del párroco Víctor Campos y “darle seguimiento a su comportamiento”. Nada más.
La condena a 12 años de prisión para el párroco es muestra de que el obispo de Sonsonate pudo haber parado una cadena de abusos y evitado que un hombre que forzó a una adolescente a tener relaciones sexuales siguiera en la impunidad durante toda una década.
Sin embargo, el obispo Barrera sostiene que actuó correctamente.
Es más, señaló que la responsabilidad de que el párroco Campos siguiera en libertad e impunidad durante una década recae en Gisele, la víctima, pues según el obispo debió haberlo denunciado cuando “apenas cumplió los 18 años”.
Tras culpar a la víctima por retrasar la justicia en su propio caso, Barrera intentó matizar sus palabras y reconoció que es difícil denunciar este tipo de delitos para alguien que fue abusada sexualmente siendo menor de edad.
“Fue trabajo del psicólogo, del psiquiatra. Estas personas son las que tienen el mérito. Ellos son los que han podido ayudarla a tomar una decisión que no quería tomar. Que no podía tomar. Para que veás qué difícil ha sido para que ella llegue a tomar una decisión”, dijo.
Barrera también atribuyó la responsabilidad a la madre de Gisele, quien la acompañaba en las actividades de la iglesia.
“Lo que pasa es que la mamá tenía que conocer más, porque es la que andaba con ella”, sostuvo Barrera y agregó que no creyó que la adolescente tuviera momentos “en soledad con el padre (párroco)”.
Para el obispo Barrera, la responsabilidad de mantener en la impunidad los abusos sexuales de Víctor Campos era de todos: los feligreses, los padres de la adolescentes y también, incluso, de la víctima. Todos, excepto él.
Reconoce, sin embargo, que en este caso se hizo justicia, pues el proceso judicial estuvo apegado “a la verdad”.
“Aquí la justicia se ejerce por las investigaciones propias del sistema. Qué bueno que se haya hecho justicia. Y qué bien por la víctima”, afirmó.
La Iglesia Católica ha vivido una fuerte crisis por una oleada de denuncias de sacerdotes que abusaron sexualmente de menores de edad durante años a escala global. En esto, los señalados no son solamente los perpetradores, sino los obispos, sus superiores y encargados de vigilar su comportamiento. Que el encargado de una diócesis decida encubrir los delitos de sus subalternos es una falta gravísima dentro de la institución. Y fuera de ella.
Por ejemplo, en marzo de 2024, el papa Francisco aceptó la renuncia de Andrzej Dziuba, obispo polaco de 73 años acusado de haber encubierto abusos sexuales a niños por parte de curas. Según informes periodísticos, Dziuba, quien ejercía en Lowicz, en el centro de Polonia, renunció “a petición de la Santa Sede”.
La prensa polaca había informado de denuncias según las cuales Dziuba sabía de al menos dos sacerdotes pedófilos en su diócesis. En lugar de iniciar una investigación, simplemente los trasladó a otras parroquias.
Una denuncia hito en Centroamérica
La denuncia de Gisele es un hito regional: es la primera vez en toda Centroamérica que una víctima de un sacerdote denuncia el delito de violación cuando ya es adulta. Y es la primera vez en que se logra una condena.
La llamada telefónica con la que se inicia este reportaje es una de las pruebas que Gisele ofreció para el proceso en el que se condenó al sacerdote Víctor Campos a 12 años de prisión por el delito de estupro. Incluyó otras, en las que se evidencia el delito y se manifiestan intentos de manipulación por parte del clérigo, así como chats y fotografías enviadas por el sacerdote a la entonces adolescente. Todas esas pruebas describen no a un pastor religioso, sino a un hombre que busca seducir a una menor de edad.
Gisele contó con el apoyo de los abogados Oswaldo Feusier y Stephany Emperatriz Flores, de Abogados sin Fronteras Canadá, que ejercieron de querellantes. Y fueron clave ante una Fiscalía General de la República que no contaba con todas las herramientas para realizar su trabajo.
A pesar de la condena, los querellantes del caso apelaron, pues sostienen que el delito es violación agravada, no estupro. Consideran que el caso cuenta con tintes de violencia que solo pueden ser atribuidos a una violación. La condena, por tanto, debería ser más amplia y no solo los 12 años de prisión.
En El Salvador, los casos en los que sacerdotes han sido condenados por abusar de un menor de edad en tribunales civiles se pueden contar con los dedos de una mano. Desde el inicio del milenio, han sido cinco, contando a Víctor Campos.
LOS SACERDOTES CONDENADOS
José Daniel Rivas Pérez, acusado de violar a un niño de 11 años de edad en San Cristóbal, Cuscatlán; y el padre salesiano Carlos Humberto Posada, en Santa Ana, guardan prisión desde antes de 2015.
José Adonay Chicas fue condenado, en 2019, a 16 años de prisión por los delitos de remuneración por actos sexuales o eróticos y agresión sexual en menor o incapaz.
Las dos últimas condenas ocurrieron en 2024. La de Víctor Campos y la de Jesús Orlando Erazo. Este último fue sentenciado a 14 años de cárcel. Sin embargo, el proceso se hizo en su ausencia: no guarda prisión, pues salió del país antes de ser capturado en un proceso lleno de irregularidades, en el que supuestamente habría recibido ayuda de sus superiores.
A principios de 2023, el sacerdote Jesús Orlando Erazo llegó al Arzobispado de San Salvador a pedir ayuda. Fue recibido por monseñor Rafael Urrutia, canciller de la entidad y presidente del Tribunal Eclesiástico. Tras su conversación, el sacerdote Erazo salió de El Salvador hacia otro país. Días después, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, anunció en un video de redes sociales que había suspendido de sus funciones al sacerdote porque sobre él pesaba una denuncia de abuso sexual a una menor. Un par de días más tarde, la Fiscalía General de la República anunció que iniciaría un proceso de oficio en contra de Erazo y presentó un requerimiento en el Juzgado de San Cristóbal, que giró una orden de captura. Pero, el sacerdote ya había huido del país.
OTROS 15 SACERDOTES SEÑALADOS
Sumados a estos cinco religiosos, hay otros 15 sacerdotes señalados de abusar sexualmente a menores de edad en El Salvador, pero que no han sido condenados o que sus casos no han llegado a un proceso penal. Uno de ellos fue el del sacerdote salesiano Melvin Pérez, quien fue señalado, en 2019, de tener fotografías de contenido sexual de un estudiante menor de edad del Colegio Salesiano San José, de Santa Ana. Partió hacia Guatemala, ayudado supuestamente por sus superiores. El caso no llegó a los tribunales. Algo parecido pasó con el guatemalteco José Boror Uz, quien sí fue acusado penalmente en 2019, pero huyó de El Salvador antes de que terminara el proceso.
El padre Antonio Marcia Cabrera fue acusado en diciembre de 2006 por abusar de ocho menores (quienes eran sus acólitos) mientras era párroco de la iglesia de Joateca, en Morazán. Salió hacia Honduras en 2008 por la intermediación del entonces obispo de San Miguel, Miguel Ángel Moran (actual cabeza de la diócesis de Santa Ana), dos años antes de que el proceso penal finalizara.
Un caso más que llegó a los tribunales salvadoreños fue el de Luis Recinos López, en una demanda civil. Fue condenado a pagar $23,000 a su víctima en octubre de 2003 y fue suspendido de sus funciones de sacerdote, el mismo año, por el Tribunal Eclesiástico de San Salvador. Falleció en 2017.
Otros casos han sido ventilados en procesos eclesiales (es decir, que son exclusivos de la Iglesia), como los de Francisco Gálvez y Jesús Delgado, quienes fueron condenados en 2016. Se les quitó su título clerical. Delgado era el sacerdote que impulsó el proceso de canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Algunos procesos llevados por la Iglesia han sido más cuestionados, como el de Leopoldo Sosa Tolentino, quien, en 2020, fue encontrado culpable de intentar violar a un adolescente. Sin embargo, fue reinstalado como sacerdote ese mismo año: se determinó que la víctima, en la ley católica, era mayor de edad cuando sucedieron los hechos. Tenía 17 años.
Otros casos han sido revelados por el periodismo, como el del sacerdote Benigno Parada Alfaro, ya fallecido. La entrevista por separado de tres víctimas y las declaraciones de cinco testigos (entre los que se encuentran un empleado de la Iglesia y contemporáneos de las víctimas) apuntan a que el sacerdote católico Parada Alfaro abusó de varios niños y adolescentes varones (entre los 10 y los 15 años de edad) en el período que va de 1986 a 1992, cuando era párroco de la iglesia de Santa Rosa de Lima (La Unión), en la que permaneció desde 1983 hasta 2002.
Una cadena de abusos
Advertencia: Aunque el siguiente fragmento de este texto ha sido editado para evitar la revictimización, el testimonio que Gisele relató a esta revista y en el juicio, es fuerte.
Como suele ocurrir en los casos de violencia sexual, los abusos y el encubrimiento que sufrió Gisele fue un proceso paulatino. La violación sexual continuada fue la consumación de una serie de aproximaciones, acosos y abusos que el sacerdote había comenzado más de un año atrás, cuando ella tenía tan solo 14 años de edad y él 33.
Por ese entonces, el sacerdote le escribía al celular de Gisele para felicitarla por su entrega a la iglesia. Para decirle que continuara por ese camino. Para ella, ferviente católica y educada toda su vida en un colegio dirigido por monjas, era un orgullo que un hombre de tanta autoridad en su iglesia viera con buenos ojos su conducta.
El sacerdote se ganó su confianza. Y la de todos los miembros de su familia. Los visitaba frecuentemente para comer en su casa. Con Gisele, el clérigo se volvió más cariñoso. Le dijo que la “cuidaría como un papá”.
Gisele cuenta que una tarde, de mediados de 2012, asistió junto a su madre a una reunión de formación en la parroquia. Un mensaje interrumpió a la adolescente. Era el sacerdote, quien le pedía que fuera a su casa, al lado del templo, para ayudarle con un problema en su computadora personal.
Entró en la casa. No había nadie más. El padre Víctor le pidió que accediera a su habitación, pues allí, le dijo, estaba la computadora. Al cruzar el umbral, notó que no había ningún aparato. El sacerdote, entonces, admitió que no existían problemas, que solo buscaba que fuera a su cuarto.
La arrojó a la cama e intentó quitarle el pantalón, pero solo logró desnudarle una pierna. Se le echó encima. Ella trató de rechazarlo, pero el hombre, casi 20 años mayor, era mucho más fuerte. Temía que la golpeara. Luego, el sacerdote la violó.
En el juicio, el sacerdote confesó lo ocurrido ese día, pero intentó matizar lo relatado por Gisele. Dijo que no logró penetrarla por completo y que luego la dejó ir.
Al salir de la casa, el sacerdote le ordenó que debía contarle a su madre que la computadora tenía un virus. La violencia con la que la había forzado la convenció de que ese señor de sotana y autoridad era alguien a quien debía temer y obedecer.
Unos meses después, el sacerdote le pidió de nuevo que fuera a su casa, sola, a las 7:00 de la noche. Ella, recuerda, aceptó por miedo a él y a que le fuera a contar a su madre lo que había ocurrido. El párroco, en ese momento, le hacía sentir que ella tenía la culpa de todo y que si no obedecía a sus órdenes él la acusaría con su madre.
Cuando llegó a la casa del sacerdote, a un lado del templo, le dijo que la quería, que todo estaba bien entre ellos y la obligó a entrar en su cuarto. Esta vez sí logró quitarle su pantalón por completo, a la fuerza. Luego consumó otra vez una violación, mientras ella le pedía que se detuviera, pues el dolor que sentía se extendía desde sus genitales hasta las piernas. El párroco le ordenó que no se quejara, que “ya era una niña grande”.
Al terminar, el sacerdote le dijo que se fuera a su casa. Después la llamó para preguntarle si había sangrado. El dolor en la parte baja de su cuerpo persistió por dos días más, según la sentencia del caso.
Al mes siguiente volvió a consumar otra violación. Y como en todas las ocasiones, fue sin protección y siguiendo el mismo patrón de manipulación.
Unas semanas después, Gisele se preocupó porque su menstruación no llegó en el día indicado. Pensó que estaba embarazada y así se lo contó al sacerdote. Campos le contestó que ella tenía que “resolver”, abortar o decir que el padre del bebé era alguien más. Lo último era imposible, pues Gisele nunca había tenido relaciones sexuales. Se hizo una prueba de embarazo, que salió negativa.
La denuncia ante un obispo que no hizo nada
A principios de 2014, el párroco Víctor Campos, después de cometer toda la violencia sexual, buscó a Gisele. Estaba furioso. Le dijo que su superior, el obispo de Sonsonate, Constantino Barrera, le había comentado, en su oficina, que había denuncias en su contra por haber abusado de una menor de edad.
Campos la amenazó diciendo que en la iglesia nadie le creería y quedaría “como una mentirosa”.
“Me dijo que si lo llegaban a mover de parroquia era por mi culpa y que el obispo hasta le había ofrecido la policía”, recuerda Gisele.
Noche tras noche, según Gisele, el sacerdote la llamaba a su teléfono celular para intimidarla. Atormentada por las constantes amenazas, a principios de ese mismo 2014, fue cuando obedeció la orden del sacerdote para buscar al obispo Barrera y mentirle, diciendo que nada de lo que su amiga le había contado sobre los abusos sexuales era cierto.
Barrera confirmó que esta reunión con Gisele, de hace una década, efectivamente existió. Y, por tanto, que también supo de la posibilidad de que su subalterno, el párroco Campos, estuviera abusando de una menor de edad. Pero no hizo nada para pararlo, excepto preguntarle si era cierto.
Mentir no salvó a Gisele del escarnio público. El párroco Campos se encargó de que la feligresía la etiquetara de creadora de chismes que afectan al “hombre de Dios”. El sacerdote la excluyó de todos los grupos de la iglesia que capitaneaba. Así, se aseguró de que toda su comunidad más fiel se quedara solo con su versión de los hechos.
El control que el sacerdote mantenía sobre Gisele se puede inferir a partir de todas las conversaciones en aplicaciones de mensajería móvil y llamadas telefónicas que fueron presentadas en el proceso judicial como pruebas. Una de esas conversaciones es la que ocurrió cuando el religioso le recriminó por haberle contado a su amiga sobre los abusos sexuales. Esa amiga, una década después, también fue una testigo en el juicio que concluyó con la condena del clérigo.
Padre Víctor Campos
-Este es el extracto y transcripción de una llamada telefónica que el párroco le hizo a Gisele, una de las tantas noches de 2014.
Gisele
-Acuérdese de dónde pudiera estar usted si yo hubiera hablado.
Padre Víctor
-Yo podría estar en cualquier parte, pero tampoco vos estuvieras donde estás. ¿Vos crees que Dios no nos protege? ¿Vos crees que Dios se queda solo así con sus hijos?
Gisele
-¿Me está amenazando?
Padre Víctor
-No son amenazas, ¡ay, Dios! Te he puesto ejemplos. Sí, me pudiste haber destruido y lo podés hacer. Pero eso, meterse a fregar a un sacerdote, ¡ay, Dios! Así que no estés con babosadas.Finalizar llamada
La parroquia después de la condena
Después de que el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate encontró culpable a Víctor Campos en un juicio que contó con abundante evidencia y con el testimonio de varias personas, la parroquia La Resurrección no podía quedar acéfala. Así que en lugar de Campos, fue nombrado el sacerdote Neftalí Pérez.
Desde 2024, Pérez fue el delegado del obispo de Sonsonate para cumplir con la complicada tarea de administrar una iglesia en crisis, con personas leales a su predecesor que todavía sostienen la inocencia de Campos y, por tanto, consideran a Gisele y su familia como enemigos.
Cuando GatoEncerrado visitó a Neftalí Pérez para una entrevista, el religioso explicó que su posición ante el caso es neutral y que se limita a orar por la denunciante y por el sacerdote Campos, que es “el que más sufre”, pues ha sido condenado a prisión. Sostiene que no puede considerar culpable a su todavía colega (la iglesia todavía no le ha quitado su título) y, por tanto, a Gisele tampoco la ve como una víctima en esta historia.
—Si no es justo (la condena), que lo liberen. Pero si él ha cometido un delito, que pague, y la víctima también, porque, allí dicen, a saber si es cierto, como que ha sido de su gusto, no es como violación —dijo el sacerdote Neftalí Pérez a esta revista.
—¿Qué piensa de que una adolescente de 15 o 16 años sea abordada (sexualmente) por una persona mayor, de 33 o más años, que además es sacerdote?
—El mayor error está en la persona mayor. Pero como hoy hay muchachas pícaras también, verdad, que buscan otros intereses, quizá. Que Dios se arregle con ellos.
El sacerdote Neftalí Pérez sugiere que en el caso hubo algún interés financiero. Sin embargo, durante el juicio, se comprobó que Víctor Campos también abusó financieramente de Gisele, pues le exigía “ayudas económicas” debido a la buena situación de la adolescente y su familia.
El hecho es que Gisele, como quedó comprobado en el juicio, tuvo que ceder el control total de su adolescencia a un hombre que, siendo un representante de la Iglesia Católica, la abusó sexualmente ante el silencio de su superior, el obispo de Sonsonate.
*Gisele es el nombre utilizado en este texto para evitar identificar a la víctima con su nombre real.
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Fotografía: Gato encerrado
