Por: Elvira Herrera. 02/08/2022
El acceso al agua es crucial en tiempos de emergencia climática
A tres horas de la Ciudad de México y en el corazón del país, el estado mexicano de Querétaro, con gran riqueza biocultural y atravesado por una cadena de volcanes y demontañas, enfrenta una grave crisis hídrica que se agrava con el manejo desigual del agua. Frente a una nueva ley que regula los servicios de agua, la ciudadanía protesta y algunos defensores de derechos humanos están penalmente perseguidos.
Gran parte del deterioro ambiental es consecuencia directa de la pérdida de zonas de infiltración de las aguas subterráneas y de recarga derivado de lasobreurbanización. Esto ha detonado inequidad para el acceso al agua, costos elevados en el servicio de distribución, cortes irregulares y el creciente desabasto.
Organizaciones civiles, ambientalistas, personal de academia y comunidades locales se han movilizado por más de tres meses ante la denominada Ley Concesiones, aprobada en mayo de este año y criticada porque promueve el concesionamiento del servicio a operadoras privadas, sin contemplar la ecología del agua, ni asegurar el acceso humano a ella, además de favorecer el acaparamiento por parte de desarrolladoras inmobiliarias. Gracias a la concesión urbanizan en áreas indebidas y controlan el reparto del agua exclusivamente en unidades habitacionales que les son rentables.
Ilustración de la sequía en México a principios de agosto 2022, elaborado por el Subgerencia de Climatología y Servicios climáticos de México. Querétaro está en sequía severa y moderada.
Los defensores enfatizan que la nueva regulación es contraria a las recomendaciones por parte de los últimos dos Relatores de las Naciones Unidas para el derecho humano al agua, y niega las advertencias de otros casos de fracaso de este modelo para el abastecimiento equitativo del agua en el mundo.
Las acciones de protesta por parte de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) y otros actores organizados, de mayo a agosto, han incluido movilización en calles,festivales ciudadanos, conversatorios, creaciones artísticas y ruedas de prensa locales, nacionales e internacionales, así como acciones legales, actualmente en curso. Entre ellas la medida suspensiva provisional a través de la cual el poder judicial confirma el riesgo de la ley a derechos específicos, no obstante que es aún una resolución intermedia que no resuelve el problema de fondo.
Distintos frentes de la sociedad civil estiman que la respuesta del estado de Querétaro a la defensa del agua ha sido de hermetismo y persecución política. El 10 de junio, durante una movilización pacífica la policía estatal reprimió a las y los manifestantes, incluidas infancias, mujeres y personas mayores. Tres jóvenes defensores fueron levantados con abuso de fuerza y privados de su libertad. Horas después y ante la presión social local y nacional, fueron puestos en libertad, pero no absueltos de la investigación penal. Ante estos y otros acontecimientos la sociedad local ha denunciado a nivel nacional estigma, hostigamiento y criminalización de la defensa del agua.
A dos meses de la detención, los defensores del agua siguen siendo investigados penalmente, por lo que la sociedad, que ha mantenido vigente la problemática a través del hashtag #AguasConLaLeyDeAgua exige su libertad incondicional. El caso, que ya ha llamado la atención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y de la Red Internacional de Derechos Humanos, no es el único caso de agresiones a defensores del territorio en los últimos años.
Por ello, activistas apelan a la solidaridad internacional, para presionar por el cierre de las carpetas penales y visibilizar la violencia sistemática del estado en contra de quienes defienden el agua, la principal fuente de vida en el planeta. Una defensa crucial en tiempos de emergencia climática.
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Fotografía: Global Voices en Español