Por: PEDRO JAVIER LÓPEZ SOLER. 23/02/2022
Una nueva campaña mediática trata de presentar a Nicaragua como una refinada dictadura con el juicio a los autores intelectuales del golpe de Estado de 2018 como telón de fondo.
Nicaragua vuelve a recibir estos días la atención de los medios de comunicación españoles. Diarios como ABC, El Mundo o El País ponen el foco sobre la nación centroamericana para arremeter, una vez más, contra su gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega, a quien endosan todo tipo de mentiras, falsedades y tergiversaciones, como la reciente acusación de reprimir a la disidencia interna por medio de juicios políticos contra líderes opositores. Pero, ¿qué hay de verdad en esta nueva campaña mediática contra el sandinismo?
Golpe de Estado
En 2018 una variopinta coalición de conservadores, liberales, ultraderechistas y supuestos progresistas sumió a Nicaragua en el caos y el terror durante semanas. Bendecidos por el gobierno de Donald Trump y la jerarquía católica local, lanzaron a las calles, por medio de manipulaciones, a miles de personas, algunas de las cuales habían cruzado la frontera desde otras regiones para tal fin, con el objetivo de derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el poder desde 2007 tras sucesivas y contundentes victorias electorales.
Entre abril y julio, los convocantes de dichas protestas paralizaron la vida de los seis millones de nicaragüenses que residen en el país. Se obstaculizó el tránsito normal por calles y carreteras a través del levantamiento de barricadas, se asaltaron edificios gubernamentales, se saquearon comercios y se destruyó mobiliario público y privado. Los llamados tranques son un fiel reflejo del horror vivido. Tras las improvisadas barricadas se cometieron crímenes difíciles de olvidar, con la militancia sandinista como principal objetivo a batir. Centenares de afiliados y dirigentes del FSLN fueron amenazados públicamente a través de redes sociales, señalados por medio de la difusión de sus fotografías y lugar de residencia, llegándose al extremo de producirse secuestros, torturas y finalmente asesinatos.
En la larga lista de atentados cometidos por la «democrática oposición nicaragüense», dos hechos sobresalen por el gran dolor que representan para la nación: el asesinato de Bismark Martínez y el caso del Barrio Carlos Marx. El primero de ellos hace referencia al secuestro, tortura y asesinato de un dirigente sandinista, cuyo tormento fue transmitido a través de redes sociales, no encontrándose su cuerpo hasta un año después de su muerte. Pero la violencia golpista no se empeñó únicamente contra la militancia de izquierdas sino que todo el pueblo fue objeto de ella, siendo paradigmático el incendio de un edificio residencial en el Barrio Carlos Marx de Managua en el que fallecieron calcinados seis miembros de una misma familia.
Derrota del neosomocismo
Los intentos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para resolver la disputa por una vía pacífica fueron frustrados. El ejecutivo tuvo un gesto de buena voluntad retirando la ley de reforma del sistema de pensiones que había motivado el estallido de las protestas pero nada hacía parar a la dirigencia opositora, encorsetada en la renuncia del presidente. Agotada la vía del diálogo, las autoridades del país actuaron legítima y constitucionalmente para poner fin a la violencia en las calles, que se cobró la vida de cerca de 300 nicaragüenses, acabando con los tranques y restituyendo la paz.
Derrotado el conato de rebelión, el gobierno democrático, constitucional y, por tanto, legítimo, acometió la recuperación del daño sufrido: 298 víctimas mortales, 205 millones de dólares en pérdidas del sector público, 231 millones de dólares en pérdidas del sector turístico, 525 millones en pérdidas en el sector del transporte, 7 mil millones de córdobas (moneda nicaragüense) en reducción del presupuesto general de la República y supresión de 119.567 empleos.
El fracaso del golpe de Estado no significó únicamente la destrucción de una economía nacional en ascenso sino que en clave política se tradujo en el reforzamiento del proyecto revolucionario del FSLN y la crisis, desunión y desintegración de la oposición antisandinista. Bajo esta correlación tan desigual de fuerzas se celebraron las elecciones generales del 7 de noviembre, donde Daniel Ortega se impuso con el 75.92 % del escrutinio y 200.000 votos más de los obtenidos en 2016, a una raquítica derecha dividida en cinco candidaturas.
Conocedores del fracaso que se avecinaba en los comicios de noviembre, la oposición nicaragüense hizo un llamamiento a desconocer sus resultados incluso meses antes de su celebración. Sabedores de que una victoria electoral frente al sandinismo era imposible, trataron de reorganizar sus fuerzas para lanzar una nueva ofensiva contra el FSLN pero una vez más fueron derrotados y la trama quedó desarticulada antes de empezar a operar. Los principales dirigentes del golpismo neosomocista fueron detenidos o huyeron del país ante las evidentes pruebas de malversación de fondos para financiar la desestabilización de cara al trascendental mes de noviembre. El imperio mediático trató de presentar el encarcelamiento de dichos líderes como un caso de represión a la libertad política, cuando no era más que lucha contra la corrupción y el golpismo.
Juicio a los autores intelectuales del golpe de Estado
Nicaragua vive ahora una coyuntura política de especial relevancia. Pasados casi cuatro años del fallido golpe de Estado que, con financiación y coordinación estadounidense, les costó la vida a 298 nicaragüenses y quebró la economía nacional, sus autores intelectuales son sentados ante la justicia para responder por sus crímenes contra la nación.
¿Cómo refleja esta situación la prensa española? Con manipulación y un silencio que la convierte en cómplice del dolor y del sufrimiento causado al pueblo de Nicaragua. Con El País como ariete de esta nueva campaña mediática, tratan de retratar a Daniel Ortega como un líder autoritario y un sátrapa de nuevo cuño mientras que sus detractores son presentados como auténticos «adalides de la libertad». Nada más lejos de la realidad. Así nos encontramos, por ejemplo, el caso de Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y flamante presidenciable de la derecha nicaragüense, cuya precandidatura fue retirada de la lid política no por representar una amenaza para el FSLN sino por ser una gran «lavandera» de dinero norteamericano a través de la fundación que lleva el nombre de su madre. Dinero que posteriormente hubiera sido utilizado para financiar una nueva espiral de violencia contra el gobierno de Ortega.
Los juicios en Nicaragua no son resultado de una desenfrenada represión política sino de la justa defensa de un Estado que trata de hacer justicia con el trauma vivido entre abril y julio de 2018.
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Fotografía: Mundo obrero
