Por: Revista Crisis. 12/09/2021
La ausencia de una institucionalidad sólida producto de un Estado -con presencia en el territorio garantizando derechos-, es una realidad que se encuentra latente en nuestro país y se manifiesta en varias dimensiones sociales -conflictos de clase-, y a través de eventos específicos. Uno de importancia, sin duda, es la disputa por el control de la capital del Ecuador; un espacio de poder “público” atractivo para las facciones burguesas, que no duraron en armar y rearmar sus pactos en función de sus intereses sectoriales. Este evento en concreto, es clave para entender la posición y disposición de las derechas en Quito por controlar el municipio y desmantelar lo público. En este sentido, este corto texto, no busca evaluar la gestión del alcalde Yunda, sino esgrimir argumentos que permitan comprender aquello que sucede en la ciudad, y explicar cómo las derechas aceleran su energía política en arrasar la institucionalidad y convertirla en reductos de poder transaccional, donde circula el derecho del capital por sobre los derechos de las personas.
Para comprender el punto actual es necesario trasladarnos a 2019 donde el alcalde Yunda, repecto a las movilizaciones de octubre aseveró: “Estuvimos pendientes de ofrecer albergue y provisionar de alimentos a hermanos militares que lo requerían, así mismo se extendió la mano a la ciudadanía en general. Siempre haciendo un llamado a la paz” (Yunda, Jorge. Twetter: @LoroHomero, 2019). Esta posición constituyó una de las primeras razones que en 2019 llevaron a varias figuras y sectores empresariales de la capital a conformar el Comité Cívico por la defensa de Quito[1].
A finales de 2019, una vez sellado el paro de octubre, en los alrededores del municipio se hablaba de revocatoria del mandato y recolección de firmas por parte de los “sectores importantes” de Quito. Los “quiteños de bien” –como se autoperciben- no son ciudadanos de a pie, y por ello, es importante ubicar su procedencia para comprender la disputa que libran por el manejo y control de los recursos de la alcaldía. Tenemos a ex alcaldes de la ciudad: el empresario Roque Sevilla, representante de El Grupo Futuro[2]; Rodrigo Paz, fundador y expresidente del directorio del banco Produbanco, empresario y socio de corporaciones comerciales y turísticas como La Favorita y Metropolitan Touring.
En este sentido, la alcaldía de Quito ha representado históricamente un espacio que abraza los intereses de grandes grupos diversificados en distintas áreas económicas, que encuentran en el control administrativo de la ciudad una posibilidad estratégica para obtener ganancias; es decir, actúan desde sus intereses de clase para acumular capital. Por ejemplo, durante la administración de Paz se construyó el Centro Comercial Iñaquito, mediante la renovación del sistema de avalúos y catastros, que promovía la adquisición de terrenos a corporaciones con fines comerciales como La Favorita y a empresas de la construcción. Gracias a los mecanismos burocráticos ligados a los intereses de la gran empresa, se agilitaron cambios de suelo y nuevas normas de zonificación urbana, mediante el Reglamento Urbano de la Ciudad aprobado en 1991.
El andamiaje institucional representa, entonces, un poderoso campo de disputa dentro de la democracia liberal -de existir partidos sólidos e ideológicamente definidos-, ya que ahí se realizan los intercambios políticos que, mediante decisiones en materia de política pública, van direccionando posiciones y disposiciones de los actores -ya sean estos partidos, gremios, organizaciones de la sociedad civil-, a tendencias políticas concretas. En este espacio se materializa el juego político: se establecen modelos de ciudad y programas políticos basados en la correlación de fuerzas que predomina durante un momento determinado.
Entonces, el órgano municipal ha permanecido en manos de grupos tradicionales que detentan el poder político y económico de la ciudad. De allí se sostiene, que la derecha quiteña -por su propia constitución rentista y conservadora-, instrumentaliza las instituciones capturándolas mediante mecanismos corporativos o lobbies empresariales, en función de sus intereses claramente sectoriales y de patronazgo.
Desde los inicios, la neutralidad de Yunda durante las protestas de octubre, los cambios en contratos públicos, el manejo oportuno de la pandemia por Covid-19, la celeridad en aspectos técnicos y científicos respecto al Gobierno de Moreno con la adquisición de pruebas para detección del virus y los centros ambulatorios, fueron algunas de las acciones que incomodaron a los ciudadanos y sectores que se autodefinen “importantes” para la ciudad. Es importante aclarar que esto no reconoce a Jorge Yunda como opositor a la derecha que disputa un programa de izquierda, pero si lo reviste como servidor público que retorna la presencia del municipio -con ciertas concesiones- al territorio y, por tanto, lo convierte en “inversor” de lo público frente a lo privado.
Desde esta perspectiva, muchas de las acciones del alcalde han sido percibidas como una agresión hacia algunas de “las familias de bien” de Quito. No solo en las condiciones materiales de reproducción de sus intereses, sino que simbólicamente han sufrido un atentado en sus valores, hábitus y creencias de clase, al considerar su privilegio de gobernar -revestido de derecho y debido proceso-, boicoteado por un individuo –Yunda-, que dada nuestra estructura racializada, debería ocupar el lugar de dominado.
Estas prácticas políticas de las derechas quiteñas son muestra fehaciente del su desprecio sobre lo público. Sostienen como derecho legítimo el gobernar sin recaudo, sin regulación; pensando que cada bisagra institucional existe para el desarrollo de sus intereses corporativos y patronales, y no para garantizar derechos y fomentar las oportunidades de los demás sectores sociales que habitan la ciudad.
En tal contexto, es imperativo ubicar las herramientas de poder popular con las que cuentan los ciudadanos de a pie. Esto implica poner contrapesos en medio de una institucionalidad frágil, pero que en el momento histórico dado, pueda cristalizar en lo que Gramsci consideró el Estado Nacional Popular.
El reto histórico que la izquierda debe asumir es vital y urgente: no se puede perder de vista el posicionamiento desde las trincheras de la clase como eje articulador de la disputa política. Es necesario pensar y actuar desde nuestras posibilidades y condiciones materiales específicas, pero también subjetivas, lo que permitirá comprender y superar errores del pasado de tinte político-organizativo, para colocar sobre el debate agendas provenientes de todos los sectores y voces capaces de construir un proceso democrático, plurinacional y diverso.
[1] Ahora en 2021, se autoconvoca a marchar con la misma consigna: “defender Quito”.
[2] Integrado por las aseguradoras Equinoccial, Equivida, Salud SA y Tecniseguros, y la compañía de turismo Metropolitan Touring, así como la Fundación Natura. En: https://especiales.revistalideres.ec/2011/mas_respetados/r_sevilla.html
LEER EL ARTICULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Revista crisis
