Morena gira a la derecha.

Víctor Villalobos es ajonjolí de todos los moles políticos. Lo mismo del PRI que del PAN, y ahora de Morena. Fue consultor externo y empleado de Monsanto, y consejero del Grupo Pulsar, del que formaba parte Seminis, gigante de los transgénicos y controladora del mercado mundial de semillas, hasta su venta propiedad de Alfonso Romo, el coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024 de López Obrador.

Los puestos públicos de nivel que Villalobos ha ocupado son muchos: subsecretario de Recursos Naturales y primer secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados durante el gobierno de Ernesto Zedillo, subsecretario de Agricultura con Vicente Fox, y coordinador general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura durante los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón.

Como funcionario ha cometido algunos pecadillos. Por ejemplo, no separar sus funciones en la iniciativa privada con las de la administración pública, representando, sin pudor alguno, los intereses de las grandes trasnacionales. No en balde fue un entusiasta promotor de la ley Monsanto. Durante la era foxista, Vía Campesina, Greenpeace y la Fundación Heinrich Böll lo acusaron de dobletear chambas en la administración pública y la iniciativa privada.

Pero no sólo eso. Con la representación del gobierno mexicano, Villalobos saboteó en la reunión de 2004 en Kuala Lumpur, las medidas de precaución para profundizar el Protocolo de Cartagena, el instrumento internacional que regula los organismos vivos modificados, producto de la biotecnología moderna. Invariablemente se alineó con los países protransgénicos. Y, por si fuera poco, ocultó información pública clave relacionada con la contaminación de maíces nativos.

La designación de Víctor Villalobos como futuro conductor de la agricultura del país es una bofetada a la comunidad que lucha por la defensa de los maíces nativos en México desde enero de 1998. Una parte muy importante de esa comunidad, que fundó en mayo de 2002 la Red en Defensa del Maíz y en 2007 la Campaña Sin Maíz no hay País, que ha realizado serios estudios científicos, y que, desde hace más de cuatro años litiga en los tribunales para demostrar el peligro que representan los transgénicos para el patrimonio alimentario y ecológico del país, está indignada.

El nombramiento de Villalobos en el futuro gabinete de López Obrador dista de ser la única muestra de la presencia de lo que el líder de Morena llama la mafia del poder en el entorno morenista. Ese es el caso de Esteban Moctezuma, propuesto como futuro secretario de Educación. Su designación arranca a los maestros de las garras de Mexicanos Primero para enviarlos al pesebre de Fundación Azteca, institución de la que el ex secretario de Gobernación y de Desarrollo Social del gobierno de Ernesto Zedillo es presidente.

Ciertamente, Moctezuma, artífice de la traición contra el zapatismo del 9 de febrero de 1995 (responsabilidad que él niega), sabe algo de educación. No en balde operó la fracasada descentralización educativa de 1992, y Elba Esther Gordillo lo consideró siempre como uno de sus tres grandes amores (junto a Jorge Castañeda y a Marcelo Ebrard).

También está en la lista de figuras cuestionables de la vieja nomenclatura Olga Sánchez Cordero, durante 20 años ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ungida ahora como futura secretaria de Gobernación, llegó al puesto en el Poder Judicial, cuando, a finales de 1994, el entonces presidente Ernesto Zedillo, en una especie de golpe de Estado técnico, disolvió la Corte anterior destituyendo a sus 26 ministros e integró una nueva con 11 miembros. Como documentó el investigador Miguel Ángel Romero, el nuevo organismo judicial fue clave en proteger jurídicamente las reformas neoliberales en marcha (https://goo.gl/C3C8aP ).

Sánchez Cordero no puede negar el santo de su parroquia. En casi todos los casos en los que el nuevo poder constitucional tuvo que blindar jurídicamente regulaciones en favor del libre comercio, votó por hacerlo. Así sucedió en octubre 1998, cuando, en el marco de la crisis de deudores de la banca, la SCJN resolvió a favor de que, en materia mercantil (la que rige las relaciones entre un banco y sus acreditados o depositantes), fuera posible que los contratantes pactaran la capitalización de los intereses desde el comienzo de una relación contractual. En otras palabras, tomó partido por el agio de los señores del dinero contra la clientela bancaria, legalizando el anatocismo. Los banqueros celebraron la resolución con bombo y platillo, y López Obrador la criticó. Sin embargo, ahora quiere colocar al frente de Gobernación a una de las legitimadoras de ese atraco.

La presencia de estos personajes (y de otros más) en el gabinete de López Obrador no es un hecho aislado, sino parte del corrimiento deliberado de Morena hacia la derecha. Su Proyecto de Nación, coordinado como dijimos líneas arriba por Alfonso Romo, en su momento defensor de Augusto Pinochet, tiene muchas propuestas que poco tienen que ver con la izquierda, y, que, incluso, parecen sacadas de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe. Su alianza con Encuentro Social, cuyo dirigente Hugo Éric Flores fue el principal defensor de los paramilitares de Acteal responsables materiales del salvaje asesinato de 45 personas, cierra los ojos ante un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, AMLO asegura que Morena no tiene ligas políticas o ideológicas de fondo con ese partido.

Por supuesto, para ganar las elecciones de 2018, Morena tiene todo el derecho de moverse tan a la derecha como considere necesario. Muy su asunto. Pero, lo menos que debería hacer, es reconocerlo.