Por: Sergio Pascual. 30/06/2023
Los mercenarios de Wagner, célebres por su participación en la invasión rusa de Ucrania, actúan desde hace años en territorio africano
En el centro de la escena, una treintena de manifestantes exige el pago de sus salarios atrasados frente a la sede de una empresa extranjera. En el lateral, entre un estupor contenido, un grupo de ciudadanos se pregunta “¿de qué salarios hablan?”. Es febrero de 2022. Estamos en Bambari, ciudad de la República Centroafricana (RCA) por donde discurre el río Ouaka. Los manifestantes pertenecen a la milicia cristiana Anti-Balaka Touadéra, “un grupo formado específicamente para apoyar la política del presidente Faustin-Archange Touadéra”, explica el director de publicaciones del medio centroafricano Corbeau News, Alain Nzilo. Una república en permanente conflicto y una guerra civil inacabada en el que se contabilizan, según Nzilo, “al menos 16 grupos armados”.
Los milicianos o “rusos negros”, como los apodan en el país, reclaman el pago de sus “trabajos habituales” para la corporación rusa, como los perpetrados en el salvaje diciembre de 2021 en el que asesinaron a 15 civiles en el municipio de Boyo o la decapitación del exalcalde de Bambari, Didier Wangay, y su familia en la localidad próxima de Gallougou. “Fue una sentada que organizaron frente a la base de Wagner en Bambari. Los medios de comunicación no estaban presentes, salvo nuestro corresponsal, que se presentó simplemente como un transeúnte, porque era muy arriesgado si sabían que era periodista”, agrega Nzilo.
Wagner, desplegada desde hace años en territorio africano y célebre por su participación en la invasión rusa de Ucrania, ha sido declarada en enero de 2023 organización terrorista por parte de EEUU, que conoce perfectamente la capacidad de influencia de estos grupos a sueldo ya que es una de las principales sedes de empresas como Blackwater (ahora Academi) o Triple Canopy. Ambas compañías, englobadas dentro del entramado corporativo de Constellis, fueron parte activa en la guerra de Iraq y representan el paradigma de la impunidad de estos grupos en conflictos armados.
Recientemente, dos excombatientes y comandantes de este ejército a sueldo, Azamat Uldarov y Alexéi Savichev, afirmaron al portal Gulagu.net que asesinaron a civiles, niños incluidos. En su relato, Uldarov declaró que sus órdenes eran “barrer y liquidar a cualquiera en mi camino” y que el mandato procedía directamente del líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Por su parte, Wagner desmintió, a través de su canal de Telegram, lo declarado por los mercenarios: “[…] nadie dispara nunca a civiles ni a niños, nadie necesita esto. Fuimos allí para salvar a los ucranianos del régimen al que están sometidos”.
La directora de África Central del International Crisis Group, Enrica Picco, señala las distintas procedencias de estos contratistas privados que, además de Rusia, provienen de Oriente Medio, Siria, Libia y, “en menor medida, africanos, lo que supondría una oportunidad de mercado enorme, al negarse muchos soldados rusos a combatir en escenarios como Ucrania”. Una ausencia de combatientes africanos que rebate el periodista Alain Nzilo: “Los que dicen que ya no hay combatientes africanos entre los hombres de Wagner están muy equivocados”.
La investigadora explica desde Kenia los distintos rangos y escalas salariales que establecen empresas como Wagner: “La primera [categoría] son aquellos combatientes de los que, si se mueren, nadie reclama el cuerpo. Cobran entre 300 y 500 dólares”. El siguiente rango, equiparable a “un oficial del ejército, puede oscilar entre 1.000 y 2.000 dólares al mes”. Finalmente, están “los jefes, los que toman más decisiones sobre el terreno, que llegan a cobrar entre 4.000 y 5.000 dólares al mes”.
Al servicio de jerarcas
¿De dónde sale el dinero para financiar a estos ejércitos privados? En el caso de Wagner y otras compañías, el abono es compartido entre la empresa contratista y el Estado solicitante de sus servicios. “Regímenes autoritarios que, para afianzarse en el poder, necesitan un proveedor de seguridad y para eso les llaman [a los mercenarios]”, prosigue la experta en África Central. ¿Y si no llega con los fondos del Estado para pagar la factura que deja la protección o, directamente, la guerra? “Lo que hacen [los gobiernos] es intercambiar la presencia de los mercenarios con acceso a recursos naturales y dar carta blanca para que exploten lo que quieran explotar”, zanja la analista.
“Estas empresas contratistas nacieron al final de la Guerra Fría y no solo son ejércitos privados, sino que además suministran armas, ayuda militar desde el punto de vista estratégico y servicios de protección a dictadores, jerarcas y señores de la guerra”, explica el investigador y fundador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, Pere Ortega. Para argumentar la ubicuidad de los contratistas, Ortega lo expone a través de un ejemplo: ”El mismo presidente de Estados Unidos –cuando viaja– no se hace proteger por sus fuerzas armadas, sino que lleva a un cuerpo de seguridad privado”.
Para la Organización de las Naciones Unidas, en un informe publicado sobre la actividad mercenaria en 2018, este tipo de entidades “presta servicios especializados relacionados con acciones militares, incluida la planificación estratégica, la inteligencia, la investigación, el reconocimiento terrestre, marítimo o aéreo, operaciones de vuelo de cualquier tipo, tripuladas o no”, entre otros.
El investigador de la Escola de Cultura de Pau Iván Navarro apunta a tres fórmulas habituales para ofrecer protección por parte de los contratistas: “La primera es el combate a la insurgencia cuando los ejércitos se ven superados; la segunda es la protección a los presidentes y la tercera es la de proteger los recursos naturales, como pozos de petróleo o minas”. A todo lo anterior se suma el fructífero negocio de reconstruir un país tras un conflicto, como señala el experto antimilitarista Juan Carlos Rois: “Los mismos que reconstruyen los países son los que han participado en la guerra”.
La explotación y protección de diferentes recursos naturales –coltán, oro, diamantes o uranio, entre otras– es una de las claves para entender la fuerte expansión de los grupos de mercenarios por todo el mundo, en un contexto de crisis energética acuciante. “Los recursos minerales siempre están protegidos por empresas y seguro que en estas prácticas se cometen violaciones de los derechos humanos de las poblaciones donde se explotan estos recursos”, sostiene Pere Ortega.
Rois define a los mercenarios como “personas altamente cualificadas en la guerra y especialmente sanguinarias y eficaces”. El investigador antimilitarista resume su eficacia al considerar que “la estadística militar sabe que, cuando se hace una guerra, más de un 50% de la gente que participa dispara el aire; solamente hay un grupo muy preciso que hace la guerra masacrando”.
Este último grupo, concluye Rois, es el de los mercenarios. Una eficiencia que ensalzan los contratistas a través de lemas para anunciar sus servicios, como hace la contratista sudafricana STTEP (Specialised Tasks, Training, Equipment and Protection International, en sus siglas en inglés). “No se conforme nunca con el segundo mejor. Con STTEP, el fracaso no es una opción”. Esta empresa fue elegida para frenar la acción del grupo terrorista Boko Haram en Nigeria.
Poscolonialismo
Los mercenarios “van donde hay una oportunidad”, remarca la investigadora Enrica Picco, que observa cómo la cada vez mayor presencia de empresas militares como Wagner y sus acuerdos con diferentes países africanos “están reemplazando el multilateralismo”. Una estrategia que Rusia cimenta sobre un discurso de “nuevo panafricanismo” y en el que cada país “sea libre de escoger su aliado de seguridad y de liberarse de las antiguas colonias”, argumenta la investigadora del International Crisis Group.
Para el analista Pere Ortega, la connivencia entre empresas privadas de seguridad y distintos gobiernos africanos es la principal novedad de la mercantilización de la guerra: “Se han infiltrado en África y están dando apoyo a gobiernos como el de Malí o Burkina Faso, cuando estos países habían expulsado previamente a las fuerzas armadas francesas”.
“Es más ficticio que real que haya un verdadero cambio que haga que el negocio sea distinto”, explica Rois sobre la acción legislativa frente a los mercenarios. Esta industria bélica suele ir siempre vinculada a un concepto: impunidad. “Existe regulación, convenciones y mecanismos jurídicos, pero la opacidad de este tipo de empresas dificulta que se puedan controlar”, tercia el investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona Iván Navarro. El presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz, Pere Ortega, aborda el vacío legal en el que habitan los contratistas a través de una pregunta que refleja la frustración histórica que acompaña la actividad criminal de estos grupos: “¿Ante qué tribunal se le pedirán cuentas?”. Una impunidad que verbaliza resignado Alain Nzilo sobre la actuación de la justicia respecto al asesinato del exalcalde de Bambari y su familia: “No hay proceso judicial. Los autores, aunque conocidos, no están siendo procesados. Estamos en la República Centroafricana”.
El mismo informe elaborado por la ONU en 2018 urgía, por una parte, “la prohibición de determinadas actividades de dichas empresas” y, por otra, exigía a las contratistas a realizar un registro ante las autoridades nacionales y “autorizar sus actividades en el extranjero”. Asimismo, el ente supranacional demandaba el establecimiento de una “jurisdicción en los países de origen de dichas empresas por violaciones de los derechos humanos y del derecho penal ocurridas en el extranjero”.
España tampoco es ajena a la guerra. Como apunta el analista antimilitarista Juan Carlos Rois, tiene tropas desplegadas en “18 conflictos internacionales y, hasta la fecha, ha intervenido en más de 110, invirtiendo más de 20.000 millones, teóricamente, en promoción de la paz por medios militares”. Una serie de datos que preceden a una pregunta que el propio Rois considera ausente en el debate público: “¿Y cuánta paz hemos llevado al mundo?”
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Fotografía: La marea
