Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro y Marcelino Guerra Mendoza. 24/08/2018
Una vez que entendemos en qué consiste, cuáles son sus características y cómo se hizo, examinemos cuáles son las posibles rutas de cancelación de la reforma educativa, así como sus riesgos y dificultades.
La primera cuestión es conceptual; es decir, cómo concebimos la reforma educativa. Todo depende de eso, para saber sobre qué intervenimos, cómo, para qué, quiénes, cuándo y en qué orden. Para simplificar y ponernos de acuerdo, se pueden distinguir dos grandes concepciones de la reforma.
Para la primera, llamémosla reducida, la reforma es laboral, administrativa, parcial, mal hecha, impuesta, basada en la evaluación punitiva. La segunda, llamémosla amplia, la reforma es un proceso complejo de reconfiguración neoliberal del sistema educativo.
Examinemos ahora en qué consiste cada una, qué vías o caminos podrían seguirse para concretarlas, valorando también sus riesgos y potenciales complicaciones.
En la versión reducida, el objeto central de intervenciones es la denominada evaluación punitiva. Sin embargo, es todavía un objeto muy general, muy difuso, pues hay que definir los tipos de evaluación, las cuestiones procedimentales, las contextuales, las fases, los reactivos, los contenidos, y a partir de ahí definir los medios o acciones de intervención, que pueden ser legislativas, constitucionales, derogativas, reformas, adiciones, etc. En esta versión reducida, se pueden seguir varias estrategias:
- Seleccionar una o varias de las modalidades de evaluación. Hay propuestas minimalistas que dejan todas las evaluaciones como están y se concentran en la de desempeño; otras cuestionan la de ingreso también.
- Si seguimos la versión minimalista, hay 4 vías:
- Constitucional. Ya hay una iniciativa, del exsecretario general del SNTE en Veracruz, para eliminar del artículo 3º. la evaluación de permanencia. Quitándola se deja sin sustento todo el procedimiento contenido en la LGSPD.
- Reglamentaria. Se trata de afectar sustantivamente la LGSPD, para lo cual hay dos estrategias:
- Abrogar la ley y crear una nueva.
- Derogar algunos artículos, cambiar otros, añadir, modificar, etc, sobre todo en lo relativo a las modalidades de separación laboral.
- Procedimental: El acento se pone en fases, formas, reactivos, contextos y modalidades de la evaluación de desempeño. Estrictamente se podrían modificar algunos artículos de la LGSPD, pero básicamente cambia la cuestión de las fases de la evaluación, incorporando cuestiones contextuales, evaluando los aprendizajes claves, fortaleciendo las evaluaciones a los alumnos y la evaluación de la capacitación, entre otros aspectos. Se trata de una reingeniería de la evaluación, de añadirle procesos vinculados con los aprendizajes efectivos de maestros y alumnos, previa capacitación, así como de todo lo relativo al contexto regional, étnico, socioeconómico. El proceso sería más o menos así: 1: capacitación NME; 2: enseñar aprendizajes clave; 3: evaluación de aprendizajes clave con pruebas estandarizadas; 4: evaluación de desempeño docente a través de los resultados de los alumnos y vuelta a empezar.
- Administrativa: Se trata de atender la evaluación punitiva sin alteraciones institucionales, alargando resoluciones, retardando las mismas evaluaciones, un poco como se ha hecho en los últimos años, sobre todo después de Nochixtlán y las negociaciones con algunas secciones de la CNTE, sobre todo Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
¿Cuál es la valoración de esta estrategia?
- Las soluciones que no atacan la constitucionalidad de la evaluación son inestables, porque están sometidas a las demandas, pueden dar lugar a los amparos, solicitados por cualquier interesado en mantener la reforma del Pacto por México.
- Las acciones procedimentales son las favoritas de todos los interesados en continuar con la reforma, pues no cuestionan la ecuación evaluación-permanencia, sólo la modifican; no la alteran, no cortan todos los efectos nocivos para el magisterio: la producción de incertidumbre, las práctica docentes, los perfiles, la formación; tampoco en sus efectos sobre el aprendizaje, al estar centrados en la resolución de exámenes estandarizados.
- En las estrategias procedimentales y administrativas hay otro tipo de riesgos: los que modifican las fases y modalidades de la evaluación manteniendo todo lo demás, es decir, manteniendo los efectos sobre la estabilidad laboral. Así, por ejemplo, se pueden cambiar las fases de la evaluación de desempeño, focalizándolas en el aprendizaje, e incorporar las evaluaciones de capacitación, las de los resultados de aprendizaje en los niños, además de exámenes regionales; esto cubre varias expectativas, cambiando cuestiones contextuales y realizando una nueva torsión conceptual, que iría del derecho a la educación de calidad al derecho al aprendizaje. En términos prácticos, se abre la posibilidad de evaluar a los docentes, inclusive condicionar su recontratación, con base en los aprendizajes logrados por los niños y jóvenes en las pruebas estandarizadas. Este es un esquema común en otros países, como por ejemplo Chile.
- Aún en las versiones minimalistas, la clave de la discusión sigue siendo la evaluación con efectos sobre el empleo y sobre la formación y capacitación docente. Este es el punto a modificar, no los aspectos contextuales ni procedimentales, que sin ser menores, no alteran el rechazo magisterial ni los efectos institucionales, subjetivos y laborales de la evaluación de permanencia.
Veamos ahora la versión ampliada de la cancelación. Aquí las cuestiones son más complejas, el campo es más extenso, son mayores los objetos a intervenir y los procedimientos se vuelven más vastos. Por lo mismo, son más complicadas, más difíciles de resolver. Aquí hay una cuestión fundamental: mientras los neoliberales cuentan con años de experiencias, recetas, programas y acciones probadas, en México no hay nada comparable desde el lado opositor. Por tanto, necesariamente las aproximaciones se irán construyendo poco a poco.
- Desde un punto de vista político, la primera cuestión es atender las inconformidades magisteriales por la evaluación de permanencia y de ingreso. La estrategia es desvincular una de otra.
- Esto se consigue de varias formas: una en términos constitucionales, otra reglamentaria; pero juntas. Los asuntos procedimentales no caben aquí porque no se trata de modificar el modelo de la evaluación sino su función y sus efectos de subjetivación.
- Lo siguiente es cortar, interrumpir, hacer cortocircuitos en la vinculación de los diferentes programas y someter a revisión cada uno de ellos; de manera preponderante la autonomía de gestión, escuelas al CIEN y el NME.
- Después habría que atender las cuestiones relativas a los derechos educativos y la definición de calidad. Mientras se deslicen conceptos como derecho al aprendizaje y máximo logro de aprendizaje, la dupla calidad-evaluación seguirá viva, orbitando en los problemas y los programas; y no desde el lado gubernamental o desde el cártel educativo, sino desde las mismas resistencias, como se ve muy claramente en la reciente posición de la sección 22.
La base de la reforma educativa es la calidad como máximo logro de aprendizaje; de ahí derivan casi todas las acciones reformistas, en particular las evaluaciones, pero también el Nuevo Modelo Educativo, la autonomía curricular, la organización del INEE, las cuestiones sobre el derecho al aprendizaje y demás. Por tanto, la discusión de fondo es eliminar la calidad como máximo logro de aprendizaje y construir una alternativa a los criterios de la educación en México que no la reduzca al aprendizaje y la formación de sujetos neoliberales.
Y todo esto, sólo para empezar…
Fotografía: telesur
