Por: Dani Domínguez. Rebelión. 11/10/2020
El informe internacional ‘Hablan basura’, de la organización británica Changing Markets, pone a Ecoembes en el foco del lobby en España
En 2017, Ecoembes, la organización responsable de administrar los fondos recaudados de las tarifas que las empresas pagan para reciclar el plástico, tasa que se conoce como Punto Verde, aseguraba que en España se reciclaba el 69,7% de los envases de plástico; en 2018, el 75,8%. Sin embargo, un informe de Greenpeace cifraba el nivel de recuperación de envases de plásticos en 2016 en el 25,4%, una cifra considerablemente menor. Y, según la organización ecologista, el dato que el Ministerio para la Transición Ecológica envió a Europa ese mismo año fue del 45,46%.
El baile de porcentajes sitúa a Ecoembes en el punto de mira por ser el organismo que ejerce de facto el monopolio del reciclaje plástico en España. Así lo señala el informe Hablan basura. El manual corporativo de soluciones falsas a la crisis del plástico elaborado por la Fundación Changing Markets. La organización señala las malas artes de la industria del ‘usar y tirar’ para tratar de socavar legislaciones que apuesten por la reducción de la producción de plástico y que traten de mejorar los sistemas de reciclaje. El informe, que cuenta con un capítulo exclusivo para España –cuarto país de Europa con mayor demanda de plástico–, centra su crítica en Ecoembes, Sociedad Anónima creada en 1996 y operada como un consorcio de compañías, entre las cuales se encuentran algunas de las que más plásticos generan a nivel mundial, como Coca-Cola y PepsiCo.
Diferentes ONG y especialistas vienen señalando a la organización. Ecoembes, con los fondos que obtiene de la tasa Punto Verde, paga a los ayuntamientos lo que consideran que va a costar la recogida y gestión de los desechos del contenedor amarillo. En otras palabras: Ecoembes no paga a las administraciones por los envases que se ponen en el mercado, sino solo por aquellos que acaban en su contenedor correspondiente; si acaban en una playa, en el monte o en las calles, se desdicen del problema.
Según Greenpeace, “esto supone un ahorro considerable [para Ecoembes]” y explica la beligerancia de esta sociedad anónima ante la posibilidad de poner en marcha otros sistemas de reciclaje como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), ya implantado en otro lugares de Europa, y que reintegra al consumidor el depósito que ha pagado una vez se devuelve el envase a uno de los puntos de recogida. “Tienen mucho dinero y lo gastan todo en comunicación. Es muy difícil plantarles cara porque han comprado casi todos los medios. Hay gente que se atreve a denunciar las mentiras de Ecoembes pero no llegan muy lejos porque invierten tanto dinero en los medios de comunicación, que todo acaba siendo enterrado”, denuncia Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos.
Comunidades como Navarra, Valencia, Catalunya o Baleares han sentido muy cerca el aliento de la industria española del plástico. El 7 de junio de 2018, el Parlamento de Navarra aprobaba la nueva ley de reciclaje regional, una de las más avanzadas del todo el país. De acuerdo con algunos de los principales responsables políticos de Navarra en aquel momento, Ecoembes se opuso e intentó socavar las reformas que venían de la mano de la nueva ley. Así lo hicieron también compañías como Eroski, Coca-Cola, Ecovidrio y la industria del agua embotellada, según se explica en el informe de Changing Markets. Tal y como explica la exdirectora general de Medio Ambiente de Navarra Eva García Balaguer las corporaciones siguieron presionando una vez aprobada la ley. La realidad es que, a finales de 2019, la ley fue modificada y el plazo para prohibir el uso algunos productos de plástico de un solo uso fue ampliado hasta 2021.
Uno de los casos más sonados se produjo en la Comunitat Valenciana. En 2016, el gobierno de Ximo Puig (PSPV-PSOE) anunció su intención de poner en marcha proyectos de SDDR en la comunidad, lo que le costó una intensa oposición por parte de Ecoembes y de la Confederación de Empresarios Turísticos (CET-CV), cuyo rechazo fue frontal desde el principio y provocó que el gobierno abandonase la idea inicial.
La consecuencia directa más importante fue el cese del secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Generalitat valenciana, Julià Álvaro. Equo, el partido al que pertenecía el exsecretario autonómico, fue muy duro con la decisión y aseguró que el gobierno regional había “decidido ceder a las presiones de la industria ante las valientes políticas” llevadas a cabo por Álvaro. Una posición que también sostiene el diputado Juantxo López de Uralde, en esos momentos portavoz del mismo partido: “No tenemos ninguna duda de que el cese de Julià Álvaro es una respuesta a las presiones contra las políticas que se estaban llevando a cabo, y es la culminación de meses de trabas y trabas a las políticas ambientales”.
En Catalunya, ante la intención de implantar un SDDR para envases de bebidas de un solo uso, el lobby de la industria, «liderado por el presidente de DAMM (fabricante de cerveza) y representantes de Ecoembes, Ecovidrio, Foment del Treball, Freixenet y otros», orquestó, según el informe, una intervención presencial ante Santi Vila, el consejero de Sostenibilidad en aquellos momentos. Consiguieron retrasar el lanzamiento del informe encargado, aunque acabó publicándose un año después, en julio de 2017. «A pesar de los claros beneficios confirmados por el estudio, la industria todavía ha logrado retrasar su implementación«, explican desde Changing Markets.
En La Marea hemos contactado con Ecoembes, que ha asegurado a través de un correo electrónico que respondería a nuestras cuestiones. Hasta el cierre de esta edición, no había respondido.
Dinero y más dinero
El presupuesto anual de Ecoembes es enorme –en 2016 se acercaba a los 500 millones de euros– y, según los datos a los que ha tenido acceso Merca2, sus directivos cobran una media de 166.000 euros anuales –incluyendo sueldos, Seguridad Social y primas de seguros–, es decir, el doble que el presidente del Gobierno, a pesar de que se trata de una organización sin ánimo de lucro.
La comunicación es su gran baza y en ella suele disfrazarse de organización ecologista. El informe de Changing Markets recoge diferentes ejemplos del poder de la sociedad. Ecoembes financia y es el patrocinador principal del Congreso Nacional de Medio Ambiente y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. También patrocina la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid, conocida como cátedra Ecoembes, único departamento de esa institución que investiga los residuos de envases de plástico. Junto a la Universidad de Alicante, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de las Palmas de Gran Canarias ha llevado a cabo estudios contrarios al SDDR calificados de “chapuceros” y “bochornosos” por el ambientólogo y consultor de sostenibilidad Alberto Vizcaíno.
Las consecuencias del poder de comunicación y lobby de Ecoembes y las compañías que lo conforman es claro: mientras que las grandes organizaciones ecologistas apuestan por la puesta en marcha de Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno –el cual se encuentra contemplado en la ley de reciclaje de 1997– en España ninguna gran iniciativa de este tipo ha sido puesta en marcha, más allá de contadas excepciones en ámbitos locales y regionales.
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Fotografía: Rebelión.
