Las fuerzas progresistas de Brasil enfrentan un desafío enorme en la reconstrucción de la izquierda.

Los asesinos de Julio César de Shakespeare, los fiscales y los jueces que condenaron a Lula se consideran guardianes de las virtudes republicanas supuestamente amenazados por un proyecto de energía sin escrúpulos basado en la manipulación de las masas. El fiscal en el juicio de Lula el 24 de enero atacó lo que llamó una “tropa de choque” movilizada a favor del acusado, especialmente del mundo académico. En su opinión, al asociar la persecución del ex presidente con la destrucción de los avances sociales del país durante la última década, sus partidarios promueven un tipo de “sebastianismo” [1] con consecuencias nefastas para el país.

Al igual que los golpistas militares de 1964 en sus autoproclamados deberes para limpiar las instituciones nacionales, los miembros del aparato judicial policial que operan junto con los medios de comunicación principales desencadenaron un cambio en el significado del concepto mismo de corrupción, el supuesto objetivo de sus acciones.

Los cargos contra Lula ilustran claramente tales transformaciones semánticas. Tradicionalmente, un político que usa su poder para el enriquecimiento personal se clasifica como corrupto. Ahora, como lo demostró la operación Lava Jato, los gerentes de segundo nivel de Petrobras han acumulado cientos de millones de dólares en activos. Por lo tanto, no tendría sentido creer que el supuesto líder supremo del esquema de uso indebido de recursos del gigante petrolero estatal sería recompensado con la reforma de un apartamento de clase media y un rancho de segunda categoría, ninguno de los cuales estaba registrado a su nombre. De hecho, si el compromiso de Lula en la vida pública fue motivado por el auto enriquecimiento ilegal, podría haber acumulado una riqueza mucho más allá de su estado actual desde su época como jefe de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema a mediados de la década de 1970.

De hecho, lo que la operación Lava Jato demostró hasta el cansancio fue la existencia de un inmenso sistema de financiación ilegal en el que parte de las ganancias extraordinarias obtenidas por un cartel de grandes contratistas se distribuyó a políticos de todas las partes con influencia significativa en el ejecutivo y ramas legislativas. Esto explica las donaciones en los millones de reales hechas en la contabilidad paralela de las empresas a los políticos del partido de la oposición, el PSDB, que, mientras tanto, se han librado de las detenciones y la pérdida de los mandatos parlamentarios. La investigación de las denuncias, en estos casos, sigue el patrón habitual de impunidad para las elites brasileñas.

Pero la “corrupción” que condenó al ex trabajador es otra. Como los políticos de la antigua Unión Democrática Nacional, el partido basado en la clase media urbana cuya razón de ser era la implacable lucha contra el presidente Getúlio Vargas y su legado, diría: “la mayor corrupción es comprar el apoyo del pueblo” con beneficios sociales. En esta concepción elitista de la política, si el proceso político genera apoyo para los líderes que mejoran las vidas de los sectores subordinados, su legitimidad se torna sospechosa y se hacen necesarias medidas de “purga”. En nombre de la democracia, recurren a un golpe.

La condena del ex presidente a 12 años de prisión es el último hito en la evolución de la principal operación política en curso en Brasil desde 2013. Los objetivos del nuevo bloque de poder en el país siempre han sido claros: derrocar a la presidenta Dilma Rousseff, ya que era imposible derrotarla en las urnas; revertir el proceso de reducción de la desigualdad material y simbólica iniciado en 2003; derogar los derechos sociales establecidos por la legislación laboral de la era Vargas y los establecidos por la Constitución de 1988; aniquilar las aspiraciones para el desarrollo nacional y cualquier rol protagónico de Brasil en la escena internacional; destruir a Lula políticamente y evitar que sea elegido para la presidencia; y criminalizar, y si es posible, desterrar al Partido de los Trabajadores.

Aunque inicialmente los líderes golpistas bajo el presidente Michel Temer avanzaron sin mayores bloqueos, la resistencia de la izquierda y los movimientos sociales, particularmente durante el año pasado, ha tenido éxito en mitigar o al menos retrasar la plena implementación del programa reaccionario descrito anteriormente.

En los momentos eufóricos del movimiento para acusar a Dilma, la derecha brasileña soñaba con un día en que la condena del ex presidente fuera celebrada por las multitudes en las calles. Pero el 24 de enero, las ollas que normalmente son golpeadas fueron silenciadas, y la movilización en solidaridad con el acusado excedió en gran parte al número de opositores que salieron a las calles a celebrar. Con respecto a Lula, el resultado es dudoso. El proceso de demonizar su imagen se realizó gradualmente para que el momento de su condena coincidiera con su total aislamiento y desmoralización.

Por un lado, la condena se obtuvo sobre la base de pruebas, como escribió Mark Weisbrot en el New York Times, “muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial de los Estados Unidos”. Esto, inicialmente, hace poco probable que pueda volver a ganar y ejercer la presidencia y genera el riesgo real de su encarcelamiento.

Por otro lado, la aceptación popular de esta condena está muy lejos de lo que imaginaron sus enemigos hace un año o dos. Obviamente, Lula nunca volverá a alcanzar la calificación de aprobación del 90% registrada al final de su segundo período presidencial. Pero por el momento, lideraría las encuestas por un amplio margen, generando temores sobre las consecuencias de una posible cancelación de su candidatura.

Varios factores pueden explicar este resurgimiento a favor de aproximadamente la mitad de la población de este país continental para su ex presidente. El partidismo de la judicatura se hizo evidente. La agresividad de la nueva derecha gestada en el proceso de destitución pone nerviosos a los votantes moderados. Varios de los precandidatos en el centroderecha están desmoralizados por acusaciones de corrupción, así como por su participación en la administración Temer, impopular y golpista. Hay un marcado contraste entre estos frágiles aspirantes y un líder que, a los pocos meses de recorrer el país, ha recuperado una parte importante de su base de apoyo y lo ha movilizado nuevamente en defensa de los derechos adquiridos durante su administración.

Las fuerzas progresistas de Brasil enfrentan el enorme desafío de construir una nueva alternativa política para el país, que requiere la capacidad de equilibrar los errores y éxitos del PT, pero el juego está lejos de terminar, y Lula seguirá desempeñando un papel clave.