Por: John Gibler. 26/09/2023
Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”. Es también el testimonio de cómo el gobierno desarticuló el área encargada de investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gertz Manero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, a su oficina.
de que la “visita” tenía un interés muy particular: las órdenes de aprehensión contra militares y otros oficiales.
“Primero llegaron a buscar en nuestras investigaciones porque llevaban a Murillo”, dice Julio, “pero su cometido eran los militares. Ahí anunciaron la cancelación de las órdenes de aprehensión cuando Asuntos Internos ya tiene el control”.
El viernes 9 de septiembre, menos de una semana después de la llegada de la “visita”, Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal especializada en Derechos Humanos, y Adriana Campos López, fiscal especializada de Asuntos Internos, firmaron los primeros oficios que pedían la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, 16 contra militares, de las 83 que la UEILCA había elaborado, y que habían sido concedidas por un juez. Ese mismo día, López Obrador formalizó en un decreto el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.
El siguiente martes, 13 de septiembre, un ministerio público federal mandó la cancelación al juzgado.
Dos días después, Gómez Trejo y el director del núcleo A de la UEILCA enviaron un oficio al juez que había liberado las 83 órdenes de aprehensión. “Le cuestionamos las razones por las cuales las había cancelado”, dice, “por qué había roto el sigilo, por qué enseñó a otros funcionarios de la FGR las órdenes de aprehensión, y por qué había escuchado a otros fiscales para cancelarlas”. Después subió por última vez al piso 25 para entregar su renuncia.
“Yo me voy a Israel. Salen las órdenes de aprehensión”, cuenta Gómez Trejo. “Y después, cuando regreso, no tengo policía, no puedo seguir investigando, me van a hacer una auditoría y todo eso. Y hay un equipo por otro lado que está queriendo cancelar las órdenes de aprehensión. Y ahí el fiscal dice: ‘usted ya no se mueva, usted ya no haga nada’. Ahí quedé paralizado”.
En ese tiempo llamó al subsecretario Encinas y le dijo que estaba pasando algo que no entendía. “Le digo: yo no sé qué está pasando. Y después me dice: es porque judicializaste a militares. Le digo: pero esa fue la petición. O sea, sí hubo una petición, nosotros estábamos listos para judicializar y lo hicimos. Pues no fue así, [dijo,] porque te excediste en cuanto al número de militares. Al final me explicaron que al parecer no se pusieron de acuerdo entre las distintas instancias que tomaron esos acuerdos”.
Gómez Trejo se dio cuenta de que lo habían hecho a un lado, no podía investigar, las personas que tomaron el control de la oficina estaban haciendo cosas indebidas como cancelar órdenes de aprehensión basadas en pruebas y concedidas por un juez, y no se quiso prestar a eso. Buitrago y Beristain le dijeron que tenía que aguantar y denunciar todas las irregularidades.
Pero fue en el momento que se enteró, por conocidos del juzgado, de la cancelación de las 21 órdenes, y se dio cuenta de que los fiscales de Asuntos Internos ni siquiera le avisaron que iban a pedirla, que dijo: “Hasta aquí”. “Ahí ya entendí que yo no tenía una oficina. Para mí era imposible seguir trabajando en esas condiciones”.
Ese mismo día, 15 de septiembre, detuvieron al general retirado José Rodríguez Pérez por delincuencia organizada y desaparición forzada en relación con el caso Ayotzinapa. Fue uno de los cinco militares incluidos en el informe de la Covaj.
“Llegó Omar y nos dijo que lo habían sacado del caso”, recuerda Aguirre, “que no había estado su gente [llevando la audiencia de Murillo Karam] porque Asuntos Internos había intervenido. Y paralelamente nos habían informado de la detención del coronel Rodríguez Pérez del 27 batallón”.
Gómez Trejo se reunió con las familias al día siguiente y les explicó sus razones: “No están actuando bien, no están haciendo las cosas bien. Están otra vez haciendo lo mismo: una intervención directa de muy alto nivel en la investigación”.
El 27 de septiembre se publicó la noticia de la renuncia de Gómez Trejo. Dos días después, el GIEI presentó su cuarto informe, que pone en duda los mensajes de WhatsApp atribuidos a Guerreros Unidos hechos públicos por la Covaj.
Ese mismo día 29, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador dio su respaldo a Encinas: “Se va a actuar a partir del informe que presentó la comisión. Y en ese informe vienen los nombres de los presuntos responsables. Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación, hablando de más personas en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20 cuando en la investigación son cinco”.
El presidente parecía referirse al desayuno que tuvo aquel 15 de agosto con Encinas, Gertz, López y Zaldívar: “Viene en el informe una lista de responsables. Acordamos con la fiscalía y con el poder judicial que esto iba a requerir de la colaboración de las instituciones, […] que en un asunto tan importante teníamos que ayudarnos mutuamente. Entonces, cuando se tiene el informe, se le plantea al fiscal, aquí está el informe. Y queremos que se actúe. Pero que se actúe ya”.
Luego atribuyó la renuncia de Gómez Trejo a celos profesionales: “Entonces, el reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas. Yo daba por hecho que habían participado todos. Sí. Entonces, no les gustó que se actuara así. Ni le gustó el informe, al fiscal que estaba. Por eso planteó lo de su renuncia”.
Un día después volvería a mencionar esa conversación. “En ningún caso tuve resistencia del fiscal, Gertz Manero, ni del presidente de la corte, porque hablé con ellos, les pedí apoyo y colaboración y los dos siempre [estuvieron] dispuestos a ayudar”, dijo el presidente, reconociendo una vez más que una cúpula del Estado se reunió para ponerse de acuerdo sobre una investigación criminal que implica a cientos de policías, militares y funcionarios públicos en delitos de lesa humanidad.
“Imagínense”, agregó López Obrador, “si por años se habla de que ‘fue el Estado’, pues sí. ‘Y fue el Ejército’, pues sí, pero no la institución: son elementos”.
Octubre de 2022
El 5 de octubre, Gómez Trejo entregó la oficina de la UEILCA al tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, un abogado sin ninguna experiencia en casos de tortura o desaparición forzada, que venía de trabajar en el controvertido proyecto del Tren Maya como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Anteriormente había sido titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Una de sus primeras acciones fue trasladarse del piso 13 al 11, y cerrar la vista a su despacho. “[Antes] eran oficinas de cristal en las que todo se veía”, recuerda Álex, que en 2015 colaboró con el GIEI y trabajó en la UEILCA del 2020 al 2022. “Y en el piso al que nos cambiamos, la oficina del nuevo fiscal es cerrada, es grande, y no puedes ver nada. Hasta tiene silloncito de espera afuera”.
En alguna fría ciudad de los Estados Unidos, durante un par de días de invierno, Gómez Trejo me contó su historia. Dice que cuando el presidente empezó a mencionarlo en sus conferencias de prensa, a decir que quiso proteger a Murillo Karam, y que inició una mini rebelión dentro de la fiscalía y quiso reventar la investigación, le dio miedo.
“Lo que está diciendo”, afirma Gómez Trejo, “es ‘le quité todo mi apoyo. Él ya no pertenece a esto. Él me desafió. Él desafió al Ejército’. Es decir, te puede activar cualquier reacción de cualquier lado. Hay gente del crimen organizado, hay gente del Estado, hay gente que tiene recursos, hay gente que puede hacer cualquier cosa. Yo me sentí muy vulnerable. Superexpuesto. Que el presidente te criminalice en su mañanera es otro nivel de mensaje el que manda. Tuve que salirme. En fin, no es fácil. Ahora hay que inventarse otra vida”.
Damián presentó su renuncia poco tiempo después de la salida de Gómez Trejo. Cuenta que uno de los abogados enviados por Gertz le dijo que ya podía tomar sus vacaciones, aunque la normativa no lo permitía, pues ya había disfrutado ese periodo. “Es que es una instrucción”, le contestó.
“Esa es la palabra”, dice Damián. “Yo quiero escribir algo donde el título sea ‘La instrucción’, porque es lo único que te saben responder. Tú dices ‘eso está mal’. Y te contestan ‘no, es la instrucción’. ‘Oye, es que eso no se puede hacer’. ‘No, no, no, es la instrucción’. Y yo digo, a lo mejor en su eterna ignorancia esta gente no entiende lo que significa, por ejemplo, haber dicho eso en los juicios de Núremberg [donde los nazis atribuyeron sus crímenes a la obediencia de órdenes superiores], porque obviamente no entienden de derechos humanos. O sea, la salida de Omar no solo significa dinamitar el caso, lo que ya es grave y complicado. Significa también desmantelar un semillero de cómo se tiene que enfrentar la realidad más cruda que vive este país, que son las más de 100,000 desapariciones”.
Las secuelas
Las familias de los estudiantes desaparecidos se volvieron a reunir con López Obrador después de la renuncia de Gómez Trejo. Estaban consternadas. El presidente intentó explicarles el conflicto que había por el número de militares consignados en las órdenes de aprehensión. Dijo que Gómez Trejo había intentado reventar la investigación aumentando el número a 20 inculpados: “A mí me dijeron que eran cinco”.
“A lo mejor es nuestra ingenuidad oenegera, pero, ¿por qué tendría que estar negociando el presidente con el Ejército el número de acusados en un contexto de estudios basados en la prueba?”, dice Aguirre, que estuvo presente en la reunión. “Son los que la prueba te dé. Si es uno, uno. Si son dos, dos. Pero, al tiempo que el presidente explicaba a las familias su teoría de cómo había variado el número, estaba confesando la manipulación de la justicia. Y de eso es de lo que venimos huyendo en este caso. Eso era lo que iba a cambiar”.
El 31 de octubre de 2022, el GIEI convocó a una conferencia de prensa en la que dio a conocer el resultado del peritaje independiente de los mensajes de WhatsApp que sostienen el informe de la Covaj. En pocas palabras, el GIEI concluye que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes”. Las fechas de la metadata no coinciden con las fechas de los mensajes. “No puede existir metadata posterior a un mensaje anterior, es inconsistente”, dice Cox. “Entonces, esa información no sirve para nada. Para nada”.
Varios elementos de las imágenes –como la doble palomita azul– no existían en WhatsApp en septiembre de 2014, la fecha de los supuestos mensajes. El informe de la Covaj quedó completamente desacreditado. Pero ya importaba poco: el presidente lo respaldaba, Gertz apoyó al presidente, y habían tomado el control de la UEILCA.
Claudia Paz y Paz y Francisco Cox renunciaron al GIEI en protesta por las intromisiones políticas en la investigación. Ángela Buitrago y Carlos Beristain se quedaron, aunque también dejarían el grupo y el caso en julio de 2023, denunciando las mentiras y la negativa del Ejército a entregar todos los documentos relacionados con el caso, particularmente las transcripciones completas de las llamadas interceptadas –al parecer de manera ilegal– entre miembros de Guerreros Unidos.
En la presentación del sexto y último informe del GIEI, Beristain dijo: “El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad […]. El GIEI ha llegado con este informe hasta el límite de donde se ha podido investigar como asistencia técnica. El GIEI ve imposible continuar con su trabajo. […] Para poder resolver el caso, se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes. […] El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable”.
En junio, cuando ya se sabía que el GIEI saldría del país en protesta por la negativa del Ejército a entregar los documentos del caso, se restablecieron 16 órdenes de aprehensión contra militares canceladas en 2022. Las nuevas órdenes contenían las mismas pruebas que las primeras, mostrando que su cancelación se debió a una instrucción política y no a una razón jurídica. El 8 de julio detuvieron al general Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón en Iguala cuando sucedió la desaparición forzada de los 43 estudiantes, pero unas semanas después le permitieron enfrentar el proceso en prisión domiciliaria. El 25 de julio detuvieron a Gualberto Ramírez, exfuncionario de la SEIDO acusado de tortura y desaparición forzada. Murillo Karam sigue en la cárcel, y Zerón continúa prófugo en Israel, luego de que Encinas fuera grabado en ese país diciendo que no creía que Zerón fuera culpable y ofreciéndole inmunidad a cambio de información sobre el caso.
Las órdenes de aprehensión contra Iñaki Blanco, el exprocurador del estado de Guerrero, y Lambertina Galeana, la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, nunca fueron reactivadas. Ambos gozan de amnistía de facto.
Después de la presentación del último informe del GIEI –con los detalles de la participación del Ejército en la desaparición forzada de los estudiantes y sus casi nueve años de negaciones y mentiras–, López Obrador rechazó lo que había dicho el grupo de expertos y manifestó su apoyo a las Fuerzas Armadas.
El 21 de septiembre de 2023, en su conferencia de prensa matutina, el presidente mostró dos cartas que le envió al secretario Cresencio Sandoval. La primera se la mandó el 12 de agosto de 2022, el mismo día que Gertz le dijo a Gómez Trejo que le preparara una ficha con los avances en el caso Ayotzinapa para un desayuno que tendría unos días después con López Obrador. En la carta, el mandatario le pide al secretario de Defensa que proceda contra cinco militares involucrados en la desaparición de los normalistas, según un informe de la Covaj. Un informe ahora desacreditado y abandonado, es decir: con pruebas falsas. Pruebas había –en las escuchas de Chicago, en el análisis de telefonía de los militares–, pero no en ese informe.
En la segunda carta, enviada el 23 de mayo de 2023, el presidente pide al secretario de Defensa su apoyo para detener a 16 miembros del Ejército por sus relaciones con el narcotráfico y su negación a prevenir la desaparición de los estudiantes. Son los mismos 16 militares a quienes les cancelaron las órdenes de aprehensión en septiembre de 2022, que volvieron a girar –con las mismas pruebas que consiguió la UEILCA– en medio de las críticas del GIEI al Ejército por no entregar toda la documentación sobre el caso.
El mismo día en que mostró las cartas, el pasado 21 de septiembre, se dio a conocer que habían despedido a los últimos fiscales que quedaban del equipo original de la UEILCA.
En poco más de un año, frenaron las investigaciones y tomaron el control del caso.
“Se dinamitó la mejor investigación que este país ha tenido en años”, dice el abogado Damián. “Hay elementos con esto para pasarse a la corte interamericana, porque el hecho es que, si tú pones a una persona, que trae 60 personas más que no saben y no tienen idea de cómo se hace el trabajo, la desaparición forzada sigue, perpetúan la desaparición”.
A finales de octubre de 2022, después de la conferencia en la que el GIEI anunció que dos de sus miembros se iban en protesta por las manipulaciones del caso, Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel, se acercó a despedirse de Claudia Paz y Paz y Francisco Cox. Los abrazó y les dijo: “Nos dieron la esperanza solo para quitarla. Es como si nos hubieran dado alas para cortarlas cuando estábamos volando alto”.
Las familias, nueve años después, siguen enfrentando un Estado que miente, siguen luchando para encontrar a sus hijos.
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**Foto de portada: La marcha del 26 de septiembre de 2021, que fue encabezada por las familias de los normalistas, avanzó bajo la consigna: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. (Paola Macedo/ObturadorMX)
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Fotografía: Proceso. yotzinapa. La marcha del 26 de septiembre de 2021, que fue encabezada por las familias de los normalistas, avanzó bajo la consigna: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Foto: Paola Macedo/ObturadorMX