Por: La Marea. 16/06/2018
En el discurso de Glòria Poyatos es muy difícil encontrar un solo argumento sin un ejemplo que lo sostenga. “Soy muy práctica”, dice. Antes que abogada y jueza, trabajó donde pudo para pagarse sus estudios: en una pizzería, en una pastelería, en el campo, vendiendo piscinas… “Y eso te da una visión de la sociedad mucho más amplia que si vives en una burbuja. Es más fácil entender a una persona a la que le han hecho firmar hojas en blanco como exigencia para poder contratarla si a ti te lo han hecho antes. A mí esa experiencia me ha servido mucho para tomar decisiones judiciales y en mi trayectoria como abogada. Ahí ves cómo operan las discriminaciones y la mayor vulnerabilidad de las mujeres en un mercado de trabajo construido a nuestras espaldas, donde el concepto de trabajo productivo ha despreciado históricamente el trabajo de los cuidados”, reflexiona la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
También ello, defiende, debería incorporarse a la carrera judicial: “Actualmente, la educación emocional, que también se adquiere cuidando, carece de valor curricular en la carrera judicial y en otros estamentos, pero vivimos en un mundo globalizado donde ya se está valorando, y cada vez más, esta inteligencia no académica porque aumenta las habilidades humanas para trabajar en equipo y capacita para la toma de decisiones con impacto humano. Esto está muy vinculado a la práctica de cuidar. Por eso es importante empezar a visibilizarlo y que sea un requisito indispensable para acceder a la carrera judicial y promocionar. La inteligencia emocional es una cualidad imprescindible para hacer justicia. Además, este reconocimiento curricular de los cuidados propugna la corresponsabilidad y camina hacia la igualdad real”, prosigue en una charla telefónica con La Marea.
Poyatos, cuyo padre y cuya madre no estudiaron –”en mi casa no había ni un libro ni me leyeron un cuento”– define la Justicia con tres verbos: reconocer derechos a quien se les niega socialmente, redistribuir con equidad y perspectiva de género y representar la mirada completa de la sociedad. “¿Qué si no la igualdad puede ser la finalidad de la Justicia?”, añade. Acaba de regresar de Buenos Aires (Argentina), donde ha participado en un congreso junto con 1.000 juezas de 78 países, entre ellas, varias perseguidas políticamente, exiliadas y otras, como las paquistaníes, que salían de su país por primera vez. “Esta otra parte del mundo ni siquiera ha conquistado la igualdad jurídica. Y te explican cómo en sus países, cuando hay una sospecha de adulterio, el padre, el abuelo o el marido pueden acabar con la vida de la mujer sin que eso sea castigado penalmente; o te dicen con una normalidad increíble que en sus países, en los procedimientos judiciales, la palabra de un hombre solo se puede contradecir con la palabra de otro hombre o de dos mujeres”.
Y aquí está La Manada.
Me llevé algunas sentencias para demostrar cómo opera el estereotipo y cómo se franquean. Y entre ellas estaba la de La Manada, que ha dado la vuelta al mundo. Pero hay más, como aquella de la violación de una chica por accidente en Inglaterra. O el juez de Portugal que dijo que el adulterio es un gravísimo atentado contra el honor y la dignidad de un hombre y recurre a la Biblia, donde se castiga a la mujer adúltera hasta la muerte, para justificar la violencia contra las mujeres. Eso está en una resolución de un juez europeo.
¿Qué conclusiones extrae de ese congreso?
Un congreso de este tipo sirve para darte cuenta de que la discriminación de género no es un monopolio de ningún país, se reproduce en todos los rincones del mundo. Y sirve también para darte cuenta de que la resistencia existente en la carrera judicial a juzgar con perspectiva de género, que es el camino desde la Justicia para conquistar la igualdad real, es también un problema global. En este tipo de congresos se produce algo extraordinario, una experiencia vital enriquecedora a través de un intercambio de información judicial potentísimo, no solo para analizar un problema común a todos los países, sino también para buscar herramientas transformativas y propuestas efectivas hacia un cambio en la cultura judicial, que convierta la Justicia en promotora hacia un Estado realmente social y democrático de derecho pero sobre todo un Estado igualitario. Una sociedad que mide con el mismo rasero a los desiguales genera más desigualdad.
¿Cuáles son esas medidas?
Por ejemplo, un protocolo para juzgar con perspectiva de género. El de México es el primero que existe en el mundo. No tenía efectos vinculantes porque la Justicia debe ser independiente. Sin embargo, ahora sí es vinculante porque el Tribunal Supremo lo ha integrado en sus propias sentencias y lo ha convertido así en jurisprudencia. Es decir, todos los jueces y juezas jerárquicamente inferiores tienen que seguir ese criterio. Eso es maravilloso, porque es una forma muy rápida de integrar la perspectiva de género en la justicia, compatibilizándolo con la correspondiente formación judicial en género personalizada y permanente. La Corte Suprema de Perú, por ejemplo, ha establecido criterios vinculantes que deben seguir los jueces y juezas en la impartición de justicia en casos de feminicidios.
Una sentencia de la que usted fue ponente dio la razón a una mujer porque la empresa ni siquiera había cumplido su propio plan de discriminación positiva. ¿Es posible que otros jueces o juezas hubieran dado la razón a la empresa?
Totalmente, es muy difícil de ver. Te tienes que poner las gafas antiprejuicios. Es dificilísimo juzgar con perspectiva de género aun para la gente formada, porque la estereotipia opera de una forma muy soterrada y hoy las discriminaciones son indirectas, no son directas. Hay tres verbos que definen muy bien lo que es juzgar con perspectiva de género, que es detectar, corregir y compensar. Son los mismos pasos que tiene que dar un cirujano o cirujana cuando practica una intervención quirúrgica. Tenemos que practicar cirugía de género.
Siempre se ha dicho que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Da la sensación de que hay una justicia para hombres y otra para mujeres.
La Justicia es un estamento desconocido y muchas veces ininteligible, en la aplicación e interpretación de un derecho con severas carencias de la perspectiva femenina, tanto en el fondo como en la forma. Tenemos un derecho que tiene género, que se ha forjado a espaldas de las mujeres, y te pongo ejemplos. El estándar de diligencia civil es el del buen padre de familia, sigue ahí. El artículo 149 del Código Penal describe en masculino el delito de mutilación genital (“el que causare a otro”), a pesar de que solo se puede cometer con las mujeres. El estándar de diligencia en el Código de Comercio es el del buen empresario. O peor todavía, tienes una Constitución que en el artículo 1 proclama como valor superior la igualdad y un poco más adelante, en el 57, dice que da prevalencia al varón en la sucesión en la Corona sin explicar por qué. Fíjate la bipolaridad, ya incluida en la propia Constitución. Y tenemos una jurisprudencia que también tiene género, y es masculino.
La foto de la apertura del año judicial, la comisión inicial para abordar la revisión de delitos sexuales tras la sentencia de La Manada…
La jurisprudencia se ha esculpido históricamente por hombres, porque ese ha sido y sigue siendo el sexo del Tribunal Supremo. Actualmente solo hay 12 magistradas de un total de 83 integrantes. Hasta hace solo unos meses no había ninguna mujer en la Sala Civil del Supremo, que es donde se resuelven los recursos en el ámbito de familia. Y fíjate la contradicción: las mujeres encabezamos en este país las estadísticas que miden el tiempo dedicado a los cuidados familiares, en cambio no tenemos nada que decir en la sala que resuelve los recursos en materia de familia. Lo mismo ocurre con el Constitucional. Es una anomalía democrática que redunda en la calidad de la Justicia, porque no representa la mirada completa de una sociedad. Con un ejemplo a la inversa se ve más clara la anomalía: imaginemos un Constitucional compuesto solo por mujeres y que tiene que decidir sobre la constitucionalidad de una ley que establece la castración química en delitos sexuales. Quizá la decisión no sería la misma si el tribunal estuviera compuesto por hombres. Por eso es una excentricidad democrática que en breve el TC se tenga que pronunciar sobre la constitucionalidad de la Ley del Aborto formado mayoritariamente por hombres [10 hombres y 2 mujeres] . No obstante, tan negativa es la masculinización de la cúspide judicial como su completa feminización, porque pierdes la mirada de la otra parte. Asegurar el equilibrio de ambos sexos es, desde mi punto de vista, lo más democrático y representativo de la diversidad social.
¿Reformar leyes o cambiar las mentalidades?
Ambas cosas. Porque conforme vamos caminando te das cuenta de que las leyes todavía abrazan estereotipos pero es muy sutil. Los estereotipos son inmunes a las leyes, pero quienes usamos las leyes no somos inmunes a los estereotipos. Los jueces y juezas nacemos en la misma sociedad en la que inhalamos esos machismos desde todos los ámbitos sociales. Nos han educado para ser machistas a hombres y mujeres. Y cuando el estereotipo traspasa nuestro tejido perceptivo ya no tenemos conciencia de su existencia, es como nuestra forma de pensar y no lo percibimos como un problema. Se naturaliza en las propias sentencias.
¿Hay que cambiar la tipificación de delitos sexuales?
Sí. Separar la violencia y la falta de consentimiento es introducir un estereotipo en la redacción del tipo. Ese estereotipo es el consentimiento sexual implícito y permanente en las mujeres y las niñas. Ese es un mito histórico que estaba dentro de nuestras leyes de forma muy clara hasta el siglo pasado y todavía hay reminiscencia en el artículo que regula los abusos sexuales. En el caso de La Manada, estamos ante una interpretación jurídica del concepto “intimidación”, mecánica y sin perspectiva de género que aplica criterios genéricos sin tener en cuenta las especiales circunstancias del caso concreto, que se describe con espeluznante detalle en la sentencia.
La primera ley que lleva el nuevo Gobierno al Congreso es sobre la formación en violencia de género de los jueces y juezas. Hace poco el anterior demostró su falta de compromiso real con el capítulo de la financiación del Pacto de Estado.
Este tipo de actuaciones [del gobierno del PP] es lo que sostiene la violencia de género en su cara más atroz. Hemos disociado la acción y la dicción. Decimos que somos iguales pero no actuamos como si lo fuésemos. Y volvemos a los estereotipos. Ellos se construyen mediante el aprendizaje observacional. Y si dices una cosa pero haces otra, en el imaginario social queda lo segundo. Si actúas banalizando la violencia de género, estás dando un mensaje de naturalización de la violencia de género. Si permites anuncios que cosifican a las mujeres, estás creando un caldo de cultivo para que se produzca la violencia sexual. Si tratas de manera diferente los permisos de maternidad y paternidad, estás enviando un mensaje que retroalimenta el rol de las mujeres cuidadoras y de los hombres que sostienen la casa. Y si tienes una foto de la Justicia sin mujeres, a pesar de que son mayoría en la carrera, retroalimentas el mensaje de que los hombres son mejores intelectualmente. Todo ello es una mullida base que sostiene el asesinato de las mujeres.
¿Hay una apuesta real de la educación en igualdad?
Se ha incumplido la Ley de Igualdad y de Género por parte del Gobierno en lo referente también a la coeducación. Los jóvenes son seres del presente que ya pueden ayudar a cambiar la sociedad y son dúctiles en valores. La educación es la vacuna contra las violencias de género. En el programa que impulsamos desde nuestra asociación, Educando en Justicia Igualitaria, hay jóvenes que te dejan descolocada. Una chica, por ejemplo, me dejó bloqueada a mí y al resto del equipo judicial cuando preguntó que por qué se asesinaban a mujeres que tenían órdenes de protección acordadas judicialmente. Con toda la lógica del mundo.
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Fotografía: La Marea
