Por: tlachinollan. 01/01/2023
En memoria de Bernardino García Francisco,
sobreviviente de la masacre de El Charco
perpetrada por el Ejército Mexicano.
Impulsor de la policía comunitaria en el municipio de Ayutla
y coordinador en la casa de justicia de El Paraíso.
Fiel defensor de los derechos del pueblo Na´Savi.
El Estado quedó en deuda con Bernardino
porque nunca reparó los daños, ni castigó a los militares.
Como las aguas subterráneas que corren sigilosas en los terrenos agrestes de la montaña, este sábado 17 de diciembre, 136 comunidades indígenas y afromexicanas, culminaron un proceso de reflexión colectiva en torno a su reglamento interno, que forma parte de la columna vertebral del sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria. Las 5 casas de justicia que tienen sus sedes en San Luis Acatlán, Espino Blanco, Municipio de Malinaltepec, Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres y Caxitepec-Las Juntas, Municipio de Acatepec, asumieron el compromiso en sus asambleas regionales de convocar a las autoridades comunitarias para revisar y actualizar la ley comunitaria que le da fundamento y razón de ser a un modelo de justicia que se sustenta en los sistemas normativos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente y que forman parte de las leyes que rigen en nuestro país.
Hace 27 años los pueblos y comunidades Me´pháá, Na Savi y Afro apelaron al sistema de justicia del Estado para ser tomados en cuenta como sujetos de derecho. Buscaron por diferentes vías la interlocución con los ministerios públicos, los jueces y juezas, así como las corporaciones policiacas para entablar un dialogo constructivo en torno a las graves fallas que existen en estas instituciones del Estado, a causa de la exclusión y discriminación que prevalece contra la población indígena y afromexicana. Fueron vanos todos los intentos, siempre hubo un desprecio por parte de las autoridades mestizas que tratan como si fueran seres inferiores e irracionales a las personas que son portadoras de otras culturas y que se expresan en otras lenguas. El aire de superioridad que ejercen quienes ocupan cargos públicos ha causado múltiples agravios a una sociedad diversa y prolífica en cuanto otras formas de ver el mundo y de entender el derecho y la justicia. Su intolerancia y arrogancia forman parte de los principales obstáculos para ejercer la autoridad respetando los derechos humanos de la población indígena. Se asumen como si encarnaran la ley y la verdad, se sienten intocables y dueños tanto del patrimonio del pueblo como de las instituciones públicas y la aplicación arbitraria de la ley. Es un sistema mercantilista y racista que funciona con dinero y con influencias políticas, la gente pobre e indígena es ignorada y pisoteada en sus derechos porque no hay quien las defienda y porque el racismo acendrado de quienes gobiernan obnubilan sus mentes y los ciega su poder deshumanizado.
Ante esta muralla infranqueable de un sistema jurídico monocultural e individualista, en nuestro estado los pueblos indígenas y afros han peleado y resistido desde hace siglos para sobrevivir y preservar su patrimonio tangible e intangible. No se han doblegado ante la embestida de gobiernos usurpadores que los han desplazado de sus territorios y despojado de sus bienes naturales.
Desde aquellos años nos han dado lecciones de que su lucha se inspira en el otro derecho, en el derecho de los pueblos, el derecho comunitario conocido como el derecho consuetudinario. No ha sido fácil conquistar espacios públicos para debatir y defender el derecho que tienen los pueblos a ejercer su libre determinación y a regirse por sus sistemas normativos propios que tienen también el estándar internacional como el derecho positivo. Ha sido en la confrontación permanente y en el ejercicio continuo como han logrado a regañadientes para ser escuchados por una clase política intolerante que no está preparada ni formada para establecer un dialogo intercultural con las poblaciones indígenas y afros.
La policía comunitaria nació a contrapelo del poder público, su sistema de justicia se construyó en medio de la persecución, el encarcelamiento de sus comisarios y la represión contra los miembros de la policía que empezaron a patrullar los caminos y a desmantelar a los grupos de la delincuencia. Para los tres poderes del Estado la policía comunitaria era un sistema que actuaba fuera de la ley y por lo mismo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), los consejeros y consejeras regionales, el Comité Ejecutivo de la policía comunitaria, los grupos que conforman este sistema y las mismas asambleas eran ilegales, porque no están reconocidas en la constitución federal ni estatal. Las autoridades indígenas y afros tuvieron que padecer la cárcel y sufrir bajas de algunos comisarios y policías por la cerrazón de las autoridades que hasta la fecha se niegan a reconocer el otro derecho, a legislar sin tomar en cuenta las normas internacionales que reivindican a los pueblos indígenas y afros como sujetos de derecho. Los mismos jueces y juezas han ignorado la jurisprudencia que existe a nivel nacional e internacional en torno a los derechos colectivos cuya titularidad la tienen los pueblos indígenas y afros.
En Guerrero los gobiernos de diferente cuño tienen la misma postura de no reconocer los derechos colectivos de los indígenas y afros. Se han confabulado los tres poderes para criminalizarlos y estigmatizar su derecho propio. Los han ignorado y siempre los han tratado con la punta del pie. Por esta razón los pueblos y comunidades que son parte de la policía comunitaria han ejercido su derecho a la libre determinación, construyendo su propio proceso organizativo para consolidar su sistema de seguridad, justicia y reeducación. Lograron elaborar una propuesta de reforma integral a la constitución de estado que presentaron conjuntamente con la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de la legislatura pasada, sin embargo, de manera soberbia y racista la rechazaron todas las fracciones parlamentarias.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de que iniciara una consulta con la población indígena y afromexicana tomando en cuenta los estándares que han emitido, los diputados y diputadas de la presente legislatura actuaron de manera irresponsable simulando una consulta para cumplir con las meras formalidades jurídicas, sin que les importara escuchar la opinión de los hombres y mujeres que son portadores de otras culturas. Quedaron evidenciados ante la Suprema Corte por su talante racista y visión obtusa, al grado que los ministros y ministras han constatado que no han acatado esta orden y el mismo presidente de la Suprema Corte les ha requerido mayor información sobre este proceso de consulta.
Ante las traiciones recurrentes que se han consumado por parte de los políticos que dicen representar a los pueblos indígenas y afromexicanos, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias optó por trabajar al interior de las mismas comunidades. Realizaron su propia consulta y valoraron que tenían que reformular y actualizar su reglamento para homologarlo con los estándares que se aplican a nivel internacional y así garantizar la protección de los derechos de la población indígena y afro. Esta tarea la coordinaron las 5 casas de justicia realizando talleres de análisis y asambleas regionales para debatir públicamente y corregir las inconsistencias de su instrumento que los rige. En el marco del 27 aniversario de la CRAC-PC iniciaron los trabajos en San Luis Acatlán, estableciendo un cronograma de actividades en las 5 casas de justicia para generar un proceso de reflexión, análisis y consulta que le diera sustento a los nuevos cambios que plantean los contextos socioculturales y las disputas territoriales que enfrentan con grupos del crimen organizado, que cuentan la complicidad de las autoridades municipales, las corporaciones policiacas y miembros del mismo ejército.
En esta discusión afloraron temas muy sensibles relacionados con la institucionalización de sus órganos internos, la asamblea regional como instancia primordial para la toma de decisiones sobre los casos que requieran su intervención. Los consejeros regionales se erigen en una segunda instancia para ayudar a resolver casos que sean impugnados por alguna de las partes. Se garantiza la participación de las mujeres en los diferentes órganos de decisión, de operatividad y de orientación. Se da certeza al proceso de investigación, se establecen con mayor precisión las sanciones que se impondrán de acuerdo a la gravedad de los delitos, faltas y errores. Se enfatiza la importancia del proceso de reeducación de los detenidos por parte de los consejeros y la misma comunidad.
La CRAC-PC se erige como un modelo de justicia alternativo que propicia el dialogo entre las partes, la conciliación, que privilegia la reparación del daño, que demuestra ser capaz de proporcionar de manera gratuita sus servicios y que atiende en su propia lengua a la población indígena. Se trata de cambios que responden a las preocupaciones y desafíos que plantean las comunidades indígenas y afromexicanas. Es una apuesta por el otro derecho, para hacer realidad el pluralismo jurídico y sentar las bases para que los pueblos sean actores de las transformaciones sociales que requiere nuestro estado. La policía comunitaria ha vencido las adversidades y ha demostrado ser capaz de adaptarse a los nuevos contextos que enfrenta, por esa razón ha incorporado el tema de los matrimonios forzados de niñas para luchar por su erradicación, poniendo por encima el interés superior de la niñez.
Este esfuerzo titánico que han realizado las y los coordinadores de las 5 casas de justicia logró realizar 5 asambleas regionales, varias reuniones preparatorias, círculos de análisis con los equipos de trabajo y una comisión redactora que se encargó de sistematizar las propuestas que fueron plasmadas en el documento final. Con el aval de 138 comunidades indígenas y afromexicanas, reunidas en una asamblea general aprobaron la actualización del reglamento interno de la CRAC-PC. Es una experiencia inédita por el involucramiento de las comunidades que debatieron de manera abierta los temas que más les afectan. Fue un trabajo complejo y muy creativo. Implicó paciencia y mucha escucha. Su palabra ha sido recuperada y plasmada en un reglamento que será impreso y publicado para hacer efectivo el acceso a la justicia comunitaria. Fue determinante el apoyo del INPI para impulsar este proceso de reflexión colectiva, que marcará el nuevo rumbo de la CRAC-PC.
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Fotografía: tlachinollan
