Por: Linguapax Internacional y el Grupo de Acompañamiento a Lenguas Amenazadas (GALA). 14/01/2022
En este incipiente 2022, la presidencia de la República mexicana ha anunciado la disolución del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, el organismo encargado de la defensa y promoción de los derechos lingüísticos de las comunidades hablantes de lenguas mexicanas. El INALI no responde a alguna ocurrencia superflua de sexenios pasados, sino que deriva de los Acuerdos de San Andrés al ser creado en 2003 como parte de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y con el objetivo de dar un trato académico y técnico riguroso al “fortalecimiento, preservación y desarrollo” de las más de 68 familias etnolingüísticas del país así como “asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia”, quedando en su seno las indispensables Dirección de investigación y Dirección de políticas lingüísticas.
Sorprende un anuncio de estas características el año de inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo (2022-2032) declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente pensando que fue en México donde, a través de la Declaración de Los Pinos, se presentaron sus principales objetivos orientados a llamar la atención sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas.
Los pueblos originarios constituyen alrededor del 20% de la población total de México, uno de los países más ricos y diversos lingüísticamente del mundo. Y, sin embargo, su falta de inclusión y la crisis en la que se encuentran sus lenguas requieren acciones decididas y continuadas para revertir su persistente discriminación, y saldar la deuda histórica que el estado tiene para con ellos.
El INALI ha representado hasta ahora un espacio de atención a esta diversidad y al fomento del conocimiento y el respeto a los derechos lingüísticos. Su disolución y fusión con el INPI no logrará más que volver a colocar a las lenguas originarias y el problema de su desaparición en el último lugar de prioridades y lejos de la atención urgente y especializada que requieren.
El trato a las lenguas propias expresa, como pocas otras políticas públicas, la relación del estado con los pueblos que lo conforman. Reconocer las lenguas indígenas mexicanas como lenguas nacionales ha sido un enorme paso jurídico para avanzar hacia una nación pluricultural y, eventualmente, plurinacional. Promover que ese primer paso jurídico se convierta, poco a poco, en un andar hacia una nación donde los pueblos indígenas sean parte constitutiva de ella y no solamente ciudadanos con derecho a hablar la lengua de sus pueblos debería ser el siguiente reto. Hacer de las lenguas indígenas parte de la vida habitual, normal, de la sociedad mexicana es la manifestación de que los pueblos indígenas no son un apéndice exótico de la nación. Eso implica convertir de manera progresiva a las lenguas indígenas en una herramienta cognitiva usual e integral de toda la sociedad. El problema es tan complejo que avanzar en esa dirección requiere, en última instancia, una atención particular que solamente un instituto como el INALI puede alcanzar, si se le dan los medios humanos y presupuestales adecuados.
Por ello, su desaparición de facto por absorción en otra institución sería retroceder, perder lo que se ha ganado en favor de las lenguas indígenas, es decir, en favor de una nación plural. Y es perder la posibilidad de ser referencia para otras naciones con realidades semejantes.
Las propuestas de la Declaración de Los Pinos deberían ayudar a fortalecer y a integrar a todas las instituciones bajo un esquema articulador y a sumar el conocimiento y la experiencia de la ciencia y el mundo académico, así como el de las organizaciones y entidades que llevan trabajando largamente en la preservación de las lenguas del mundo.
Desde Linguapax Internacional y el Grupo GALA alertamos del peligro que supone minimizar la defensa y la promoción de la diversidad lingüística y su impacto en el bienestar de los pueblos y en la construcción de sociedades ricas y cohesionadas. Creemos firmemente que el gobierno mexicano puede hacer valiosas aportaciones al decenio que permitan realmente revitalizar las lenguas que han aportado tanto a la identidad nacional mexicana.
Por eso le pedimos al Sr Presidente de la República, a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión, que en un acto de congruencia desistan de desdibujar y aplastar al INALI y sus objetivos bajo el edificio de algún otro instituto, sino que lo aproveche y fortalezca convirtiéndolo en un faro que alumbre las sendas del Decenio y que coordine los esfuerzos institucionales del estado mexicano en defensa de su herencia cognitiva y su capital intelectual más importante: las lenguas originarias del territorio nacional.
