Por: Aristegui Noticias. 08/11/2017
«Casi todas las investigaciones de la Procuraduría General de la República en contra de soldados están sin resolverse», lamenta.
En el informe “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expone los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados mexicanos, en casos que han sido investigados y sancionados en el sistema de justicia civil, así como los que permanecen sin castigo.
“Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia. El fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público se ha dejado en segundo plano. Estados Unidos también apoyó este enfoque durante los primeros años de la asistencia en materia de seguridad a México, pues a través de la Iniciativa Mérida una parte significativa de los recursos se destinaron a las fuerzas armadas mexicanas”, señala en la introducción del mismo.
El documento señala que la estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves:
1- Que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes.
2- Ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial.
3- Que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente.
Lo anterior, debido a que “los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”.
“La seguridad militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia de México. El sistema de justicia civil enfrenta retos—incluyendo acciones relacionadas con las autoridades militares que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones—para que las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados se castiguen”, sostiene.
Y apuntala que “las investigaciones civiles son la única posibilidad de justicia y verdad para las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados y por ello la mayor apuesta de las autoridades debería ser fortalecer el sistema de justicia civil. Actualmente pasa lo contrario: la amenaza de aprobar leyes—como una Ley de Seguridad Interior que validaría la participación militar en la seguridad pública—que debiliten el sistema de justicia civil y otras reformas que serían un retroceso para el sistema penal acusatorio”.
Entre los hallazgos del informe se destaca que “casi todas las investigaciones de la Procuraduría General de la República en contra de soldados están sin resolverse“; “la PGR no ha mostrado voluntad para investigar de forma seria y exhaustiva a los soldados que han cometido delitos o violaciones a derechos humanos en contra de civiles”; “hace falta investigar a los superiores jerárquicos de los soldados acusados de cometer violaciones a derechos humanos (cadena de mando), así como las órdenes militares que implican la violación de derechos humanos de civiles (debida obediencia)”.
Tras la publicación del informe, este miércoles el Gobierno rechazó “toda violación a los derechos humanos” y reiteró “su compromiso de garantizar su protección en todo el territorio”.
“Asimismo, reitera su compromiso permanente para investigar diligentemente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas armadas en contra de civiles, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable, particularmente aquellos que podrían constituir violaciones a derechos humanos y así, cerrar cualquier espacio de impunidad, con absoluta transparencia y conforme a los principios que sustentan un sistema democrático de derecho”, asegura.
“El Gobierno de la República continuará impulsando investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes en casos de violaciones a los derechos humanos”, promete.
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Fotografía: mexico.quadratin
