Por: Hercilia Castro. Cencos. 26/08/2017
Activistas en la región afirman que lo que se vive en la entidad es una crisis humanitaria que el gobierno federal se niega a atender.
En México existen 35 mil 433 víctimas directas de desplazamiento forzoso, de las que 30 mil 379 fueron reportadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por autoridades estatales y municipales, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción por los Derechos Humanos (CMPDH).
Dicha instancia define lo que se vive en Guerrero como una “crisis humanitaria” que ha provocado más de 2 mil desplazamientos a partir de 2006, justo cuando el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra contra los cárteles de la droga afectando a miles de mexicanos.
En Guerrero, se cuentan casos de represión desde los años 50 hasta la llamada Guerra Sucia, en los años 70, donde hubo al menos 270 desaparecidos sólo en el municipio de Atoyac.
En dicha época comunidades enteras como Las Cuevas, Salto Chiquito o Las Clavellinas en ese municipio desaparecieron, hoy son pueblos fantasma. Todos aquellos pobladores integrantes de las familias Gervasio, Sarabia, Cabañas y Martínez cambiaron apellido por ser familiares o guerrilleros adeptos a Genaro Vázquez.
El escritor y cronista de Atoyac Víctor Cardona narra que conoció a una desplazada que le confesó haberse cambiado el apellido, ya que ser Cabañas era un estigma.
Cardona destaca que para los años 90, con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), “desapareció Cerro de los Pinos, Agua Zarca, y El Chiflón, totalmente, se redujo a la mitad la comunidad del Machetal y Agua Fría”.
Pero en la época actual después de que Calderón Hinojosa declarara la guerra contra el narcotráfico, el escritor y cronista atoyaquense destaca: “Encuentras muchas casas en las colonias que se venden, pero no hay gente”.
Sin embargo, el Estado mexicano no acepta el desplazamiento forzoso, masivo u hormiga, “pero creo que sí preguntamos, todo mundo va a darte la referencia de alguien que ya se ha ido, que ya dejo su casa”, manifiesta el cronista.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, contabilizó que en Tamaulipas, hay 20 mil víctimas de desplazamiento forzoso interno; Guerrero, con 2 mil 165 desplazados; Chihuahua, con 2 mil 008 víctimas desplazadas; Sinaloa con mil 65; Michoacán con 728; Veracruz, mil 131 desplazados; Oaxaca, 250; Chiapas, 128 y Durango, 230 desplazados.
Para el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, Guerrero vive una crisis de derechos humanos que puede ser una crisis humanitaria en la cual se suman dos problemas que tienen el mismo origen: “el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, y la omisión por parte de los gobiernos para combatirla, y atacar este problema”.
“Y entonces nos referimos al problema de las desapariciones y el desplazamiento forzado”, dijo Olivares.
El activista especificó que el término de crisis humanitaria se usa porque prácticamente afecta todos los aspectos de la vida de un ser humano, al afectar a todo un pueblo, dejando la cultura, sus panteones donde se encuentran sus seres queridos “con pocas probabilidades de regresar”.
Otro factor en el desplazamiento forzado en las comunidades rurales es que la mayoría son campesinos que dejan atrás sus milpas y animales, “llegando a otros lugares como arrimados, en una situación en que se sienten victimizados o revictimizados”.
“Porque mucha gente piensa que el ser desplazado es sinónimo de ser sicario, traficante, todas esas cosas, así como considera asesinos o presuntos delincuentes a quienes son asesinados o desaparecidos, consideran que fueron desplazados porque hicieron algo”, dijo.
Olivares Hernández subrayó que en Guerrero son miles las personas desplazadas en las comunidades de forma hormiga, además de que las mineras siguen avanzando en municipios que han sufrido este fenómeno, como son Arcelia, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán.
“El gobierno es el causante de manera directa porque es el que otorga las concesiones y les interesa, y para ejecutarlas como se dice, muchas veces lo que le estorba es la propiedad social colectiva en el sentido de que son ejidos o bienes comunales”, explicó.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón remarca que estas comunidades son El Espíritu, Santa María Sur, La Laguna, Tepozcuatla y Ahuihuiyuco. “No hay nada, el gobierno no les ha dado nada, no se les garantiza el derecho a la salud, a la alimentación, al agua para que sigan con la agricultura”, lamentó.
El activista remarca que el gobierno federal no quiere reconocer la gravedad del desplazamiento forzado. Agrega que dentro de la Ley General de Víctimas se ve el problema y atención a los desplazados pero lamentablemente fue sólo para crear otra oficina burocrática y “lo más fácil es meterlos a las convocatorias de otras dependencias como Sedesol y no se les trata como lo que son, víctimas del desplazo forzoso”.
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Fotografía: Cencos
