Por: Aldo Santiago. 02/07/2022
Representantes de 20 pueblos originarios, campesinos, trabajadores rurales extractivistas y organizaciones sociales difundieron su posición de rechazo a la imposición de proyectos de economía verde en el estado de Acre, en la Amazonía brasileña.
Esta articulación fue resultado del encuentro denominado “Golpe Verde en la Amazonia”, efectuado en el municipio de Cruzeiro do Sul, desde donde las y los participantes denunciaron que los proyectos verdes atentan contra la autonomía, los territorios y la vida de los pueblos de la región.
En el evento se abordó las consecuencias de la implementación de programas y estrategias encaminadas a la “compensación” de carbono, las cuales se ejecutan a través de la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+).
El estado de Acre constituye un ejemplo de los efectos reales tras la imposición de programas de la economía verde, cuya propaganda creó una imagen de éxito al combate de la crisis climática aún antes de su ejecución.
Consolidación
De acuerdo a un análisis entre organizaciones y comunidades reflejado en la publicación Golpe verde: falsas soluciones al desastre climático, el proceso de mercantilización de la naturaleza en el estado de Acre comenzó con el arribo del Partido de los Trabajadores (PT) al gobierno estatal en 1999, pues dicha administración “adoptó el discurso de que era necesario iniciar un nuevo ciclo económico en Acre, insertando al estado en la ‘era de la economía verde’, para mantener, como se dice, la selva ‘en pie’”.
Esto se consolidó con la promulgación, en 2010, de la Ley Sisa que derivó en la creación del Sistema Estatal de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA). Dicha acción constituyó la primera vez, a nivel mundial, en que la estrategia REDD, creada en el año 2005, se aplicaba para todo un estado.
Durante los años siguientes, la estrategia recibió la promoción a través de REM (REDD Early Movers), un programa estatal alemán que buscaba financiar a las iniciativas pioneras de REDD a nivel global. Con ello, recibió un financiamiento millonario por medio del banco público alemán KfW, el cual transfirió 16 millones de euros al gobierno estatal para consolidar la implementación de REDD en la Amazonía.
A la par, también recibió el apoyo de delegaciones internacionales encabezadas por el Banco Mundial, la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y otros promotores de la estrategia REDD quienes visitaron el estado de Acre, creando con ello la imagen de “historia de éxito” que se desarrollaba en aquel lugar de la selva amazónica.
Sin embargo, de acuerdo a testimonios de pueblos originarios, comunidades campesinas y organizaciones como el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y Amigos de la Tierra Brasil, “las decenas de millones de euros que el gobierno de Acre ha recibido del gobierno alemán no han logrado detener la deforestación”.
“Todo este optimismo capitalista, sin embargo, no fue suficiente para ocultar la verdadera cara de la economía verde: un barniz ecológico que esconde la destrucción, el robo de tierras y la sumisión de las comunidades al régimen de acumulación del capital, transformando la crisis ecológica en negocio”, critica el CIMI de la Amazonas Occidental.
Lucro con la crisis climática
Durante el encuentro “Golpe verde en la Amazonia”, los pueblos y comunidades de la selva amazónica reiteraron que además de ser falsas soluciones a la crisis climática, los proyectos de economía verde empeoran la situación social, climática y territorial que viven actualmente.
En los testimonios subrayan como amenaza el avance acelerado de proyectos del tipo REDD+, PSA (Pagos por Servicios Ambientales) y las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), “que se han presentado como soluciones al desastre climático y ambiental en curso, acosando a nuestros líderes y organizaciones, cooptando a algunas de ellas y provocando graves conflictos internos”.
Para las y los participantes del encuentro, estos proyectos se tratan de esquemas de pago por contaminación, que generan pretextos para permitir que se sigan quemando combustibles fósiles y que continúe el crecimiento económico capitalista. “Los esquemas de compensación climática y ambiental, de hecho, van de la mano con la destrucción causada por los megaproyectos y las invasiones directas en nuestros territorios. Las falsas soluciones, como los mercados de carbono, prosperan a medida que aumentan las amenazas y la violencia”, sostuvieron mediante carta.
Un rostro más de la violencia
Entre las principales amenazas identificadas por los pueblos indígenas y las comunidades de la selva amazónica, la cuestión de la protección del territorio fue la más destacada durante el encuentro en Acre.
“Esto se debe a que las invasiones territoriales han provocado cada vez más persecuciones y asesinatos cometidos por mineros, pescadores y cazadores ilegales, madereros y traficantes. Un ejemplo claro es la reciente desaparición del activista indígena Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, quienes, por estar realizando una investigación en tierras indígenas amazónicas, tras salir en un viaje en barco desde la comunidad amazónica de São Rafael, nunca más fueron vistos”, subrayaron mediante la misiva.
“Tenemos un arma, que es la unión de los pueblos”, compartió Derci Telles, cauchera y quien fuera la primera presidenta del Sindicato de Trabajadores de Xapuri (AC). Después de dos años de aislamiento debido a la pandemia del Covid-19, el encuentro del Golpe Verde tuvo la función de tender puentes y fortalecer la lucha de los pueblos de la selva, más allá de discutir las amenazas de la economía verde, porque el objetivo de la lucha sigue siendo el mismo: “En primer lugar, se trata de tierras demarcadas. Sin tierra demarcada, no tenemos salud, ni casa, no tenemos nada”, sostuvo el líder del pueblo Huni Kui en el municipio de Feijóo, Mário Huni Kuim.
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Fotografía: Avispa
