“Son responsable por la violación de los derechos, privatización de bienes públicos, uso
excesivo de la fuerza pública y del accionar delictivo de las empresas transnacionales”[1]
Jorge Salazar García. 26/11/2018
“No nos alcanzarían las cárceles y los juzgados” dijo López Obrador en #AristeguiNoticias22/11/18 al referirse a una de las consecuencias sí se investigara judicialmente a todos los funcionarios corruptos del régimen anterior. Sin embargo, a insistencia de Carmen acordó someter a consulta (marzo 2019) la posibilidad de procesar a Salina, Fox, Zedillo, Calderón y Peña. Otro argumento mencionado por el tabasqueño para no proceder de oficio contra la “mafia del poder” fue que no podría acabar con la corrupción teniendo a los demonios desatados. Sin duda AMLO sabe lo que dice, conoce al monstruo, vivió en sus entrañas. No obstante, tal postura implica dos contradicciones: no se puede desatar lo ya suelto y no es posible cumplir las Leyes renunciando a su aplicación. Y agregaría aquí el consejo citado por Maquiavelo en su obra “El Príncipe”: “Está bien mostrarse piadoso, … y asimismo serlo efectivamente; pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera necesario”, como lo es en este caso.
Impartir Justicia es un prerrogativa del Estado, renunciar a ella sería como legalizar la ley del más fuerte. Y eso no sucederá con el peje; es más, tarde o temprano se deshará de los Jueces, banqueros, militares, empresarios y advenedizos sembrados en las estructuras de su gobierno por el régimen anterior. Pues es de sentido común expulsar primero a quienes destrozaron la casa antes de rehabilitarla. Por supuesto, se entiende, no se puede hacer todo al mismo tiempo; pero mientras el Congreso desmantela el andamiaje jurídico-político que legalizó el crimen, se podría enjuiciar a los expresidentes, por lo menos. Una vez sentenciados y confiscados los bienes hurtados a la Nación se les desterraría del País que nunca amaron. Sin duda, la ciudadanía apoyaría tales acciones y el Estado rescataría su soberanía para hacer y aplicar leyes.
Fácil no será. En más de 100 años de nuestra Historia ningún presidente ha sido enjuiciado por los delitos cometidos durante su gestión. Los únicos amenazados por esa eventualidad fueron Porfirio Díaz y Carlos Salinas, pero ambos eligieron el destierro antes de llegar a los tribunales. Durante un siglo, la norma establecida con plata y plomo, exigió al ungido cubrir las transgresiones del anterior. Cada nueva administración superaba a la vieja en descomposición. Consecuentemente alcanzó su máximo nivel con Enrique Peña Nieto, quien, por cierto, hoy se aisla con su telepromter intentando ocultar sus complicidades delictivas. Esta afirmación no es aventurada, esta sustentada en la investigación realizada por el Tribunal Permanente de los Pueblos (http://www.tppmexico.org). Este organismo, en su dictamen final responsabilizó a los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y a las grandes empresas por la hecatombe humana provocada en México. En dicho documento se asienta: “la aplicación de las políticas económicas, … (llevo) a la vulneración masiva y sistemática … de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de una gran parte de la población”( p. 21). Más adelante explica: ”el desvío de poder hacia acciones criminales se realiza con el propósito de “satisfacer o beneficiar a intereses privados locales o extranjeros en detrimento del interés público…” (p.28). Refiriéndose a Peña Nieto asienta: “El vaciamiento del Estado está siendo llevado hasta el límite por el gobierno que por entrega, omisión o impotencia va renunciando a la soberanía en todos los ámbitos…”. Más claro no se puede decir.
Insisto, estos latrocinios, aunque los responsables amenacen con el golpe de Estado o magnicidio, no deben quedar impunes. Cualquier presidente con deseos de hacer lo correcto, sabe que esos riesgos siempre estarán presentes. López Obrador sabrá conjurarlos hasta conseguir cambiar las estructuras que cobijaron el “incumplimiento sistemático de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”(p. 58) y que “impusieron un modelo … que solamente sirve al interés … de unos pocos” p. 70-71.
Concluyo dejando dos preguntas para la reflexión: ¿Cómo impedir que el país siga secuestrado por delincuentes? ¿Qué hacer para detener la guerra sucia contra un pueblo en rebeldía?
[1] Informe del TTP (68) Tribunal Permanente de los Pueblos (2012-2017).
