Jorge Salazar García. 26/02/2018
¡¿El dinero o la vida?! No puede saberse a partir de cuando los ladrones comunes pronunciaron palabras parecidas para despojar a la gente de sus pertenencias. Con frases similares los asaltantes, al ofrecer respetar la vida a cambio de las pertenencias, dejaban ver cierta piedad hacia su víctima. Hoy, generalmente, no es así: el resentimiento, la envidia y la ambición solo dejan espacio para una orden directa e inmisericorde: “dame todo lo que traes… hijo de…o te mueres”. Por supuesto, existen variantes derivadas de la educación, origen y edad del agresor; o si el ataque se dirige a un conjunto de personas (bancos, comercios, restaurantes, etcétera). Pero esto no es relevante para lo que se comenta abajo. Lo importante es señalar que actualmente, el delincuente no deja opción cuando ordena, por ejemplo “¡todos al suelo, esto es un asalto!” Incluso, al desvalijamiento lo acompañan con la agresión física, dejando la vida del agredido sujeta a un finísimo hilo, cuyo rompimiento depende del nivel “profesional” del malhechor o si está drogado. La inexperiencia y nerviosismo del maleante pueden llevarlo a matar. Estos transgresores patrimoniales son condenables, por supuesto; pero sus efectos sociales son limitados, por agotarse en su ejecución.
No sucede así con las transgresiones cometidas por los empresarios mineros. Sus efectos son más graves: ya que lo hacen en contubernio con la clase política y con apoyo de la fuerza pública, generalmente. Ellos simplemente se llevan el oro y otros minerales destruyendo la naturaleza y el tejido social donde se asientan. La disyunción “o” en la frase ¡¿el oro o la vida!? la han sustituido por la conjunción “y”, llevándose todo, sin piedad alguna. Lo peor de este asunto es que el gobierno de Peña Nieto, calificado como uno de los más corruptos del mundo (Jornada; 22/02/2018) ya les ha concesionado la cuarta parte del territorio nacional, por decenas de años. Toda la normatividad ha sido adecuada para que esos señores hagan su negocio con el territorio que nos sostiene. Con ese propósito, Salinas reformó al artículo 27 Constitucional.
Por todas partes hace agua el barco, pero los graves daños provocados por la industria extractiva en México, ya está generando crisis con el agua, los bosques y la cohesión de las comunidades, que de no atenderse de inmediato, el sufrimiento que hoy causa esta voraz e irracional política, se convertirá en muerte y extinción.
A continuación, se reportan algunos datos duros relativos a la minería a cielo abierto, extraídos de la página web “Conciencia Global” ( http://consciencia-global.blogspot.mx/2010/06/mineria-cielo-abierto.html ).
- La minería no es sustentable porque agota los recursos que explota. Es una actividad de alto impacto ambiental, social y cultural.
- Remueve montañas en horas, destruyendo suelos, fauna y bosques.
- Utiliza decenas de millones de litros de agua combinada con cianuro, mercurio y ácido sulfúrico para extraer el mineral (un gramo de oro por tonelada de materia triturada).
- Contamina los mantos freáticos y deja en el ambiente metales pesados tóxico por siglos.
- Destruye el paisaje, dejando hoyancos de 500 metros de profundidad en una superficie de 150 hectáreas, una vez terminadas sus operaciones.
- Obliga a la población (refugiados ambientales) a emigrar de su lugar de origen por resultar imposible sostener la vida al desviar o contaminar sus fuentes de agua.
- Esas empresas cabildean ($) en el congreso para eliminar restricciones a sus operaciones y conseguir que su actividad sea considerada de “utilidad pública”(Art. 6 Ley Minera). El Estado sobrepone el interés privado sobre los derechos de los pueblos y comunidades.
- Del 2000 al 2010, los extranjeros (canadienses, gringos, ingleses,..) se llevaron más oro que los españoles durante 300 años.
Por donde se le busque, el amasiato PRI-PAN está conduciéndonos al abismo. Juzgue usted si no: en México se cobra 5.90 pesos por hectárea de impuesto por uso del subsuelo a las compañías mineras, siendo de los más bajos en el mundo. Las compañías disponen de grupos armados tolerados por el ejército. Se han asesinados al menos 54 defensores del medio ambiente y del territorio, y miles son perseguidos y encarcelados.
Concluyendo puede decirse que los crímenes del poder corporativo superan, de calle, a los cometidos por cualquier ladrón vulgar ya que los realizan protegidos por las instituciones públicas. Políticos y empresarios, vacíos de sentimientos humanitarios y ética política ya no pierden el tiempo en pedirnos el fruto de nuestro trabajo a cambio de dejarnos vivos: simplemente nos están asaltando y matando. Algo debemos hacer, ¿no lo cree? Para empezar podría asistir el jueves 1 de marzo a las 5 pm. al Foro “En defensa del territorio y de la vida”. Aula uno de CIESAS Golfo (frente al palacio legislativo) de esta ciudad capital. Entrada libre.
