Por: Jorge Salazar García. 03/08/2016
Al final de la colaboración anterior se dejó como tarea investigar que significa “Escuelas al CIEN”. Si usted no lo hizo y le interesa saberlo; le adelantamos que es un Programa de gobierno que sustituye a otro, llamado “Escuelas Dignas”, que operó del 2013 al 2015. Este último, tuvo los objetivos siguientes: mejorar las condiciones de la infraestructura física del nivel básico y en su caso, de la media superior y superior del país” (DOF: 31/08/2015). Con el término “Digna” se inducía en la población la idea de que los alumnos tendrían instalaciones (baños, equipos, aulas, áreas libres, talleres, biblioteca, etcétera ) completas y de calidad en todo el territorio nacional. Por supuesto, no fue así; miles de centros escolares se encuentran hoy día en niveles degradantes de precariedad (carencia de los medios necesarios para brindar un servicio educativo eficaz) de tal modo que a los directivos no les queda de otra que imponer las cuotas “voluntarias” en dinero o en especie a los padres de familia so pena velada de que sus hijos reciban educación en condiciones “indignas”. A dicho programa se le asignaron más de 8 mmp en sus 3 años de vigencia y de acuerdo con el informe de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, aplicado en 2015, encabezó la lista de otros 43 (programas) con mayor opacidad (eufemismo de corrupción) cuyo ejercicio … se dilapidó. Resultando que solo una pequeña parte de lo presupuestado se aplicó realmente. Claro está, sin resolver o cumplir lo que profusamente se pregonaba en los medios masivos de comunicación: dignificar los espacios educativos para brindar una enseñanza de calidad. ¿Sucede esto así porqué los tecnócratas son ineficiente? . No, no lo son. Lo que pasa es que esos no son los objetivos que les interesen realmente. Sus objetivos “de gran calado” es imponer una reforma al gusto de los empresarios, útil para formar seres cosificados, profundamente individualista, avariciosos, aptos para el consumo y sin una pizca de ética para alcanzar el “éxito”. Por ello, desde los círculos del poder, se implementa la misma estrategia de desprestigio hacia lo público (de común acuerdo con la IP) para difamar a los maestros e ir convenciendo a la población trabajadora de dos cosas: la primera es hacer creer que la educación privada es mejor por lo que se hace necesaria la participación directa de los empresarios en la pública y la segunda consiste en que los padres de familia acepten con fatalismo que deben hacerse cargo de todos los gastos educativos.
La lucha magisterial, aunque tal vez no muchos lo reconozcan, ha atrasado los planes neoliberales, logrando cada vez más apoyo popular a su causa. Naturalmente, el Estado reacciona y sustituye el programa de “Escuela Digna”, ya desprestigiado e ineficiente, sin castigar a nadie ni investigar desvíos e incumplimiento de objetivos, por el Programa “Escuelas al CIEN” cuyas siglas quieren decir: Certificados de Infraestructura Educativa Nacional.
Fieles a su estrategia, desde las instituciones, los funcionarios siembran en el auditorio, no docto y teleadicto, que las siglas CIEN es un término que significa crear escuelas con infraestructura, eficiencia y calidad totales; es decir, al 100% . Lamentablemente, no es así. Lo que esas siglas representan es que la expoliación en el medio educativo se profundiza. Este programa, que arrancó el 19 de octubre del 2015 con la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración para la potenciación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) con los gobernadores de los 32 Estados, se aplica a partir del 15 de diciembre del mismo año y es implementado por los mismas autoridades educativas (AE) que llevaron al fracaso al anterior. Uno de sus propósitos evidente es dar seguridad y satisfacción a los grupos empresariales del País, que representan los intereses económicos propios y de las trasnacionales. Razón por la cual se aceleraron otras acciones complementarias, tales como la facturación y escrituración de los bienes muebles e inmuebles de las instituciones escolares para que estas puedan celebrar convenios. Debe hacerse notar que, con este Programa, se actualiza la concurrencia del financiamiento empresarial; tal como lo adelantaba el manual de operaciones del Programa de Escuelas Dignas. En este manual se amplían las atribuciones del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa Nacional (INIFEN) y se limita y hasta se excluyen a los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) conformado por los padres de familia.
Pero caminemos en orden y retomemos el camino. Comencemos por saber su origen. Su génesis se sitúa en el 3º informe de EPN, siendo una de las 10 medidas para “impulsar el crecimiento económico, fortalecer el Estado de Derecho y hacer frente a la desigualdad”. Consiste en bursatilizar (colocar certificados en la Bolsa de valores) proyectos equivalentes a 25% de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) cuyos recursos equivalen al 0.814% de la recaudación fiscal participable. Hagamos un poco de cuentas: para el año 2016, Hacienda consideró el monto de ese fondo en 2,428,227 mdp (2.4 billones); entonces el 25 % serían alrededor de ¡600 mil millones de pesos! La ambición por apropiarse de este dineral explica el porqué tanta saña de parte de los empresarios en contra de los maestros. Este si, no el petróleo, es el negocio del siglo. Sobre todo porque el dinero que utilicen los empresarios para adquirir esos certificados tendrá como garantía los ¡impuestos! para que en los próximos tres años se puedan cubrir los pagos e intereses del capital invertido. (http://www.forbes.com.mx/10-claves-para-entender-los-bonos-educativos/#gs.cwaWHhk). Los varones del dinero entregan al Estado 50,000 millones de pesos aproximadamente, (que recuperarán inflando costos por los servicios, que sus empresas den a las escuela) y recibirán los 600 000 millones. ¡Pura vida!
El secretario de Educación, afirmó que estos recursos se distribuirán asignando alrededor de 32 000 millones de pesos (mp) a Educación básica; 3 000 mp a educación media y 16 000 mp para la superior. Dichos certificados serán operado por Bancos y podrán adquirirlos las AFORES e inversionistas privados e institucionales.
Revisando los formatos de los Convenios que se realizan para aplicar el programa, queda claro que los recurso serán trasladados al fideicomiso constituido por Corporación Mexicana de Inversiones de Capital y Banco Invex. Desde luego, para que un inversor adquiera los certificados, además de asegurar las garantías, debe esperar utilidades vía intereses (dato que se mantiene oculto) por el capital invertido y por otros rubros.
Hasta el momento, Hacienda ha colocado en la Bolsa, en seis meses, certificados por un monto de 13, 220,728, 389 ( Informe de Resultados INFED, 2015-2016). Acelerando así, el traslado de los recursos, que antes operaban las delegaciones estatales de educación, hacia las cuentas de los grandes potentados.
Los CIEN son, entonces, un mecanismo bursátil que de acuerdo al gobierno, no constituye deuda pública porque están respaldados por los FAM (aportaciones federales, ramo general 33). Sin embargo esto es una falacia evidenciada en los convenios ya realizados. Si la garantía son los impuestos, entonces, el estado trasladará los costos de ese programa a la población a través del incremento de los mismos, como ya lo estamos viviendo. Pero como ya no alcanzan los dineros ni para el gasto corriente, entonces, se hará de manera directa, comprometiendo los ingresos de los padres de familia y de las escuelas.
En la siguiente y última parte del tema, se detallará de manera muy puntual las conclusiones con las que se demuestra que el negocio no es solamente de 50 mil millones y que, en los hechos, el derecho Humano Universal de recibir educación básica gratuita quedará totalmente anulado y que la desigualdad, casi insoportable hoy en día, crecerá de manera pavorosa, en beneficio egótico de unos cuantos.
Mientras tanto, allá en la metrópoli, la simulación de un diálogo con el magisterio, continúa; y se avanza con el lanzamiento de ese modelo educativo impuesto desde los centros de poder económico.
