Por: Rita Varela Mayorga. Sin Embargo. 08/07/2016
Atrás quedó el discurso oficial que, tratando de vender a toda costa la Reforma Energética –hoy cercana a los dos años de implementación– prometió fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacerlas empresas “de clase mundial”, productivas, eficientes y competitivas.
Lejos también se ve la palabra empeñada por el Presidente Enrique Peña Nieto, sus secretarios de Estado, directores generales de la CFE y Pemex, y legisladores del PRI – principalmente los que operaron la aprobación de la reforma: Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador en la Cámara de Diputados; Emilio Gamboa Patrón, líder de esa bancada en el Senado de la República, y David Penchyna Grub, quien fungió como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara Alta–, de que los mexicanos tendríamos tarifas bajas de electricidad y combustibles, energía abundante, aumento en la producción de petróleo y gas, creación de empleos y, como consecuencia, crecimiento económico.
El artificio con el que vendieron esa oferta duró poco, apenas y si comenzaron a aparecer las nuevas reglas del juego.
Ahora, en los últimos cuatro días, el Gobierno federal asestó a los consumidores mexicanos –los grandes y los pequeños– alzas en las gasolinas y en las tarifas eléctricas, que ponen en evidencia que la reforma no ha hecho sino dejar en mayor indefensión a los usuarios, en particular a los mexicanos sumidos en la pobreza, que ya son la mitad de la población.
Tanto los aumentos en gasolinas como en electricidad repercutirán, además, en un aumento de precios, por más que el Banco de México afirme que la inflación está controlada con su alza “preventiva” a las tasas de interés.
Sin embargo, lo de la electricidad prende las alarmas en todos el país.
Se sabe que este bien, de primera necesidad, es el más importante en materia energética. Es el que tiene mayor alcance para detonar el desarrollo de una comunidad, porque es fundamental en todas las cadenas productivas.
Por ello los ciudadanos no dejan de consumirla –aun cuando sea cara–. Y por ello también las alzas en sus tarifas generan un inmediato reclamo, pues encima el servicio sigue siendo deficiente en la red de suministro: cortes, apagones, bajas o altas tensiones que repercuten en el daño de equipos, etcétera.
El Gobierno federal, ya con la reforma en marcha, se ha convertido en regulador, licitador de proyectos y, sobre todo, facilitador de las inversiones privadas.
Pero, como ha sido regla en este sexenio, ha dejado de lado los riesgos que eso implica y, además, mantiene ojos y oídos cerrados a los reclamos ciudadanos.
Otra vez: se equivoca al subestimar la importancia de un bien como la energía eléctrica y privilegiar los intereses económicos de las compañías, e insistir en una mentira, ingeniosa según ellos: el cuento chino de que, a la larga, la presencia de más compañías traerá no sólo electricidad barata sino más empleo y riqueza para el país.
Ahí se han abierto ahora nuevos conflictos entre empresas privadas y los propios gobiernos federal y locales con pueblos indígenas, comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, que se niegan a ser despojados a la mala de sus tierras.
Y esa resistencia a los megaproyectos eléctricos está siendo una suerte de contagio por todo el país, ante comunidades cansadas de abusos, destrucción ambiental de sus recursos naturales y presencia del crimen organizado.
En fin que más que avanzar hacia un equilibrio, la reforma privatizadora –que apuesta por un mercado que se mueve por la oferta y la demanda, y altamente especulativo– ha resultado una historia llena de fantasía.
¡Buena semana, y nos vemos el próximo martes!
Oaxaca es uno de los estados con más explotación de energía renovable por parte de empresas privadas, y también donde mayores conflictos sociales se han reportado. Foto: Cuartoscuro
Fuente: http://www.sinembargo.mx/05-07-2016/3062592
Fotografía: zocalo
