Por: Revista Crisis. 04/10/2020
El Gobierno Nacional, a través del mal manejo económico, apoyado por las instituciones económicas “extractivas” entre ellas la banca, han generado una economía que redistribuyen desigualdad, pobreza y desempleo, creando así las condiciones necesarias para un contexto económico violento el cual favorece a que la delincuencia aumente en el país.
Durante el gobierno de Lenin Moreno, la desigualdad de ingresos entre los más ricos y los más pobres ha aumentado. En 2017 el decil más rico acaparaba el 34.7% del ingreso total y para 2019 el porcentaje aumentó a 36%. “En lo que va de 2020 el índice de Palma, que mide la relación entre el porcentaje del ingreso que se lleva el 10% más rico y lo que se lleva el 40% más pobre, indica que los ricos ganan casi 7 veces lo que gana el 40% de la población más pobre mientras que en 2000, esta relación era solo 4 veces” (Báez, 2020). Es decir que, en estos 3 años y medio, la desigualdad ha aumentado drásticamente, lo cual muestra el perjuicio provocado a las mayorías cuando hay un gobierno que favorece a las élites económicas.
En cuanto a desempleo casi se ha mantenido constante entre diciembre 2018 y 2019 con una tasa de entre el 3.7% y 3.8 % respectivamente. El gobierno nos ha mentido al decir que al darles incentivos tributarios, como el retiro del anticipo al impuesto a la renta, haría que la empresas generen empleo. Como vemos, este en lugar de bajar, incrementó en 0.01 puntos porcentuales en ese periodo. Pero lo más alarmante es la destrucción del empleo durante la pandemia ya que, según datos de la ENEMDU, la tasa de desempleo entre mayo y junio llegó a ser de 13,3% lo cual equivale a que 1.009.583 de personas están desempleadas, mostrando un incremento de 9.5 puntos porcentuales respecto a diciembre 2019. A este escenario crítico se suma que el 83,3% de la población económicamente activa se encuentra en subempleo y empleo no pleno, es decir que mensualmente, perciben menos del salario básico y no cuentan con seguridad social.
Respecto a la pobreza por ingresos, en este gobierno se ha incrementado pasando del 21,5% en 2017 al 23,2% en 2018 y al 25% en 2019. Lo cual perfila ya un escenario grave pre-pandemia, pero la realidad actual es aún más crítica, ya que el Banco Mundial prevé para Ecuador que a diciembre de este año la pobreza llegará al 35%.
Todo este panorama crítico sucede mientras la banca, pese a la pandemia, ha crecido su patrimonio en un 10.1%, es decir: 4 903 millones de dólares. Aquí la clara envicia es qué elites bancarias cogobiernan con Moreno. Si a esto se le suma que el Gobierno Nacional destinó los escasos recursos del país al pago de tenedores de deuda, en lugar de destinarlos a salvar vidas y a generar los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la educación de los sectores sociales más pobres, tenemos como consecuencia amplios sectores sociales desatendidos y niñas, niños y adolescentes sin educación.
Tras la pandemia Covid-19 la educación ha sido fuertemente golpeada, dando como resultado que más de 1 millón de estudiantes primarios y secundarios se queden sin acceso a esta, por no contar con internet o dispositivos electrónicos para asistir a las clases virtuales. Esto es preocupante ya que la educación es un fuerte disuasor a la decisión de delinquir como posibilidad de supervivencia en un individuo, ya que por un lado en el largo plazo, los años de escolarización aumentan la probabilidad de las personas de obtener empleos con mejores ingresos, y en el corto plazo la educación funciona como un disuasorio incapacitante ya que los estudiantes al cumplir con sus horas de estudio dentro de los planteles educativos, permanecen esas horas recluidos e incapacitados de dedicarse a la actividad delictiva.
Dado el contexto económico y social general, lejos de pretender criminalizar la pobreza, es evidente que el manejo económico en favor de los grupos empresariales y la banca ha exacerbado la pobreza, desempleo y la desigualdad. Esto coloca a los ciudadanos en medio de una disyuntiva entre la moralidad y la supervivencia, entre delinquir y la necesidad de obtener ingresos para sobrevivir. Además el detrimento de la educación ya no funcionaría como disuasorio para los sectores más pobres.
La inseguridad ciudadana se ha incrementado. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, en los dos primeros meses de 2020, antes de la cuarentena por Covid-19, Ecuador experimentó a nivel nacional un aumento de 766 denuncias por robos a personas, es decir, un incremento de 15.9% respecto al año anterior Además un 21% equivalente a 167 denuncias de robos de autos y un 8% igual a 101 denuncias de robos de motos más respecto a enero y febrero de 2019. Estas cifras se han visto disminuidas durante los meses de cuarentena que tenían medidas fuertemente restrictivas en cuanto a movilidad y toque de queda, sin embargo, conforme las restricciones han ido menguando se puede notar el repunte de denuncias.
Durante agosto y lo que va de septiembre las noticias sobre asaltos y robos, particularmente los de celulares y aparatos electrónicos se han incrementado principalmente en Pichincha, Guayaquil, Los Ríos, Santo Domingo y Manabí, concentrando el 76% de estas denuncias. Además, en Quito, barrios como la Marín y en general el Centro y Sur de Quito, experimentan una recuperación acelerada de denuncias por delitos, siendo este un resultado controversial ya que durante estos meses a nivel nacional se ha desplegado un fuerte contingente de policías y militares en las calles.
Sin dudad la crisis económica y social provocada por el Covid-19 tiene fuerte implicancia en este repunte de criminalidad. Sin embargo, como reflejan las cifras, este incremento se venía experimentando desde antes de la crisis sanitaria, lo cual nos debe llevar a pensar que existen otros factores relacionados al manejo económico los que posiblemente están contribuyendo al incremento de la inseguridad ciudadana.
La evidencia empírica basada en investigaciones sobre economía del crimen y la teoría sociológica de la desorganización social, junto con la economía política clásica, nos proporcionan bases para afirmar que existen fuertes relaciones entre los factores económicos y la decisión de cometer delitos. Factores relacionados con los ciclos económicos medidos por el PIB y la privación económica, medida a través de la pobreza, la desigualdad social, la falta de educación y el desempleo tienen fuertes implicaciones sobre los incentivos a la práctica delictiva.
El panorama evidencia que el mal manejo económico extrema las condiciones materiales, desencadenando la lucha de clases. Las mismas élites al acaparar los medios de producción y las utilidades, fomentando la precarización laboral y la nula redistribución de los ingresos, generan condiciones para que exista delincuencia y violencia social. En donde a falta de un gobierno que represente los intereses de la mayoría, solo queda la lucha social por el derecho a vivir en condiciones dignas.
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Fotografía: Revista Crisis.
