Por: AAVV. sinpermiso. 04/10/2020
Diversas entidades de personas con sufrimiento psicológico y diversidad psicosocial han elaborado un Manifiesto por la Renta Básica Universal, que está recogiendo adhesiones. Las entidades firmantes consideran urgente situar la renta básica en la agenda del movimiento loco como herramienta fundamental para afrontar la situación estructural y sistemática de vulneración de derechos humanos, estigmatización y discriminación (laboral, material y social) que sufren las personas psiquiatrizadas. Reproducimos el manifiesto.
Desde nuestro colectivo de personas psiquiatrizadas y/o con experiencias de sufrimiento psicológico y diversidad psicosocial reivindicamos la necesidad de aprobar una Renta Básica Universal: una prestación económica incondicional, equiparable al salario mínimo o por encima del umbral de la pobreza, compatible con otras fuentes de ingresos, que garantice las condiciones materiales para el sostenimiento de una vida digna y posibilite el ejercicio de los derechos de ciudadanía para todas las personas.
Su aprobación es una necesidad urgente en un mundo donde somos mano de obra redundante para el neoliberalismo, donde una proporción cada vez más alta de la población se ve excluida del mercado laboral. Además, la mercantilización de las necesidades básicas, el coste de la vida y la precariedad laboral nos han llevado a una situación en la que trabajar ya no garantiza que las personas estemos por encima del umbral de la pobreza.
En este contexto, que se ve agravado y acelerado por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de la Covid19, nos posicionamos a favor de la RBU porque también es una medida preventiva de la «salud mental». Como señala la OMS, el sufrimiento derivado de la pobreza, las condiciones precarias de existencia, la incertidumbre económica y el paro se encuentran entre las principales causas de las vivencias que se diagnostican como trastornos mentales, de las conductas adictivas y el suicidio. Garantizar unas condiciones dignas de existencia, con independencia del mercado laboral, es una condición de posibilidad para reducir los malestares emocionales y sociales que hay detrás de estas conductas.
En nuestra sociedad, donde se psicopatologitza y medicaliza el sufrimiento, y donde el malestar psicosocial se diagnostica psiquiátricamente, las propias respuestas institucionales a los efectos del sistema socioeconómico generan más exclusión. Con el diagnóstico viene el estigma. Y uno de sus efectos retroalimenta las causas del sufrimiento. Las personas que hemos sido diagnosticadas de trastorno mental severo somos el colectivo social con las cifras más altas de desempleo y exclusión del mercado laboral, llegando a estar paradas 3 de cada 4 personas etiquetadas así. Un diagnóstico de trastorno mental es una barrera, un motivo de discriminación que afecta negativamente para el acceso al mercado laboral o una condena a trabajos poco estimulantes y gratificantes que en absoluto dignifican la existencia. Precisamente, una RBU permitiría romper este ciclo patologizador de la exclusión social, donde los efectos de las condiciones de vida y las respuestas institucionales que se están dando perpetúan y generan aún más exclusión.
Aprobar una RBU permitiría la eliminación de las prestaciones no contributivas, que actualmente son condenas a la precariedad y la exclusión social, con cantidades económicas que están por debajo del umbral, ya no de la pobreza, sino de la miseria. Situación en la que nos encontramos un alto porcentaje de personas psiquiatrizadas, ya que el 50% de los problemas psicosociales que se diagnostican comienzan en la infancia y adolescencia, y hasta el 75% si incluimos la primera juventud. Es decir, la mayoría de las personas nos encontramos en situación de estar discapacitadas por la sociedad por motivos de salud mental antes de haber podido hacer las cotizaciones necesarias para acceder a una prestación contributiva.
Una RBU permitiría salir de los circuitos de la discapacidad. En primer lugar, porque es universal e incondicional. Esto significa que, a diferencia de las prestaciones no contributivas y de otras formas de asignaciones económicas condicionadas, no requiere que las personas tengamos que asumir una condición social inferior para poder solicitarla, lo que añade una nueva fuente de estigma y autoestigma. Todos los requisitos estigmatizantes de acceso que existen actualmente, como obtener un 65% de disminución para poder optar a la pensión no contributiva, desaparecerían.
Una RBU, finalmente, también sería un recurso fundamental para promover los procesos de recuperación y empoderamiento en nuestro colectivo. En primer lugar, porque además de garantizar unas condiciones mínimas de sostenibilidad de la vida, favorecería la vida independiente, autónoma de la familia y/o la institución. Actualmente, las imposibilidades materiales condenan a la dependencia, siendo esto una barrera a la autonomía, la autodeterminación, el crecimiento personal y el ejercicio de la ciudadanía activa. Las personas, sin los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades básicas, quedamos inmersas en relaciones paternalistas de dependencia.
Y, en segundo lugar, porque una asignación incondicionada favorecería que muchas personas nos aventurásemos a volver a trabajar, sin miedo a perder la prestación que cobramos y de la que dependemos para sostenernos. Situación que actualmente genera unos efectos perversos, siendo una barrera a la inserción laboral y la recuperación.
En definitiva, una RBU ampliaría el abanico de oportunidades vitales para las personas psiquiatrizadas -empleos a tiempo parcial deseados, trabajos en entornos protegidos, voluntariado, estudios, reciclaje profesional, etc.-, al cubrir necesidades básicas sin ninguna presión social ni estigma.
Porque las personas locas y psiquiatrizadas no somos ciudadanas de segunda, reclamamos: ¡Renta Básica Universal ya!
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Fotografía: sinpermiso.