Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza. 02/07/2019
Públicamente AMLO ha decretado el fin de la larga noche neoliberal, pero las decisiones y medidas tomadas en su gobierno, contradicen semejante declaración. Por ejemplo, la asignación directa de recursos a ciertos grupos sociales, de facto reduce al mínimo la intervención del Estado en aquellas áreas que son de su competencia. Eso es algo que caracteriza a los gobiernos neoliberales de diferentes latitudes.
En esta entrega analizamos la extensión de la política de apoyos directos a las escuelas públicas; pretendemos mostrar que la reforma educativa de la 4T no solo mantiene y legitima la lógica neoliberal que caracterizó a la reforma 2013, sino que incluso la profundiza.
Comencemos recordando el contenido del artículo décimo séptimo transitorio de la reforma constitucional aprobada recientemente por el Congreso:
“La ley secundaria definirá que, dentro de los consejos técnicos escolares, se integrará un Comité de Planeación y Evaluación para formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales”.
Se trata de un transitorio en cuya redacción se evita mencionar las palabras malditas autonomía de gestión, asociadas a la reforma de EPN. Las leyes secundarias dotarán de un contenido y definiciones procedimentales específicas a este artículo transitorio. Sin embargo, son varias las señales que anticipan el sentido que adoptará la autonomía de gestión no nombrada como tal, pero ya en marcha. Veamos cuáles son:
- En la carta entregada a la CNTE a fines de mayo, López Obrador alude al tema en estos términos: “….se elaborará un recuento de las necesidades, condiciones y población de cada plantel a fin de asignarle el presupuesto correspondiente para materiales de construcción, mobiliario, gastos fijos, materiales educativos y consumibles. Se establecerá una instancia denominada Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), cuyos integrantes serán electos al inicio de cada año lectivo por una asamblea escolar en la que participarán los docentes, madres y padres de familia y alumnos a partir del 4° grado de primaria. Cada CEAP recibirá de manera trimestral o semestral el presupuesto para construcción, mejoras y mantenimiento, y las entregas se realizarán de manera directa, por transferencia bancaria u orden de pago, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este sistema tendrá como objetivo la dignificación de los recintos, particularmente, aquellos situados en regiones rurales y urbanas marginadas
- Al día siguiente de la multicitada carta, abundó en el tema durante su conferencia mañanera. Informó que se elegirán alrededor de 300 mil comités de padres de familia, maestros y alumnos. Una vez constituidos, la tesorería de la federación destinará directamente los recursos para mejorar instalaciones y darles mantenimiento.
- Días después, el director del INIFED dio a conocer que el gobierno federal prepara un programa para otorgar 100 mil pesos anuales a cada uno de los planteles de educación básica del país, de manera que serán maestros, padres y alumnos los que decidan en qué usar ese dinero. De paso anunció también que dicho programa sustituirá a Escuelas al CIEN (Cada escuela recibirá 100 mil pesos para obras). Habrá que ver como se resolverán los compromisos adquiridos con los inversionistas, pero esa es otra historia.
- A mediados de junio AMLO retomó el tema, esta vez para anunciar la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). “Se va a entregar el apoyo de manera directa a cada escuela, para que nos ayuden maestros y padres de familia y se mejore la situación de los planteles escolares” dijo durante una gira por Chihuahua (López Obrador anuncia desaparición del Inifed). Cuatro días después, algunos medios dieron cuenta de una reunión a puerta cerrada entre López Obrador, Esteban Moctezuma y Carlos Urzúa para analizar el asunto.
- No se ha presentado un diagnóstico, tampoco datos duros ni evidencias concretas que soporten semejante decisión. Al parecer, la narrativa del combate a la corrupción es el principal sustento y de paso, garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad establecido en la Constitución. Así las cosas, la asignación de recursos directos entrará en vigor a partir del próximo ciclo escolar.
- Probablemente el programa Mejor Escuela que el gobierno de Claudia Sheinbaum lleva a cabo desde hace varios meses en la Ciudad de México (https://www.mejorescuela.cdmx.gob.mx/), será el modelo a seguir a nivel nacional.
Se dice fácil, seguramente muchos aplaudirán lo que a simple vista parece ser un paso adelante en la dirección correcta. Sin embargo, una rápida revisión de los hechos ayuda a reconocer la complejidad que encierra el asunto, las múltiples aristas que involucra y los posibles riesgos en puerta. Las necesidades de las escuelas van más allá del mantenimiento, adaptación o reparación de los edificios. Para entender las posibles repercusiones de semejante medida, en las líneas siguientes realizamos un breve análisis del asunto.
a) Sobre la infraestructura Escolar
Según la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGINFE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2008 y reformada por última vez en enero de 2018, la infraestructura comprende los edificios, servicios, instalaciones y equipamientos educativos, así como los espacios para la práctica del deporte con fines formativos y para realizar actividades culturales. No lo dice la Ley, pero habría que agregar también el acceso a recursos tecnológicos, actualmente indispensables en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Luego entonces, hablar de infraestructura escolar es mucho más que mantener un edificio en buenas condiciones. Implica equipar, reforzar, dar mantenimiento a las escuelas. Además, en caso de contingencias, incluye reconstruir o habilitar los inmuebles e instalaciones destinadas a tareas educativas.
Luego de la anunciada desaparición, algunos medios cabecearon “Desaparece Instituto que construye escuelas”. En realidad, el INIFED no construye escuelas. ¿Para qué sirve entonces, cuáles son sus funciones?
Según la propia LGINFE, es un organismo con capacidad normativa, de consultoría, certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción; además tiene la obligación de brindar asesoría en materia de prevención y atención de daños provocados por desastres naturales, tecnológicos o humanos.
En el 2013 y 2018, esta ley fue reformada. Entre los últimos cambios realizados (Ley General de Infraestructura Física Educativa), está la adición del párrafo V en el artículo 2 del capítulo I Disposiciones Generales, que dice así: “La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos procedentes, así como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, de las entidades federativas y municipal, además de los sectores de la sociedad”. Como puede observarse, se incorpora explícitamente la toma de decisiones conjuntas entre instituciones públicas, los diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad. No es necesario ser adivino para saber que si hay un sector interesado en participar en este rubro, es el de los empresarios agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
Regresando a la Ley, el artículo 7 del capítulo II “De la calidad de la Infraestructura Física Educativa”, establece: “La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano….” (Las negritas son nuestras). Otros artículos hacen referencia a la prioridad de atención a grupos y regiones con mayor rezago (art. 10) y al cumplimiento de las disposiciones para la inclusión de personas con discapacidad y comunidades indígenas (art. 11).
Esto dicen los ordenamientos de observancia obligatoria, sin embargo, basta echar un vistazo a la situación prevaleciente para darse cuenta de que la realidad es muy otra.
b) El tamaño de las carencias
Al inicio de la reforma de Peña Nieto la SEP junto con el INEGI, realizaron un censo nacional de escuelas, maestros y alumnos. En esa ocasión se levantó información sobre el tipo de inmueble, sus características físicas (paredes, techos, pisos, barda o cerco perimetral), servicios básicos (agua y electricidad), infraestructura hidrosanitaria, instalaciones para personas con discapacidad (rampas y adaptaciones sanitarias), número y condiciones de los espacios (aulas, talleres, laboratorios, oficinas, biblioteca, etc.), protección civil (extintores, señalización, rutas de evacuación, etc.), uso del inmueble como albergue en caso de desastre; mantenimiento y obras de rehabilitación realizadas.
De 236,973 centros de trabajo censados, 207,682 (87.6%) son escuelas de educación básica y especial; de éstas 86.4% son públicas. ¿Qué se encontró? Pues que a nivel nacional, 56,580 de las escuelas son construcciones adaptadas para fines educativos; solo el 51.6% cuenta con drenaje; 69% dispone de agua potable; 87.2% cuenta con sanitarios; 88.8% con energía eléctrica (http://cemabe.inegi.org.mx/).
Posteriormente, en un informe ejecutivo fechado en febrero de 2018 (Infraestructura educativa: resultados y avances), la SEP reduce a 152,469 el total de planteles censados en 2013. A partir de este dato, afirma que de 89.02% se pasó a 97.44% escuelas con energía eléctrica y de 29.5% a 42.9% con accesibilidad para personas con discapacidad.
Esta información no coincide en absoluto con la proporcionada por el extinto INEE en su informe Políticas para fortalecer la infraestructura escolar en México. A partir de información proporcionada por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la SEP, reporta que 45% de las escuelas de educación básica no se encuentran conectadas al desagüe, 20% a una red de agua potable; 5% continúan sin acceso a servicios de electricidad.
A este panorama se agregan los daños estructurales provocados por el sismo de septiembre de 2017. Reporta el INEE que de un total de 145,7041 escuelas de educación básica diagnosticadas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), 31% presenta daño estructural y 33% funcionan con edificaciones que no se apegan a la normatividad establecida.
En otro documento del mismo año (La educación obligatoria en México. Informe 2018), el INEE concluye que la carencia de espacios como aulas, biblioteca escolar, salón de cómputo o canchas deportivas, afecta principalmente a escuelas primarias y preescolares indígenas así como a telesecundarias y telebachilleratos, “casi 3 de cada 10 (escuelas públicas) de EB y la mitad de EMS carecen de un espacio físico que funcione como biblioteca escolar o de aula…” (p. 136)
Cabe mencionar que la infraestructura escolar forma parte de la agenda de la OCDE desde hace varios años, inclusive cuenta con un Programa para la Construcción y el Equipamiento de la Educación. La política educativa de los últimos once años ha pretendido responder a sus recomendaciones desplegando sendos programas, varios de los cuales se propusieron objetivos similares e inclusive operaron simultáneamente: Mejores Escuelas (2008-2012); Escuelas Dignas (2013-2015); Escuelas de Excelencia (2014-2015); Programa de la Reforma Educativa (2015-2018); Escuelas al CIEN (2015 a la fecha).
Estos programas a los que se han destinado cuantiosos recursos públicos, no han servido para lo que fueron creados; basta revisar los informes de la Auditoría Superior de la Federación para corroborarlo. No obstante, se han mantenido vigentes.
Indudablemente, la industria de la construcción ha sido un sector beneficiado. De ahí que no resulta extraño su desacuerdo ante la posible desaparición del INIFED (CMIC defiende operación del INIFED en Yucatán). Los acercamientos con las autoridades no se han hecho esperar, no podía ser de otro modo, los compromisos adquiridos y los intereses en juego son muchos (No desaparece el INIFED: Constructores).
Este es el panorama general. Más allá de la inconsistencia de las cifras reportadas por distintas entidades oficiales, lo cual es en sí mismo un problema serio, advertimos hasta aquí las siguientes problemáticas:
- Existe un rezago histórico en la atención de la infraestructura escolar. Las necesidades de las escuelas son múltiples, varían en función del número de alumnos, modalidad de atención, ubicación geográfica, tipo de jornada, entre otros aspectos.
- Desde hace dos década, la actuación gubernamental respecto a las necesidades materiales de las escuelas públicas, sigue un patrón de abandono similar al de otras áreas, como educación especial.
- Los estudios y levantamientos de información oficial (que nos cuestan a todos), nos presentan, año tras año, el mismo panorama de deterioro. Y como suele ocurrir, las carencias más agudas se encuentran en escuelas ubicadas en las zonas rurales y urbano-marginadas de las entidades más pobres.
Más allá de los acuerdos que el gobierno de la 4T logre con los empresarios afectados, seguramente en términos similares a los del aeropuerto cancelado por todos conocidos, una cuestión altamente preocupante es la sobre simplificación del problema de la infraestructura escolar y los riesgos que conlleva.
Si desaparece el INIFED, ¿quién y cómo se verificará el cumplimiento de requisitos y normas básicas para la selección del terreno para la construcción de escuelas, la adecuación de la infraestructura a las necesidades de la población, la supervisión de obras, la seguridad estructural?
Otro riesgo, por sus implicaciones a futuro, tiene que ver con las familias cuyos hijos estudian en escuelas públicas, que son cerca del noventa por ciento de las que existen en este país.
Las aportaciones económicas o en especie se han naturalizado a tal grado que quienes se niegan a cooperar o simplemente no pueden hacerlo, son objeto de chantajes y presiones incluso por parte de otros padres. De facto, estas prácticas han ido debilitando progresivamente el principio de gratuidad.
¿Qué pasará cuando los cien mil pesos prometidos no alcancen? Pues habrá que aportar más; cuando eso ya no sea posible, ahí estarán las organizaciones filantrópicas y civiles dedicadas a la provisión de servicios en todos los niveles. En países donde se han expandido en forma desmedida la provisión de servicios educativos por agentes privados, las desigualdades así como diversas formas de discriminación se han profundizado, al tiempo que unos cuantos se benefician con recursos públicos.
Para decirlo en pocas palabras: los apoyos directos a las escuelas no resolverán la aguda y compleja problemática de la infraestructura, dudamos que terminen con la corrupción. Lo que sí conseguirán es profundizar el modelo de gestión escolar que logró instalar la reforma 2013, caracterizado por cambios radicales en la estructura escolar, en las responsabilidades y relaciones entre alumnos, profesores, directivos comunidad y Estado. Para eso sirvieron la normalidad mínima, el programa escuela al centro y el modelo educativo.
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