Por: Oswualdo Antonio González. 07/01/2017
Una pregunta que ronda las discusiones respecto de por quién votar es ¿qué podemos hacer si no cumple lo que está prometiendo? y las respuestas siempre son las mismas: no podemos hacer nada, existen pocos mecanismos para obligar a un candidato a cumplir con aquello a lo que se compromete al pedir el voto.
En la actualidad, con la masificación de los teléfonos celulares y sus cámaras integradas, las evidencias de estas promesas son irrefutables y se constituyen en muestra de las incongruencias entre el decir en campaña y la acción ya en el gobierno. Ello explica la tendencia de los candidatos a negarse a prometer, optando en su lugar por las generalizaciones y las posturas ambiguas ante los problemas que enfrenta la ciudadanía.
La opción que los medios han propuesto a la ciudadanía es castigar al candidato no volviendo a votar por él o su partido, o bien, votar por su contrario en algo que se ha denominado voto de castigo, lo cual sigue dejando en la indefensión al votante y en la impunidad al candidato mentiroso.
Como Colectivo Magisterial hemos optado por participar activamente en los procesos electorales, argumentando públicamente las razones del por qué apoyar y llamar al voto por determinada opción. Pero nuestra participación no se agota en esa acción, implica también la observación del actuar público de las autoridades electas, con el propósito de construir evidencias sobre incongruencias, incompetencias y prácticas corruptas que dañan los intereses del pueblo.
La crítica pública como práctica ciudadana, ha implicado para nosotros difundir opiniones, análisis, contrastes, evaluaciones, escenarios, tendencias y alertas sobre el actuar y las decisiones que toman los servidores públicos, las cuales se fundamentan en la recopilación de evidencias, su agrupamiento temático y cronológico, la construcción de redes de interpretación desde diversas categorías, su validación por pares y procesos de seguimiento de impacto. Sabemos que algunos actores se han incomodado por esta práctica, les decimos que esto es la democracia y en tanto ellos financien decisiones con recursos públicos, su actuar es materia de mirada y análisis público.
El costo reputacional, es la suma de las consecuencias que tiene en la reputación de un actor público su exposición ante opiniones negativas. Es una herramienta que como ciudadanos organizados utilizamos para evidenciar la corrupción, demagogia e incompetencia de un actor público y tiene como finalidad construir una memoria colectiva del actuar de la clase política y con esos insumos estar en condiciones de desnudar las campañas que se basan únicamente en la mercadotecnia electoral del rollo e imagen. El contraste de ofertas electorales, más allá de la frase pegajosa es una consecuencia de esta herramienta.
La vinculación estratégica, es un tercer elemento que estamos impulsando respecto de nuestra participación ciudadana organizada en las decisiones públicas. Implica apoyar las prácticas, agendas y esfuerzos que realizan actores públicos por responder a las necesidades del pueblo más allá de coyunturas electorales, personales o grupo.
La vinculación estratégica con un actor público no implica renunciar a nuestra autonomía como Colectivo para realizar crítica pública. Significa difundir el trabajo público que realiza el actor u organización, la creación de espacios de diálogo para impulsar agendas compartidas y el compromiso para que poco a poco se ciudadanice el espacio público de toma de decisión, tal es el trabajo de vinculación, por ejemplo, con la Diputada por el Distrito de Xalapa, Daniela Griego.
Crítica pública, Costo reputacional y Vinculación estratégica son las vías a través de las cuales participamos en el espacio público, por ello afirmamos que nuestra participación como ciudadanos no se agota en las elecciones, pretende incidir en el ejercicio del poder público.
