Por: Gustavo Burgos. 01/09/2022
La detención del vocero de la organización de resistencia mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, es un atentado al pueblo mapuche, a su lucha emancipadora y al mismo tiempo un espaldarazo a los intereses a los grupos económicos Matte y Angelini, propietarios de las principales forestales que usurpan millones de hectáreas de propiedad del pueblo mapuche. En este contexto, todo el debate sobre la imputabilidad penal asociada a las declaraciones de Llaitul y el carácter «legal» o «judicial» de tal persecución es una tontería.
A Llaitul se le persigue por ser vocero de una organización que le ha declarado la guerra al Estado y al gran capital, por eso es que habiendo pasado horas después de su detención los Gobernadores de la Araucanía y Biobío ya discuten sobre la conveniencia de que el detenido sea llevado a la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago, dando por hecho que mañana el Juez de Garantía de Temuco ordenará su prisión preventiva. Esto revela que bajo la apariencia de una detención legal se perpetra el secuestro de un dirigente de las comunidades mapuche en resistencia a quién como tal, resulta necesario sacarlo físicamente del Wallmapu.
Esta detención en primer lugar, no es un hecho aleatorio ni el resultado de la persecución de ilícitos penales. Ese discurso legalista formal, miserablemente sostenido por el histórico dirigente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, pretende normalizar la detención de Llaitul y hacerlo pasar por una simple actuación judicial. Carmona y el PC mienten, porque al igual que Boric, el Frente Amplio, el PS y demás fuerzas políticas gubernamentales, están comprometidos en quebrar toda forma de resistencia del pueblo mapuche pretendiendo entregar «plurinacionalidad» a cambio de tierras, de la misma forma como los primeros conquistadores españoles intercambiaban espejos y chucherías por oro y joyas preciosas de los pueblos originarios.
Este gran operativo político es parte integrante de uno mayor que pretende restaurar el régimen, legitimándolo con una Nueva Constitución que en la apariencia materialice aspiraciones democráticas, pero que en la realidad solo será una edición más de la vieja y podrida cocina del poder. Con este operativo se pondrá en el papel la promesa de un robustecido sistema de derechos fundamentales, a cambio de la paz social y de una nueva e interminable transición.
En segundo orden, la detención de Llaitul obedece a un operativo de derechización del discurso gubernamental del presidente más joven de la historia y quizá del mundo (no nos interesa refrendarlo). En efecto «Su Excelencia» viene dando macizas muestras de su compromiso con el aparato militar de las FFAA y Carabineros, no sólo militarizando el Wallmapu, sino que sosteniendo un discurso en el que los problemas sociales asociados a la miseria (delincuencia, narcotráfico, comercio ilegal, etc) se resuelven mediante la represión. Esto ha llevado al Gobierno a impulsar verdaderas «barridas» contra el comercio ambulante; la realización de allanamientos masivos en poblaciones obreras marcadas como centros de narcotráfico y —en un plano más general— es la forma como se aborda hoy la cuestión de la inmigración irregular (se siguen expulsando principalmente haitianos en completo silencio de los medios), todas cuestiones para las que siempre estará abierta la posibilidad de declarar nuevas ocupaciones militares en el norte grande y en la región de Los Ríos. Tal canalla posición es presentada como la revelación de una izquierda «sin complejos» y por supuesto, sin programa ni principios distintos a los del gran capital.
Finalmente, pero no por último, la detención de Llaitul importa formalmente que el Gobierno de Boric avanza a transformarse en una dictadura. El fin de semana pasado en un gesto insólito, Boric dio la espalda a sus auditores para dirigirse a la guardia policial que lo flanqueaba, pudo haberse puesto de rodillas ante ellos, pero la idea era la misma: les ratificó el papel fundamental que tienen en su Gobierno, ellos, sus familias y lo que representan. Para Boric la represión es lo fundamental.
Tan solo tres días después el favorito del Presidente, el General Director de Carabineros Ricardo Yáñez fue citado a declarar ante la Fiscal Ximena Chong por su responsabilidad directa en masivas y sistemáticas violaciones a los DDHH perpetrados por su institución durante el levantamiento popular de Octubre del 19. La comparecencia ante un simple Fiscal a un sujeto cuya responsabilidad política al menos es irrefutable en lo concerniente a muertes, mutilaciones, violaciones, palizas, gaseos masivos e incendios, es una pantomima. Quien cuenta con el respaldo político irrestricto del Gobierno, de sus instituciones y además del respaldo físico de las armas, cualquier proceso seguido en su contra carecerá de todo destino. Tal amparo propiciado por el Gobierno es una explícita garantía de su impunidad.
Pero a Boric no le basta con garantizar la impunidad de Yáñez, del propio Piñera y de la jauría de criminales que integraron su Gobierno. Para cerrar el círculo debe aplastar toda voz de disidencia y en la actualidad, producto del retroceso del movimiento social, la única voz altiva, rebelde y que ha declarado la guerra al régimen es la CAM, cuya vocería ejerce Héctor Llaitul. La detención de Llaitul el mismo día que declarara el General Yáñez es imposible que sea una coincidencia. Después de la Dictadura, Llaitul es el primero en ser llevado tras las rejas como resultado de exponer sus ideas, de reivindicar la política de su organización y por señalar un camino de enfrentamiento militar al Estado chileno que ocupa territorio nacional mapuche.
Los medios se dieron un festín las últimas semanas —anticipando su detención— atribuyéndole a Llaitul el reconocimiento o confesión de delitos. Detengámonos en este punto y soslayemos que desde al menos el siglo XVIII la confesión en materia penal no es suficiente para establecer responsabilidad penal. Llaitul nunca ha reconocido ni robos, ni incendios, ni usurpaciones ni formación de milicias, del momento que el movimiento del que es protagonista es de liberación nacional. No podría, bajo la explícita bandera de la autodeterminación, confesar hechos delictivos del momento que lo que está haciendo es ni más ni menos que materializar la aspiración de reconstruir y recuperar territorios y formas ancestrales de vida de las comunidades mapuche de las que la CAM forma parte, quiera o no quiera el Estado chileno. Tal «confesión» es legalmente inadmisible y políticamente imposible. A Llaitul se le encarcela por su posición política frente al Estado, esa es la realidad y quienes le persiguen desembozada o discretamente quieren acabar con el movimiento de resistencia mapuche y someterlos —en el mejor de los casos—a la condición de piezas de museo social.
No sabemos qué ocurrirá en la audiencia de control de detención y formalización de mañana. Lo más probable es que el Juzgado de Garantía —parte del entramado institucional opresor del pueblo mapuche— termine por dar lugar a la cautelar de prisión preventiva. El efecto que esto tenga en el movimiento mapuche como en la situación política en general es imprevisible. Por de pronto si alguna brizna de dignidad le queda al Partido Comunista —las restantes organizaciones ni saben qué es eso— este debería salir de inmediato del Gobierno. Permanecer en él importa hacerse responsable no solo de la abominable operación represiva en curso, sino que además de declararle la guerra formalmente al pueblo mapuche.
No servirán los argumentos de que esto es algo legal, porque esto es algo que ni siquiera un cerebro brillante como el de Teillier puede creer. La participación del Gobierno en esta detención ha resultado determinante, ya que ni siquiera Piñera llegó a aplicar tal medida. La concreta circunstancia de que Llaitul haya sido detenido cómodamente en un restaurante del centro de Cañete, revela que se trata de una acción teledirigida desde La Moneda, fuera de toda duda. Permanecer en el Gobierno en estas circunstancias, como hemos indicado importa adicionalmente ratificar que el complejo entramado del proceso constituyente se orienta materialmente —más allá de los discursos— hacia la disciplina social, la represión y la desarticulación de todas las organizaciones que algún grado de resistencia puedan ofrecer al régimen. Esto de la misma forma que ocurrió durante la década de los 90.
En estas circunstancias no hay otro camino que reivindicar la inmediata e incondicional libertad de Héctor Llaitul. Su encarcelamiento es un atentado al pueblo-nación mapuche, un agravio a las más elementales libertades democráticas y una concreta demostración que la política central del Gobierno de Boric es propiciar un ataque generalizado a los trabajadores y al pueblo explotado. Boric ha encarcelado a Llaitul y será el pueblo, mañana, pasado, más temprano que tarde quien lo liberará. A esta lucha están convocados todos aquellos que sean solidarios con la causa mapuche y con la defensa de las libertades democráticas y dentro de ella, la más básica, la libertad de expresión. Desde El Porteño, llamamos al conjunto de las organizaciones de trabajadores, a las de base y aún a las federaciones y centrales, organizaciones estudiantiles, secundarias, universitarias, asambleas territoriales, cabildos, ollas comunes, de DDHH, a todas las organizaciones que se reclaman de la izquierda y la clase trabajadora a formar un gran y amplio frente por la libertad de Llaitul y de todos los presos políticos. El momento es decisivo, la lucha urgente e impostergable: !!LIBERTAD AHORA!!!
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Fotografía: Desinformémonos
