Por: Aram Aharonian. 10/06/2021
Pueden disfrazarla de Blancanieves, pero es apenas una nueva doctrina para el permanente injerencismo de Washington en otros países, proveniente de un presidente demócrata. De eso se trata la coartada del combate a la corrupción, fuera de fronteras, lanzada por el octogenario mandatario estadounidense Joe Biden.
Biden proclamó la última semana que la corrupción es un riesgo para la seguridad nacional de su país, por lo que elevó la lucha contra este flagelo al rango de pilar de la política exterior de Washington.
No es nada nuevo para nuestra región, porque esta política imperial se remonta al nacimiento mismo de Estados Unidos como nació, a finales del siglo 18 y que ha tenido durante siglos a las naciones y pueblos de América Latina y el Caribe como sus principales víctimas. Ahora EU combatirá la corrupción (obviamente no la propia), como antes tuvo como pretexto de injerencismo el destino manifiesto, la lucha contra el comunismo, la guerra contra las drogas, el impulso al progreso y el desarrollo y el combate al terrorismo.
El mandatario ordenó a las diversas agencias de su gobierno elaborar recomendaciones para el combate contra la corrupción, y afirmó que Estados Unidos será líder por medio del ejemplo y en asociación con aliados, la sociedad civil y el sector privado e informó que como parte de este esfuerzo continuará financiando a organizaciones no gubernamentales (ONG) y periodistas de investigación en otros países. Es cierto que las declaraciones de Biden no fueron dirigidas a ninguna nación o persona en particular, pese a que hasta antes de la asunción presidencial, ya había calificado de corruptos a los presidentes de Rusia y China, sus competidores en la lucha por la hegemonía mundial.
En México se ha leído como una respuesta al reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Casa Blanca cese el financiamiento ilegal a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y otros grupos políticos disfrazados de asociaciones civiles, que tratan de desestabilizar al gobierno, apoyando a políticos corruptos de los últimos 20 años de historia mexicana.
En el documento, la Casa Blanca proclama que se arroga el derecho a impulsar o crear actores extralegales de combate a la corrupción en otros países, con total arbitrariedad en la selección de sus personeros. México ya es testigo del tipo de formaciones con las que Washington gusta de asociarse: diversas investigaciones periodísticas denunciaron a MCCI por sus prácticas fiscales opacas, por su sesgo político, por sus vínculos oscuros en el mundo empresarial y por ser una proyección encubierta de poder económico en los asuntos públicos, señala La Jornada.
Hay más. Obviamente la administración demócrata recurrirá a personajes y ONGs con oscuros antecedentes ungiéndolos como instrumentos de su injerencia en los asuntos de otras naciones. Cabe preguntarse por el papel que habrá de jugar el sector privado en el combate a un conjunto de prácticas ilegales o antiéticas de las que es un exponente de primer orden, plantea el diario mexicano.
Además de injerencista e intervencionista, la decisión de Biden es totalmente hipócrita. Anuncia su apoyo a periodistas de investigación, pero los últimos tres presidentes de su país estuvieron persiguiendo a Wikileaks, que puso en manos de periodistas, medios y del público mundial el mayor cúmulo de información sobre violaciones a los derechos humanos y otras formas de abuso de poder.
Principalmente por parte de Estados Unidos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, sigue preso en Londres por una petición de extradición de Washington, lo que pone en evidencia que tras el verso de la honestidad y la transparencia, se esconde un incurable empecinamiento en intervenir en asuntos internos de otros países y la voluntad de coartar la libertad de expresión cuando su ejercicio resulta lesivo para los intereses de los mandamases de Washington.
Fueron periodistas (y no el gobierno estadounidense) quienes develaron los escándalos de Odebrecht, los Papeles de Panamá o la Banca Privada d’Andorra, que dejaron al descubierto que muchas empresas trasnacionales y dueños de grandes fortunas están en la permanente búsqueda de formas y de oportunidades para estafar al fisco, obtener ventajas y poder político mediante sobornos y lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.
Percepción de corrupción
-El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) publicado en enero de 2021, clasifica a aproximadamente 180 países en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) según la situación determinada para cada país, donde EU aparece en el puesto 25, detrás de Uruguay y Chile, por ejemplo.
El índice lo cofinancia Estados Unidos. “Nuestra investigación establece un vínculo claro entre tener una democracia saludable y combatir con éxito la corrupción en el sector público”, expresó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency International. “Es mucho más probable que la corrupción florezca cuando las bases democráticas son débiles y, como hemos visto en muchos países, donde los políticos antidemocráticos y populistas pueden usarla en su beneficio”.
El auge de los líderes nacionalistas ha provocado un deterioro de la transparencia en lo que respecta a las finanzas públicas, incluso a través del desmantelamiento de los controles y balances en el poder, según el organismo de supuesta vigilancia de la corrupción, que solo sirve a las excusas del gobierno estadounidense para imponer su prepotencia e injerencia.
– La operación Lava Jato, que destapó una red regional de sobornos y llevó a prisión (y suicidio) hasta a presidentes, se debilita en Brasil tras el cierre de su equipo de fiscales y un fallo del Tribunal Supremo sobre la parcialidad del exjuez Sergio Moro, apadrinado por el FBI estadounidense, al juzgar al expresidente Luis Inácio Lula de Silva. Conjunción de persecución policial, fake news por los medios masivos, y lawfare. Todo para imponer y sostener a gobiernos de derecha en la región.
– “Ahora estamos investigando activamente a la Organización Trump en calidad de criminal, junto con el fiscal de distrito de Manhattan”, comunicó el portavoz de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre la naturaleza de las indagaciones que las autoridades realizan sobre las actividades de las empresas del multimillonario. Trump habría inflado el valor de sus activos inmobiliarios frente los bancos en el momento de buscar préstamos, pero subestimó su valor para reducir el pago de impuestos. El dinero oscuro es una forma “secreta” de influencia electoral en la que no se sabe quién pone el dinero para las campañas.
– Esta “corrupción” electoral es legal en EU. Mary Bottiny, del Center for Media and Democracy (CMD), que investiga el uso de fondos por corporaciones y políticos, explica que este tipo de corrupción se producen cuando millonarios, multimillonarios o corporaciones donan dinero para apoyar -o ir en contra de- ciertos candidatos a través de grupos de bienestar social, ONGs o asociaciones comerciales.
Estas organizaciones, según un dictamen de 2010 de la Corte Suprema, pueden recibir donaciones ilimitadas de empresas o individuos, aunque no están obligados a revelar sus donantes. En algunas elecciones, estos grupos han gastado más dinero en los comicios que los propios comités de acción política corporativa.
-En clara actitud chantajista, injerencista e hipócrita, cada año el gobierno estadounidense certifica o descertifica a otros países por lo que sea, seguridad aérea, pesca de langostinos, armas nucleares, derechos humanos y hasta cooperación antinarcótica, campo en el que Colombia, el principal socio sudamericano de Washington, fue descalificado dos veces por narcocorrupción.
-El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, anunció que pone fin al convenio que mantenía con una comisión contra la corrupción y la impunidad de la OEA porque el secretario general del organismo, Luis Almagro, nombró como asesor a Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador que afronta un proceso penal por corrupción en el país centroamericano. “Como Fiscalía no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales”, sostuvo Delgado.
-En las sesiones contra la corrupción de la Asamblea General de la ONU, Venezuela aseguró que el “despojo ilegal” de la empresa petrolera Citgo, filial en EU de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, provocó una trama de corrupción internacional de millones de dólares, y que habría sido reconocido, incluso, por autoridades del gobierno estadounidense. Parte de los recursos que han sido bloqueados en el exterior “han caído en las cuentas de políticos corruptos, escritorios jurídicos y hasta en manos oscuras en el gobierno de EU”, dijo el canciller Jorge Arreaza.
(*) Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
LEER EL ARTICULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Sur y sur
