Por: Sergio Palencia-Frener. 27/05/2021
Más allá de la veneración institucional, la beatificación también conlleva un juicio político sobre las fuerzas que llevaron a cabo el genocidio en Guatemala y Latinoamérica
El 23 de abril, la Iglesia Católica beatificó a diez religiosos asesinados durante la guerra en Guatemala, entre 1980 y 1991. Dicho evento constituye una de las mayores beatificaciones colectivas en el marco de los conflictos que asolaron a América Latina durante la Guerra Fría. Más aún, es la primera vez que la mayoría de los nuevos beatos son indígenas mayas: dos sacristanes ixiles y cinco catequistas quichés, así como tres sacerdotes de origen catalán, vasco y asturiano. En una misa transmitida en televisión nacional y redes sociales, varios obispos y sacerdotes de Guatemala los declararon mártires, testigos de la fe.
Todos los religiosos fueron asesinados por el Ejército de Guatemala o miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). A menos de ocho años del Juicio por Genocidio contra los generales Ríos-Montt y Rodríguez Sánchez (2013), la elevación a los altares católicos de los catequistas y sacerdotes ha renovado cuestiones relacionadas con la interpretación de la guerra. Exploremos el contexto histórico en el cual murieron los recién beatificados durante la guerra en Guatemala.
Finqueros y militares iniciaron la persecución de sacerdotes y catequistas en un esfuerzo por detener la emancipación económica y moral de la comunidad maya guatemalteca
La cooperativa indígena-católica
Miguel Tiu Imul es uno de los mártires mayas recién beatificados. Su hija, Josefa Tiu García, relató para la radio indígena Tujaal: “cuando era niño mi papá de diez años entró en la religión católica. Antes no es católico. Empezó a dar doctrina a los niños. Él es un trabajador, siempre siembra milpa. Todos los animales. Su devoción es rezar el santo rosario, orar en la casa.” Catequistas indígenas como Miguel Tiu jugaron un papel central en las transformaciones comunitarias en Chiapas, Guatemala y El Salvador entre 1940 y 1980. Para el caso guatemalteco, muchos se formaron en Acción Católica, un movimiento eclesial inicialmente enfocado en combatir las prácticas sincréticas mayas consideradas no adecuadas a la doctrina oficial.
Antes y después del Golpe de Estado en Guatemala, orquestado por Estados Unidos en 1954 contra el presidente Árbenz y la Reforma Agraria, la Iglesia Católica promovió el anticomunismo y al campesinado indígena como pequeño empresario organizado en cooperativas. En su ensayo The Maya Catholic Cooperative Spirit, Susan Fitzpatrick-Behrens rastrea cómo el cooperativismo indígena llegó a convertirse en un movimiento agrarista, de producción mercantil local, en un país donde la organización autónoma laboral y rural fue luego considerada subversiva. La cooperativa indígena-católica fue denunciada por grandes finqueros, dueños de ingenios y contratistas como una organización comunista. Esta denuncia tenía consecuencias mortales. Para 1969, Estados Unidos y la élite nacional habían convertido al Estado guatemalteco en bastión anticomunista y contrainsurgente del istmo. El choque llegaría a ser inminente.
Fuese contra proyectos de apicultura en Nebaj, colonización de la selva en Ixcán o proyectos de papa en Comalapa, finqueros y militares iniciaron la persecución de sacerdotes y catequistas en un esfuerzo por detener la emancipación económica y moral de la comunidad maya guatemalteca. En 1976, los militares mataron a William Woods, sacerdote Maryknoll que coordinaba la colonización maya en la selva. En 1978, el padre Hermógenes López murió baleado tras denunciar el acaparamiento del agua y la conscripción forzada de los jóvenes de San José Pinula. Estos crímenes formaron parte de una ola de represión mayor dirigida, entre 1976-79, contra cooperativistas, líderes de comités pro-vivienda y agua potable, alcaldes indígenas y sindicalistas mestizos. Fue este el contexto previo a la muerte de los diez religiosos del Quiché.
La cruz y la espada
Los asesinatos de catequistas o sacerdotes fueron las primeras gotas de la tormenta. En 1980-82, el ejército guatemalteco arrasó las aldeas consideradas bastiones rojos, muchas de ellas con al menos tres décadas de organización en Acción Católica, cooperativismo o ligas campesinas, todo ello previo a la llegada de la guerrilla. Josefa Tiu García recuerda a su padre, el catequista de Sacapulas, como responsable de la sobrevivencia de su aldea en la montaña:
“En el tiempo [de] esa violencia nos fuimos en los montes a vivir allí y como los soldados y los helicópteros siempre tiran bombas, se van atrás de nosotros. Mi papá se cayó, se golpeó [el hombro]. Todo eso se quemaron esa tierra, tiene milpa aquí. Los comisionados también agarraron esas mazorcas. Ya no tenemos nada para comer. Allí se fueron a pedir ayuda para los niños. Muchos niños han quedado sin padre, sin madre, viuda también.”
Algunos religiosos permanecieron en sus parroquias después de recibir múltiples amenazas, tomando la decisión de compartir el peligro que corrían sus feligreses.
Como fenómeno social centroamericano, el descontento contra los religiosos fue común en los regímenes dictatoriales de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Algunos permanecieron en sus parroquias después de recibir múltiples amenazas, tomando la decisión de compartir el peligro que corrían sus feligreses. En Aguilares, El Salvador, la muerte del párroco Rutilio Grande en 1977 tocó profundamente a monseñor Oscar Romero y, se cree, jugó un papel central para su conversión en voz crítica del país. Romero murió baleado en 1980 y declarado santo en 2018.
En Guatemala, los sacerdotes españoles José María Gran, Faustino Villanueva, Juan Alonso Fernández – como también Maruzzo, Rother y Miller – fueron asesinados entre junio de 1980 y febrero de 1982. Los catequistas indígenas Reyes Us, Rosalío Benito Ixchop, Miguel Tiu Imul y el niño de doce años, Juan Barrera, fueron perseguidos, torturados y finalmente asesinados por los militares o los comisionados locales, cada uno bajo la misma campaña represiva pero en distintos momentos o fases de la guerra. Desde similares condiciones, otros religiosos decidieron combatir.
Ante la creciente represión, varios sacerdotes, monjas y catequistas se alzaron con la revolución o formaron parte de la resistencia armada frente al genocidio. Tal fue el caso de Gaspar García Laviana, muerto en combate en Rivas, Nicaragua, en 1978, o de los sacerdotes Fernando Hoyos, en Huehuetenango, o de Serge Berten, en la capital de Guatemala, emboscados en 1982 mientras militaban en el Ejército Guerrillero de los Pobres. En este marco de revolución y guerra, el discernimiento llevó a cada uno, desde Miguel Tiu hasta Fernando Hoyos, a tomar decisiones radicales como la época misma, cada uno desde su experiencia y personalidad.
Persecución de la Iglesia
En 2013, el obispo de la Diócesis del Quiché, Rosolino Bianchetti, envió a Roma una investigación con testimonios juramentados de personas que conocieron a los diez religiosos. Al respecto, Bianchetti explica: “se escucharon en tres oportunidades los primeros testigos y se fueron agregando los segundos testimonios. Se fue forjando todo esto. Y se fue haciendo como en una tesis, una demostración escrita del fundamento de por qué decimos que hubo persecución a la Iglesia acá en Guatemala.”
No es la primera vez que se realiza esto. En este país centroamericano, la Iglesia Católica ha realizado una enorme labor en términos de memoria histórica y denuncia de la violencia estatal. En 1988, monseñor Juan Gerardi fundó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, entidad que coordinaría posteriormente la primera comisión de la verdad del país, el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). El informe recopila en cuatro volúmenes miles de testimonios sobre masacres, secuestros y responsabilidades institucionales acaecidas entre 1960 y 1996 durante la guerra.
Este clero, de ala progresista, ha promovido informes diocesanos locales y biografías de catequistas comprometidos con la opción preferencial por los pobres. Un precedente directo a la investigación de los beatos fue el libro Dieron la vida – Libro de los mártires de la Diócesis de Quiché (2003), escrita por el hermano marista Santiago Otero. En el prólogo del libro, el obispo Julio Cabrera relata: “Quiché es por muchos motivos un lugar sagrado […] Con frecuencia mi corazón no podía resistir la intensidad de los relatos que hablaban de tanto dolor. La oración era lo único que me permitía resistir.”
Mientras los obispos del Quiché iniciaban el proceso de beatificación en 2013, el papa Francisco avaló en Tarragona la elevación a los altares de 522 religiosos asesinados durante la guerra civil española. La persecución de religiosos en España y Guatemala tiene en común un momento de revolución y guerra. Empero, su memoria como mártires brinda lecturas políticas opuestas. Mientras en España muchos religiosos y sacerdotes apoyaron al franquismo y a la monarquía, en Guatemala el ejército calificó a ciertas congregaciones como guerrilleras, entre ellas a los Misioneros del Sagrado Corazón.
Después del voto favorable en Roma, el papa Francisco ratificó en enero del 2020 el carácter martirial de la muerte de los catequistas mayas y españoles en Guatemala. No era la primera vez que se declaraba beatos a sacerdotes o catequistas asesinados durante la dictadura. Entre 2014 y 2019, el Vaticano canonizó al sacerdote guatemalteco Hermógenez López, al italiano Tullio Maruzzo, al catequista guatemalteco Obdulio Arroyo y a los estadounidenses Stanley Rother y Santiago Miller. Estos nombres son solo algunos de la larga lista de religiosos y religiosas asesinadas durante la guerra.
La beatificación abre no sólo una afrenta política para los regímenes de posguerra sino, también, remueve las interpretaciones de la guerra. En Latinoamérica, los grandes capitales agropecuarios o financieros están íntimamente relacionados con las guerras intestinas en Guerrero, Cauca, Morazán, La Rioja o Quiché. Más allá de la veneración institucional, la beatificación también conlleva un juicio político sobre las fuerzas que llevaron a cabo el genocidio en Guatemala y Latinoamérica.
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Fotografía: Open democracy
