Por: Belen del Huerto. 06/09/2024
Un equipo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se dedicó a investigar la desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva entre mujeres de zonas rurales y urbanas en Argentina. El estudio abarcó comunidades campesinas de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy, así como la zona del Abasto en Buenos Aires.
Carolina Rodríguez es del cordón hortícola de La Plata y promotora de salud de “Mujeres de la Tierra”. En ese marco, cuenta que “recursos de salud no hay” y que las salas públicas más cercanas para algunas mujeres de la zona son las de Colonia Urquiza y la de Abasto, “aunque siempre terminan yendo a otro lado también para parir a su hijo”. Además, “a veces no las quieren atender y terminan yendo al hospital de Goné siendo ellas de Colonia Urquiza”. “Todas esas desigualdades existen y eso que estamos acá cerca de La Plata”, afirma Carolina.
Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) detalla que las organizaciones han desarrollado programas y protocolos propios para enfrentar las barreras de acceso a la salud, especialmente en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, buscando priorizar la salud preventiva sobre la paliativa. Las dificultades incluyen visitas discontinuas de unidades sanitarias móviles, falta de equipamiento, políticas insuficientes para trabajadoras temporales y escasez de anticonceptivos y medicinas en centros de salud. Las promotoras de salud juegan un papel crucial al intermediar entre las comunidades y el Estado.
“Las campesinas tenemos que pasar por malos tratos para recibir el chip (anticonceptivo), por eso es que las promotoras somos las que lo gestionamos y aún así nos cuesta conseguir cuatro o cinco anticonceptivos para las más chicas. Si ellas fueran por sí mismas, no se lo dan y ahí empieza la discriminación”, continúa Rodríguez.
Daiana Aizenberg, integrante del equipo de la Agenda Transversal Feminista del CELS, señala que muchas de las mujeres campesinas mencionaron la problemática de las unidades sanitarias móviles, más conocidas comúnmente como los “camioncitos de salud” que es un servicio del Estado en el que viajan profesionales y aparatología a las diferentes comunidades para brindar mamografías y Papanicolaou. “En estos servicios fallan las campañas de comunicación del Estado para poder informar con antelación que esos camioncitos estarán en la zona. No informan en qué fechas y en qué horarios van a estar y permitir que en la comunidad se organicen para que la mayor cantidad de personas accedan a la atención”, explica Daiana.
Por otro lado, la integrante del CELS cuenta que en Argentina existen diferentes políticas públicas para fomentar el acceso a la salud, pero después en la ejecución “no se llevan a cabo o se llevan a cabo con errores o no tienen en cuenta las particularidades locales de esa implementación”.
En Misiones, por ejemplo, estas políticas de salud no están adaptadas a las trabajadoras golondrinas, que son muchas en esa provincia y que se trasladan a las cosechas yerbateras. Además, hay gran deficiencia presupuestaria para los derechos sexuales y reproductivos. “Los partos debemos programarlos y hacer una vaquita para que las ambulancias lleven a las mamás. Nos cobran 30.000 pesos el combustible para usar las ambulancias. Muchas veces el chofer de la ambulancia tuvo que hacer el parto”, cuenta Mabel Radque, una de las promotoras comunitarias de salud de Misiones.
“Estas cuestiones resultan aún más preocupantes en términos de salud sexual y reproductiva en embarazos o en interrupciones del embarazo donde lo difícil es el traslado más que la pastilla o el embarazo. Las promotoras de salud y de género terminan suplantando al Estado para que las mujeres y niñas tomen las decisiones”, explican desde el CELS.
Con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), bajó un 57% la tasa de embarazo adolescente en todo el país. Sin embargo, en 9 provincias existen índices superiores a este promedio siendo que la provincia de Misiones tiene la segunda tasa más alta del país. Actualmente este programa está desmantelado.
“Sé que estamos estamos hablando de la salud pero es más allá de eso, es educación y conectividad lo que también nos falta. En las zonas alejadas de Misiones no tenemos señal de ninguna red móvil. Tenemos más señal de las redes de Brasil que de Argentina. Esto sin decir la cantidad de cortes de luz que tenemos. Y cuando podemos ir al médico terminamos atendiendo más a los chicos que atendiéndonos nosotras”, relata Radque.
Impacto de agrotóxicos
El estudio “Campesinas” también aborda el impacto de los agrotóxicos en los abortos espontáneos y resalta la importancia de las políticas públicas que aseguren el acceso equitativo a la salud, independientemente de la situación económica, social o geográfica.
“Las organizaciones nos enfrentamos con este modelo agroexportador que afecta la salud, no sólo de la población campesina e indígena sino también a la población urbana con esta falta de responsabilidad de las empresas. Nosotros ponemos esto sobre la mesa en la queja internacional por la empresa Bayer Monsanto, multinacional que lanza sus productos y sus políticas al mercado mundial sin ninguna responsabilidad por la violación a los derechos humanos y al medio ambiente y en eso las mujeres somos las más afectadas”, introducen desde el CELS.
Pamela Moreno -integrante del MOCASE, histórico movimiento campesino de Santiago del Estero- cuenta su experiencia “monte adentro”. “Tenemos conocimiento de enfermedades en las personas y en los animales que uno cría en el campo como enfermedades de la piel y muchos tipos de cáncer, pero que los médicos no te saben decir exactamente qué es. Nos piden que nos vayamos a hacer estudios carísimos que ni siquiera se hacen en Santiago y eso va desalentando a la gente a que recurra al sistema de salud”.
“Quienes contamos con campos chicos tenemos a la vuelta campos grandes donde siembran las multinacionales y allí fumigan aviones todo el día contaminando la tierra. Uno quiere producir una huerta familiar y agua que toman los animales y hasta la que consumimos está contaminada porque tenemos depósitos de agua que son abiertos”, explica Pamela.
El conocimiento del MOCASE sobre la repercusión de los agrotóxicos en la vida del campo lo van construyendo comunitariamente. “Charlamos con los compañeros de una comunidad con la otra y vamos viendo entre todos cómo nacen los animales antes de tiempo y malformaciones. También recopilamos los testimonios de los niños que nacen en los partos prematuros. Vemos muchas cosas ahí monte adentro”.
“Yo personalmente tengo a mi hija con algunos problemas de salud. La vez pasada la llevé a Tucumán y me dicen tengo que hacerle una valoración de materiales pesados porque los medicos saben sobre los agrotóxicos que hay en Santiago, pero no consigo en ningún lado dónde le hagan la prueba de materiales pesados que le piden de la sangre y en pelo. He recorrido todo Santiago y no he conseguido. Uno ya saca sus propias conclusiones”, detalla Pamela.
Por su parte, la referente del MOCASE, Daiana Cortez, apunta que este movimiento teje una vinculación constante con profesionales que trabajan seriamente el tema agrotóxicos y así poder recaudar datos científicos para mediar también en esos términos. Paralelamente, la organización “tiene una estrategia de resistencia para frenar la fumigación con agrotóxicos y evitarlos al máximo”.
“No bajamos los brazos, aunque las empresas no respeten lo que decimos. Queremos hacer valer las leyes y seguir capacitándonos o aprendiendo a compartir esta lucha que tenemos”, finaliza Cortez.
Para el CELS, la organización comunitaria y la organización política de las comunidades son la condición para acceder a la salud. “Sabemos que el Estado está en retirada, pero hay una diferencia importante en que las organizaciones estén o no estén y eso resalta este informe”.
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Fotografía: El grito del sur
