Por: Yajaira Gasca Ramírez. 15/02/2025
Denuncian que no se acató convocatoria lanzada exprofeso y se llegó a despidos; docentes acudieron a diversas instancias estatales sin respuestas concretas
Docentes que participaron en una convocatoria para la entrega de plazas en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG) denunciaron el incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases por parte de las autoridades de la institución, así como la existencia de un posible conflicto de interés, debido a que se favoreció a profesores cuyas esposas participaron en la deliberación.
En las denuncias señalan al encargado de la Rectoría, Andrés Salvador Casillas Barajas, responsable de la dirección de la escuela durante los últimos siete años y quien fue nombrado en el cargo 9 de agosto de 2018, tras la renuncia del entonces rector Fernando Gutiérrez Godínez.
Es ingeniero agrónomo según el registro de su cédula profesional y ostenta en la institución un doble cargo, pues también firma documentos como secretario académico.
Entre septiembre y octubre del año pasado, ocho docentes presentaron denuncias individuales y colectivas, pidiendo la intervención de diversas instancias estatales:
Acudieron a la Secretaría de la Honestidad, pero hasta el momento no tienen ni siquiera un folio de seguimiento. Los profesores también presentaron de manera reciente una queja ante el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG, Aldelmo Emanuel Reyes Pablo, la cual les fue firmada de recibido en esta instancia. El compromiso fue darle seguimiento al tema, pero no han tenido noticias al respecto.
Presentaron también una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa el 17 de diciembre de 2024, dirigida al magistrado Eliverio García Monzón.
Interpusieron una queja en la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual quedó registrada con el número de expediente 1953/2024-D.
Hay además dos juicios por despido injustificado ante autoridades laborales por parte de dos profesoras que fueron cesadas con el argumento de que no participaron en la convocatoria, aunque no fue un criterio establecido en la misma ni se les indicó que si no entraban habría esa consecuencia.
A nivel interno, hay una investigación en curso por parte de la Contraloría de la UTNG.
Foto: Especial Universidad Tecnológica del Norte
Mientras que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción también ha intervenido en el caso. El 22 de enero, el Comité tuvo una reunión con profesores y autoridades en la que integrantes del organismo requirieron información sobre el asunto y se comprometieron a vigilar la resolución de las quejas.
Los docentes explicaron que, a pesar de que la convocatoria estipulaba criterios claros para la selección del personal académico, varios profesores que no cumplían con los requisitos básicos fueron favorecidos. En cambio, aquellos aspirantes que cumplían con los requisitos fueron asignados a categorías inferiores sin justificación.
En cuanto a los despidos de las dos profesoras, los denunciantes consideran que constituyen una forma de violencia de género, ya que otros profesores que tampoco participaron en la convocatoria permanecen impartiendo clases. Además, existen antecedentes de intentos de despido o presuntos “descansos” forzados a profesoras durante sus periodos de embarazo.
La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, localizada en el municipio de Dolores Hidalgo, fue creada como organismo público descentralizado de la administración pública estatal, por decreto gubernativo en 1994, esto fue hace 30 años. Según su sitio web, ofrece al menos 18 programas de licenciatura, entre los que incluye técnico superior, licenciatura e ingenierías. Tiene aproximadamente 2 mil 400 estudiantes.
Algunos de estos programas son: gestión de capital humano, innovación de negocios y mercadotecnia, contabilidad, desarrollo y gestión de software, redes inteligentes y ciberseguridad, entornos virtuales y negocios digitales, mecatrónica e instalaciones eléctricas eficientes y tecnologías de la producción, entre otras.
Convocatoria apresurada y resultados cuestionados
El 19 de agosto de 2024, autoridades de la UTNG convocaron al personal docente a una reunión para dar a conocer una convocatoria para la designación de plazas docentes, denominada recategorización docente. El concurso se lanzó justo antes del inicio del período vacacional y los resultados se emitieron 10 días después de que se examinó a los participantes.
En la reunión, directivos de la universidad, incluido el encargado de la Rectoría, pidieron a los profesores y profesoras participar en la convocatoria, asegurando que el objetivo era la recategorización de acuerdo con sus perfiles profesionales, con el fin de poder acceder a las categorías de titular A, B o C. A todos se les aseguró que la convocatoria era interna, es decir, que solo podrían participar las personas que ya impartían clases en la institución.
La convocatoria estableció requisitos relacionados con la función docente y, para algunos de los espacios vacantes, especificó que la persona debería contar con título de maestría o doctorado. Sin embargo, la mayoría de las personas designadas con estas titularidades no tienen estos estudios, lo cual fue comprobado por Poplab al consultar el Registro Nacional de Profesionistas.
Ilustración: Juan José L. Plascencia
Además, no se les mencionó a los docentes que, si decidían no participar en el concurso, podrían ser despedidos. Lo único que se les advirtió fue que, si optaban por continuar como profesores de asignatura (por horas), se les reduciría el sueldo.
“Uno de los compañeros era funcionario docente, es decir, trabaja como empleado en la UTNG y, en algunas ocasiones, apoya como docente, pero no era docente. Por esa razón, él no debía haber participado, ya que se suponía que el objetivo era la recategorización”, dijo un docente que participó en el proceso y que pidió reservar su identidad por temor a sufrir represalias.
“Otro compañero que participó sí es maestro, pero es asociado C; él debería haber concursado por la titularidad A, ya que uno de los requisitos era tener cierto tiempo con una categoría previa”, explicó la misma fuente.
Sobre estos dos casos en particular, el denunciante explicó que ambos trabajadores eran esposos de dos mujeres que colaboran en áreas administrativas de la universidad y que formaron parte del comité evaluador que deliberó sobre qué maestros fueron designados como titulares de plazas.
Uno de los casos es el de Humberto Vázquez Barrientos, a quien se le otorgó una plaza tipo B; su esposa, Martha Cecilia Alvarado Gutiérrez, es jefa del Departamento de Desarrollo Académico de la institución y formó parte del comité evaluador en la primera convocatoria en la que él participó.
El otro caso es el de José Refugio Rubio Hernández, esposo de la directora del área de Tecnologías de la Información y Comunicación, Juana Elida Sánchez Camacho. Ella también fue parte del comité evaluador. Ninguna de las dos se excusó durante el acto de deliberación de las plazas, afirman docentes denunciantes.
Al respecto, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato establece que existe conflicto de interés cuando un “servidor público que intervenga, por motivo de su empleo, cargo o comisión, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés, debe solicitar ser excusado de participar en cualquier forma de atención, tramitación o resolución”. Por este motivo es que los docentes consideran que las funcionarias habrían tenido que abstenerse de participar en el comité.
“Uno de ellos es la persona que se quedó con la titularidad que, según yo, era la única de mi área. Casi por la situación, me tocaba a mí la titularidad porque no había más con quién concursar. Sin embargo, se la dieron a él…cuando se hizo la revisión de todos los expedientes y tomaron la decisión de elegir a las personas correctas, hubo algo muy claro y que de verdad ha pasado, que es el nepotismo”, acusó un docente.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato también establece que se comete nepotismo cuando un servidor público, valiéndose de sus atribuciones o facultades, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe o contrate, por honorarios en el ente público en el que ejerce sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.
Foto: Especial
De acuerdo con el testimonio de docentes que participaron en el concurso de plazas, los dos docentes mencionados obtuvieron nombramiento, pero, en días posteriores, ambos renunciaron al beneficio. La convocatoria se volvió a lanzar y los mismos trabajadores participaron nuevamente, aunque ya no fueron designados. El comité evaluador fue distinto.
“No hubo transparencia, es decir, desde el principio no hubo un proceso claro de lo que se iba a seguir ni qué se iba a evaluar. Eso lo ignoramos, todos participamos, pero no supimos bien qué es lo que iban a hacer”, insistió un profesor.
Añadió que ni los términos de la convocatoria se establecieron puntualmente, ni se transparentaron los resultados. En varios casos, maestras y maestros pidieron conocer sus evaluaciones y no les fueron otorgadas.
“Tengo más de 20 años en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Durante todo este tiempo ha existido toda esta problemática de la que hoy estamos discutiendo, solo que nadie había alzado la voz, y creo que siempre hay un límite”, subrayó.
Poplab solicitó una entrevista con el encargado de la Rectoría para conocer su postura sobre las denuncias, así como el avance de la investigación interna sobre las denuncias presentadas por los profesores. Vía telefónica, desde la Rectoría se canalizó la solicitud al área de Comunicación Institucional, en donde se informó que se realizarían gestiones, tras insistir por varios días, pero no hubo respuesta.
Despidos injustificados y asignaciones confusas
Como resultado de la convocatoria, hubo inconformidades de los docentes al momento de ser evaluados y asignados a plazas de bajo nivel, a pesar de cumplir con requisitos como la preparación académica.
Algunos de los docentes solicitaron sus evaluaciones. Sólo a algunos se les otorgaron, pero les dijeron que fue como un ejercicio de retroalimentación, de acuerdo con el testimonio de los mismos afectados.
Sin embargo, las autoridades evidenciaron que establecieron estándares que no estaban contemplados en la convocatoria. Por ejemplo, sobre el perfil profesional, se privilegió la antigüedad de los docentes, aunque no se mencionó que este parámetro se tomaría en cuenta.
De esta manera, los docentes que denunciaron las irregularidades explican que al menos 40 profesores que no tenían título de maestría o doctorado accedieron a mejores plazas que aquellos que sí cumplían con el grado académico.
Una de las profesoras despedidas contó que en una junta se les dijo que, si no participaban en la convocatoria, la única consecuencia sería que se les reduciría el salario.
“No fue clara la información que nos dieron durante la junta que tuvimos. Nos dijeron que los docentes que participaran en la convocatoria deberían ser exclusivos para la universidad, trabajando de lunes a sábado, mañanas y tardes, y nos dijeron que quien no participara en la convocatoria, si se quedaba como profesor de asignatura, se le bajaría el sueldo. Entonces, ante toda esta situación, yo tomé la decisión de no participar por razones personales”, detalló una maestra.
Explicó que, en su caso, después de la convocatoria no le asignaron horas, le estuvieron dando largas, “diciéndome que sí me iban a dar horas y al final no me dieron ninguna”. Finalmente, le confirmaron que había sido dada de baja, al igual que a otra de sus compañeras.
Por otro lado, a maestras y maestros que sí participaron y cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria se les asignaron plazas que no corresponden con su perfil.
Al solicitar aclaraciones sobre su evaluación, fueron citados a diversas reuniones con la presencia de autoridades directivas y administrativas, incluyendo los encargados de las áreas jurídicas y de contraloría.
Foto: Especial denuncias entregadas ante la SEG y la Sesecretaria de la Honestidad
A una maestra que recientemente había tenido un accidente cardíaco, la sometieron al estrés de una reunión de más de cuatro horas con la presencia de diferentes autoridades directivas, para supuestamente explicarle por qué había obtenido el resultado que se le asignó.
“Yo fui llamada a revisión de forma engañosa, a través de un mensaje de WhatsApp que me envió mi jefa, diciendo: ‘Necesito que vengas a la sala de Consejo, que el rector quiere hablar contigo’. Llegué y estaban todas las personalidades reunidas. Yo tengo un problema cardíaco y me pusieron en una situación de estrés, y ellos lo saben”, relató.
Ella considera que el supuesto ejercicio de retroalimentación sobre su evaluación se hizo con el objetivo de desacreditar su trayectoria, pues reconoció que, aunque no tiene un grado de maestría, tiene toda una carrera docente, mayormente forjada en esta institución.
“Me llevaron durante cuatro horas y media, en las que me sometieron a ese estrés. La contralora de la UTNG me vio cuando salí en ese momento; dijo que le iba a dar seguimiento y yo, con el temor de que me quitaran mi trabajo, seguí adelante”, comentó.
Las quejas de los profesores también están relacionadas con el manejo que se le ha dado al asunto una vez que se denunciaron las irregularidades. Acusan a la contralora, Luz Fabiola García Frías y al encargado del área jurídica, Jacinto Mendiola Álvarez, de retrasar las investigaciones.
Agregaron que los criterios de evaluación fueron definidos de manera anticipada, antes de conocer los programas de estudios, y que desde las áreas directivas, encabezadas por el encargado de la rectoría, Andrés Salvador Casillas, se ha tratado de corregir las inconsistencias cometidas en todos los procedimientos.
La Secretaría de la Honestidad confirmó a Poplab que recibió ocho denuncias de septiembre a diciembre del año pasado por estos hechos. El área de Comunicación Social de esta dependencia, informó que todas las quejas se encuentran en proceso de investigación.
Por otro lado, el pasado 22 de enero se realizó en la universidad una reunión entre los afectados y el personal directivo, con la presencia de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes también están investigando las irregularidades.
El presidente del comité, Giovanni Appendini Andrade, informó que en la reunión se les ofreció asesoría a los denunciantes y a las autoridades se les requirió información sobre los procesos que se desahogan en la Contraloría Interna. Dijo que será necesario esperar y darle seguimiento a las investigaciones que se realizan en cada instancia.
Director sin perfil
Según su cédula profesional, localizada en el Registro Nacional de Profesionistas, Salvador Casillas es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Guanajuato y tiene una maestría en Ciencias de la Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Celaya, pero no tiene estudios en docentes.
Un documento firmado por el funcionario muestra que, además de firmar como encargado de despacho de la rectoría desde hace siete años, debido a la falta de designación de un nuevo titular, Casillas Barajas también cumple funciones como responsable de la Secretaría Académica.
La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el nombramiento de la persona titular de la Rectoría de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato es por designación, facultad de la gobernadora.
Foto: Especial Salvador Casillas Barajas
Es decir, que durante su sexenio, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no realizó el nombramiento y tampoco lo ha hecho la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante los cuatro meses que lleva al frente de la administración estatal.
“Si la persona titular de la Rectoría es encargada o encargada, cuenta con las mismas facultades que un Rector y podrá permanecer en el cargo hasta que proceda el nombramiento de la nueva persona titular”, detalló la SEG a través de su área de Comunicación Social.
Maestras y maestros coinciden en que, durante su responsabilidad al frente de la institución, Salvador ha permitido la permanencia de funcionarios directivos en cargos en los que solo deberían ocupar como máximo dos períodos de cuatro años, es decir, hasta ocho años. Sin embargo, hay personas en áreas directivas que tienen entre 12 y 15 años desempeñando las mismas funciones.
La permanencia por cuatro años de las personas en funciones directivas está establecida en el Estatuto Orgánico de la UTNG publicado en marzo de 2016 en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado.
Además, lo acusan de permitir y tolerar la violencia y discriminación contra las docentes. Existen denuncias presentadas ante instancias como el Instituto de la Mujer Guanajuatense, pues durante sus períodos de embarazo algunas de ellas fueron excluidas de dar clases bajo el argumento de “gravedad” debido a su condición.
“Me dijeron que, por su estado de gravidez, me iban a descansar. Después, tras las denuncias, me dijeron: ‘No, mire, no la descansamos, solo se va con cinco horas’. Esta denuncia incluso fue conocida por el gobernador, entonces Miguel Márquez Márquez, pues ocurrió en 2018”. El asunto se resolvió por la intervención del Gobierno del Estado, pero la profesora no pudo confirmar si el IMUG emitió una recomendación formal.
Después de este incidente, la profesora aseguró que ha vivido hostigamiento por parte de los directivos, con mayores cargas de trabajo y, recientemente, la asignación de una plaza de menor categoría, pese a su perfil profesional.
Otra docente dio testimonio de que, un año antes, también fue excluida de la actividad académica por el mismo motivo. Salvador Casillas ya era encargado de la rectoría.
“Me dijeron que me iban a dar un descanso para que no interfiriera en mi situación, pero me dijeron que me iban a recontratar sin ningún problema, que no hiciera ningún trámite y que, automáticamente, yo iba a tener mis horas”, detalló.
Esta disposición se aplicó a la profesora en tres embarazos. Sin embargo, en el último solo le redujeron las horas de clase, hasta que finalmente este año la despidieron sin reconocerle su antigüedad completa por los años en que la “descansaron” durante sus embarazos.
La legislación laboral establece como discriminación el despido de una mujer embarazada. De hecho, la norma federal establece que la mujer no puede ser discriminada por su embarazo en cuanto al pago, las tareas, los ascensos, las capacitaciones, los beneficios, las suspensiones o el despido. Además, tiene derecho a regresar a su puesto o a uno equivalente, y al terminar su licencia de maternidad tiene derecho a regresar al mismo puesto o cargo.
En 2024, la SEG y el IMUG iniciaron un proceso de capacitaciones para promover la implementación de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación en instituciones de edicación superior del estado. La titular del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, Itzel Banderas, comprometió la creación de comités y protocolos de actuación en casos de violencia de género, esto derivado de denuncias surgidas en escuelas normales.
Yajaira Gasca Ramírez
@GascaYajaira
Reportera aquí y allá, editora una que otra vez y aspiracionista de la columna
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Poplab
