Jorge Salazar García.
Generalmente el mes de septiembre ha sido funesto para los mexicanos. Terremotos, atentados, invasiones y matanzas sobresalen entre las desgracias. Pareciera que Tezcatlipoca (Dios Azteca, generador del mal, muerte y destrucción) nos condenara a vivir una tragedia tras otra. Durante el llamado mes de la Patria fenómenos naturales y acciones humanas han azolado a los más vulnerables. El más reciente evento, perpetrado desde el poder, que pudiese catalogarse como tragedia lo fue el secuestro y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre del 2014. Además del dolor y la angustia padecidas por los familiares, deben agregarse los sentimiento de rabia e impotencia por la impunidad que protege a los perpetradores.
Enrique Peña Nieto es un ejemplo vigente de esa impunidad, pues a él correspondió dar la orden de secuestrar y desaparecer a los normalistas. Este personaje, que vive viajando por el mundo, también aprovechó la oportunidad para escarmentar a los “revoltosos” que tanto trabajo daban a las fuerzas de seguridad oficiales con sus movilizaciones. De él dependían el ejército, la marina y agentes federales que participaron en ese deleznable crimen de Estado.
Las palabras de Alejandro encinas (Presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia) fueron lapidarias al decir que fue un operativo donde participaron autoridades “DESDE EL MÁS ALTO NIVEL” federal. Y el más alto nivel oficial era, en aquel entonces, Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no está en la lista de los responsables? ¿Quieren exonerar sin juicio a Peña Nieto? Eso se vislumbra en las palabras de los fiscales al dirigirse a Murillo Karam. En la audiencia preliminar le dijeron: “A usted se le debe considerar autor intelectual de desaparición forzada al haber tolerado e impulsado acciones con la verdad histórica…” Igual pareciera se está procediendo con quien fuera Gobernador del Estado (Ángel Aguirre) en aquel momento en Guerrero. Lo anterior es inexplicable dado que Alejandro Encinas afirmó categóricamente que el crimen fue perpetrado por los TRES NIVELES DE GOBIERNO.
Todo el proceso oficial de investigación parece enfocarse a culpar a mandos medios, grupos de la delincuencia organizada y autoridades municipales. Encinas, tácitamente hizo lo mismo que el exsecretario de gobernación (hoy senador) Osorio Chong quién exculpó el 13 de septiembre (2018) a su jefe Peña Nieto. También llama la atención que no sea mencionado Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, quién mientras eran asesinadas 5 personas y secuestrados 43 estudiantes estaba “taqueando” y disfrutando de la noche. Es cierto, está preso, pero parece que se ha acogido a los criterios de oportunidad que la ley de Peña concede a los espías, ladrones y asesinos conectados con el poder.
Al exprocurador Jesús Murillo Karam se le vio muy tranquilo cuando fue apresado, seguramente le otorgarán la prisión domiciliaria debido a su edad, aún sin soltar la sopa. Para eso está Gertz Manero, ¡carajo!
Es terrorífico saber que de principio a fin “todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas” del artero crimen y no hicieron nada para evitarlo. Al contrario, desde la misma noche de Iguala conspiraron para destruir y desaparecer videos, documentos, casquillos y testigos utilizando a todas las instituciones encargadas de garantizar la vida de los mexicanos. Comenzando por el ejército que permitió se ejecutara a Julio César López Patolzin, soldado infiltrado en la normal rural “Isidro Burgos” quién por la mañana del 26, envió su último reporte al 27avo. batallón, específicamente al teniente Marcos Macías Barbosa. El coronel José Rodríguez Pérez encargado de dos escuadrones en el batallón con sede en Iguala fue ascendido a General Brigadier poco después por ¿méritos en la acción?.
Lo innegable del caso es que la ambición, el odio de clase y la venganza detonaron la tragedia. Sobre lo primero se dice que al coronel José Rodríguez se le ordenó recuperar la droga, contenida en dos autobuses “Estrella de Oro” so pena de muerte, lo cual prueba que esos autobuses estaban siendo monitoreados por el gobierno federal para que no fueran tomados por los normalistas. Del involucramiento del ejército, se supo desde el principio, ya que en lugar del ataque al autobús donde viajaba el equipo “Los Avispones” se usaron armas tipo G3, exclusivas del ejército, allí se encontraron cartuchos de esa clase.
El asunto se salió de madre porque los jóvenes reconocieron el tipo de carga que estaban protegiendo los soldados convirtiéndose en testigos de la colusión del Estado con el narcotráfico. No es posible que ese operativo gigantesco lo hayan acordado únicamente los mandos medios. Tampoco es razonable que un cartel, después de recuperar su mercancía, asesine en masa.
Por doquier se ve el encubrimiento. Se ha revelado que Peña nieto ordenó ocultar un documento clave que estaba en la PGR. Contiene dos investigaciones que “auditaron” la investigación de la PGR: una es sobre Tomás Zerón (el y sus agentes fueron los primeros en estar en Iguala) y otra que se refiere a cada uno de los tomos del expediente, realizada por cesar Alejandro Flores Chávez, visitador general de la PGR. En esta se propone a Arely Gómez exprocuradora del PGR, realizar una auditoria legal a toda la investigación y descubrir inconsistencias e irregularidades, la cual fue rechazada.
Aparte de la voluntad política para esclarecer el caso, el informe actual aporta muy poco a la investigación. Lo trascedente, sin duda, es el reconocimiento del gobierno de que el crimen fue cometido por el Estado mediante una conspiración.
Personalmente no creo que exista un pacto entre Peña y AMLO para no ser juzgado por este crimen. Hay razones para pensar que el presidente, teniendo sobre sí una guerra mediática en su contra, tiene que matizar sus acciones, las cuales se ven casi dulcificadas por el nazi que preside la Fiscalía. Incluso, al dar por muertos a los muchachos sin tener los cuerpos, pareciera inducirse un suave carpetazo.
Es probable que, como siempre sucede en esta clase de crímenes, se castigue a quienes voluntariamente o bajo amenaza, expíen las culpas de sus superiores a cambio de recibir un trato preferencial y una pena disminuida. AMLO, metido en la sucesión presidencial, ya no tiene tiempo de llevar a juicio al expresidente, pero su procesamiento pudiese ser moneda de cambio con el grupo Atlacomulco para ceder el Estado de México en la elección del año próximo. Tal hipótesis se desprende de la reapertura del caso Colosio, pues es sabido que Salinas, padre putativo del copetón, tiene vela en el entierro.
Este próximo 26 de septiembre debemos gritar junto con los familiares que no se exonere sin juicio a Peña Nieto.
