Por: Silvina Romano y Camila Vollenweider. 16/02/2021
En una “cruzada democrática” de la Justicia se traza, de facto, una continuidad con el terrorismo de Estado materializada en el miedo como hilo conductor.
16 MARZO, 2020
A comienzos de 2017, en el artículo titulado “Lawfare o la guerra judicial en Argentina y Brasil”, publicado por Celag, argumentábamos sobre la necesidad y la urgencia de conocer mejor el fenómeno del lawfare. En ese momento lo definimos como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de modo que quede más vulnerable a las acusaciones sin prueba, para lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción”. En síntesis: una guerra por otros medios, por la vía judicial, para garantizar el retorno del neoliberalismo. Por entonces nos centramos en los casos de Brasil y Argentina.
Hoy, tres años después, el fenómeno –junto con el concepto– no sólo no ha perdido vigencia, sino que ha exacerbado su presencia en prácticas y discursos. El escenario de persecución política por la vía judicial se viene expandiendo en una suerte de “efecto dominó” a lo largo y ancho de América Latina: a Argentina y Brasil se sumaron preocupantes casos en Ecuador, Colombia y la Bolivia postgolpe. El objetivo sigue siendo el mismo: eliminar u obstaculizar cualquier proceso real alternativo al neoliberalismo. Pero se han profesionalizado las herramientas de persecución, linchamiento y desmoralización, como las delaciones premiadas utilizadas como pruebas en sí mismas, la aparición de “cuadernos” con dudosos registros sobre pago de sobornos considerados como pruebas serias, proliferación de de prisiones preventivas y allanamientos sin órdenes judiciales.
Estas prácticas intentan presentarse como legales y legítimas. Sin embargo, se caracterizan, de forma creciente, por recurrir al miedo como principal arma para aniquilar –vía la desmoralización– al enemigo político, dando lugar al lawfear: la ley como arma para infundir miedo. Así, en una supuesta cruzada para salvar a la democracia y al Estado de Derecho se traza, en los hechos, una continuidad con el terrorismo de Estado materializada en el miedo como hilo conductor, en conjunto con la persistencia de objetivos políticos, económicos y geopolíticos. En el caso colombiano, paradigma de la imposición del miedo por la vía parajudicial y paramilitar, las persecuciones actuales se enmarcan en una larga historia, sin fisuras, de combate a las voces disidentes por parte del establishment.
Los casos con los que ejemplificar esta realidad son muchos, y algunos de una crueldad no vista en una democracia que se precie de serlo. De estos podemos destacar la negativa de la justicia argentina a que el excanciller Héctor Timerman -acusado de “traición a la patria” durante el macrismo- pudiera viajar a EE. UU. a recibir tratamiento oncológico, las prisiones preventivas de asambleístas y de una prefecta en Ecuador -acusados de “rebelión”-, o el encarcelamiento preventivo de la apoderada legal de Evo Morales, embarazada, mientras tramitaba la inscripción de su candidatura.
Estos ejemplos, y tantos otros, revelan la importancia de “aleccionar” a los directamente involucrados en una gestión progresista o en la militancia, ya sea social o sindical. También a sus familiares y allegados, quienes lógicamente suelen ser los primeros en querer preservar la integridad del acusado antes que su compromiso político (aunque también a este “cordón” de personas suelen llegarles denuncias y persecuciones); y en muchos casos también es el propio acusado quien busca que las personas cercanas no se ocupen de su situación puesto que podrían correr riesgos. El miedo también llega en forma de indefensión, en tanto los abogados y abogadas que podrían llevar estas defensas son, a su vez, blanco de denuncias, como ocurre en Bolivia. A este aislamiento se suman bloqueos de cuentas bancarias, confiscaciones de bienes y, como corolario, enormes gastos para costear la defensa, si es que se tienen los recursos.
El miedo, asimismo, se esparce entre quienes ocuparon cargos de mediana o baja jerarquía durante los gobiernos progresistas: la intolerancia de las gestiones que promueven el lawfare amenaza puestos de trabajo para esos funcionarios que estuvieron en los gobiernos anteriores. Así, hacen inteligencia en redes sociales sobre la inclinación política para evaluar renovar o no un contrato, o conminan a este tipo de funcionarios a repudiar y denunciar al anterior dirigente de cada institución por la comisión de supuestos delitos o irregularidades.
Esta matriz, conformada entre ley-guerra-miedo, apuntala una idea: no te metas en política, y menos en política que procure cambios, que busque justicia social. Refuerza el privatismo civil, que es el correlato individual de la privatización del Estado y lo público. Reivindica el componente antipolítico propio del neoliberalismo en un esquema de reactivación de prácticas del miedo, de persecución, sumadas al linchamiento mediático. Es urgente, entonces, exigir que las disputas políticas se diriman en el terreno de lo político, con la mayor participación y representatividad posible, tal como exige esa democracia liberal procedimental que ciertos aparatos judiciales pretenden salvar elevándose por encima de los demás poderes del Estado.
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Fotografia: Celag
