Por: MARTA MARTÍN. 05/06/2022
Cuando la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar: desestabilizar y cambiar gobiernos
Estados Unidos ha utilizado diferentes métodos para desestabilizar y vulnerar la soberanía de los países latinoamericanos que habían apostado por revoluciones de izquierdas y progresistas en sus países. Desde el final de la guerra fría ha preferido hacerlo a través de vías con cierta apariencia de democracia, como el control del poder judicial.
El lawfare opera “desde arriba”, a través de un aparato judicial que se sitúa por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando así el margen de maniobra y de poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes.
En definitiva, es una guerra política que se lleva a cabo por la vía judicial y mediática, en donde operan intereses económicos, políticos y geopolíticos que se ocultan, de forma deliberada, a la opinión pública.
Se desarrolla incorporando a jueces, grandes grupos mediáticos de comunicación, periodistas, líderes de opinión, incluso a policías, embajadas y a agentes de inteligencia. Y sus principales características son la ausencia de pruebas o manipulación de las mismas durante los procesos, abuso de prisiones preventivas, o de veredictos antes del debido proceso judicial, mediante el acoso constante a líderes políticos y sociales, imputándoles delitos inexistentes.
Así, las escuelas de militares latinoamericanos, controladas en muchas ocasiones por EEUU, han sido sustituidas por centros de formación de jueces y operadores jurídicos para acabar con los gobiernos progresistas de la región. También asesoran a los poderes judiciales de muchos países.
De esta forma perversa se destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a Dilma Rousseff en Brasil; se encarceló a Lula, al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas y a centenares de militantes de izquierda. Incluso en el golpe de estado contra el presidente Evo Morales, el lawfare también fue protagonista. Esta guerra híbrida ha sido la que hizo que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, tuviera que exiliarse a Europa, víctima de esta judicialización de la política.
Con la excusa de la lucha contra la corrupción, Estados Unidos ha utilizado esta práctica que como señaló el general de la Fuerza Aérea, Charles Dunlap, es un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar.
Conseguir que se respeten las victorias progresistas
A pesar de todo, América Latina sigue con su senda progresista y a las victorias electorales de Perú o Chile, a la resistencia de Venezuela y Cuba, a la recuperación del gobierno en Bolivia tras el golpe de estado, a los gobiernos progresistas de Argentina y México, estamos en situación de poder sumar las posibles victorias de la izquierda en Colombia y en Brasil, habiéndose demostrado que las acusaciones contra Lula fueron burdas manipulaciones operadas por Bolsonaro y el juez y ex Ministro de Justicia, Sergio Moro.
Además, el tiempo ha dejado claro que las acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Lugo y la mayoría de causas contra Correa han sido desestimadas por haberse tratado de acusaciones sin fundamento. Afortunadamente en las últimas semanas ha sido liberado el vicepresidente Jorge Glas en Ecuador, y Bélgica ha concedido el asilo al presidente Rafael Correa, evitándose así su extradición.
Pero el lawfare, los golpes blandos o el impeachment, van a seguir ahí. Por eso tendremos que seguir defendiendo con uñas y dientes los gobiernos progresistas actuales de la región y poner todos nuestros esfuerzos para que las posibles victorias de Petro en Colombia y de Lula en Brasil sean respetadas y no perseguidas ni vulneradas.
*Doctor en Psicología. Psicoanalista. Coordinador del Grupo de Investigación en Psicoanálisis y Política (AEAPG).
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Fotografía: Mundo obrero
