Por: Celso Guanipa Castro. Alai. 02/08/2018
Tras seis años, en una decisión histórica contra la mentira institucionalizada por el latifundio y las transnacionales del agronegocio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay absolvió este jueves 26 de julio a los campesinos acusados injusta e ilegalmente por la masacre de Curuguaty.
Los magistrados dictaminaron que no se pudo comprobar que los acusados tuvieron cualquier tipo de participación en la masacre del 15 de junio de 2012, cuando seis policías y 11 trabajadores rurales murieron tras un “enfrentamiento” provocado por la acción de francotiradores (algunos desde helicópteros) en el campamento de campesinos sin tierra de Marina Kue, en Curuguaty.
El fallo dio por tierra con la farsa montada por los sectores más retrógrados de la sociedad paraguaya con apoyo de la prensa hegemónica, demostrando que la masacre montada no fue más que una excusa para el golpe de Estado y, con él, el intento del poder de frenar la lucha del pueblo paraguayo por la tierra, la independencia y la soberanía.
De acuerdo con el juez Emiliano Rolón, la decisión fue unánime en favor de los campesinos: “no habrá nuevo juicio, simplemente se revoca la decisión del Tribunal. Tienen que salir libres”. El hecho, subrayó, “es que no se pudo ver quién disparó, hubo falta de evidencias, sumada a numerosas irregularidades, como alteraciones de la escena del crimen”.
“La investigación fue muy incipiente, se cometieron muchos errores”, reiteró el jurista, para quien los recurrentes desasidos, siempre a favor de un lado de la balanza, requieren una profunda reflexión. “Es una administración de Justicia en crisis”, enfatizó.
En Curuguaty se daba una disputa entre el Estado y la familia del senador Blas Riquelme, uno de los grandes beneficiados por la dictadura proestadounidense de Alfredo Stroessner (1954-1989), que acusaba a los campesinos de haber invadido una propiedad que no era suya.
Aquel día de junio de 2012, 324 policías rodearon a menos de 60 campesinos, la mitad de ellos mujeres, niños y ancianos. Los magistrados al fin reconocieron que los trabajadores rurales no portaban armas de gran calibre -de las cuales partieron los proyectiles que provocaron las muertes- y las garruchas que disponían ni siquiera fueron disparadas.
Para completar la manipulación, engrosada por los medios que contribuyó al derrocamiento del presidente Fernando Lugo una semana después de la masacre, el 22 de junio, la policía hizo desaparecer el rodaje del helicóptero sobrevolando el campamento, al igual que una serie de pruebas e indicios favorables al equipo de abogados de los sin tierra, recuerda el periodista brasileño Wexell Severo, observador internacional del Tribunal de Sentencias.
Utilizados para justificar el golpe contra el gobierno de Lugo, los campesinos de Curuguaty se transformaron en presos políticos, de un proceso, viciado desde su nacimiento, por la camarilla de los sucesores de Stroessner. Wexell Severo explicó en sendos libros cómo el capital monopolista nacional y los carteles transnacionales actúan en fina sintonía contra la democracia y la soberanía, criminalizando la lucha por la tierra
Para el abogado Victor Azuaga, las piezas del norme rompecabeza de la supuesta confrontación, “está claro que ha sido una masacre planificada, el propósitos muy bien definidos”.
De esta manera, por unanimidad los magistrados Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto votaron por la nulidad de la sentencia del Tribunal de primera instancia -compuesto por Ramón Zelada, Benito González y Samuel Silvero- y el del tribunal de apelaciones -integrado por los camaristas Narciso Ferreira, María Belén Agüero y Carlos Domínguez-.
“Es un momento único y festivo que marca nuestras vidas, multiplica y potencia la lucha de los paraguayos por justicia, tierra y libertad. Esta es una victoria mayúscula que energizará y movilizará a miles “, declaró Guillermina Kanonikkoff, coordinadoras del Comité de Solidaridad con los presos de Curuguaty, anunciando lo que está por venir.
Dolores López, Lucía Agüero y María Fani Olmedo, condenados a seis años de prisión, y Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Felipe Benítez Balmori y Juan Carlos Tillería, condenados a cuatro años, ya habían cumplido sus penas.
Aún resta liberar a los cuatro presos políticos restantes recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, condenados de manera totalmente ilegitima y sin pruebas por homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble: Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel más cinco de medida de seguridad; Luis Olmedo Paredes, con una pena de 20 años de prisión; Néstor Castro, con 18 años, al igual que Arnaldo Quintana.
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Fotografía: Mariana Serafini
