Por: Redeco. 11/07/2022
La ley que criminaliza la lucha por la tierra, también conocida como Ley Zavala-Riera, fue utilizada por la fiscal Rita Prieto y el Juez Juan Oviedo para enviar a la Cárcel de Coronel Oviedo a 9 mujeres campesinas que reclamaban la recuperación de Tierras malhabidas en Tembiaporã, Departamento de Caaguazú.
Durante la jornada de este lunes la Federación Nacional Campesina y el Frente Mujer del Partido Paraguay Pyahurã realizaron movilizaciones en diferentes puntos del país exigiendo la libertad de las detenidas.
Las detenidas son: Petrona Quintana, Idalina Bernal Alfonso, Nancy Estela Colmán, Fanny Beatriz Martínez Cabañas, Fanny Feltes, Gladys Penacho, Liz Paola Fleitas Togue, Alicia Bernal y Claudelina Benítez, muchas de ellas son madres de niños y niñas pequeños, y una incluso se encuentra en pleno periodo de lactancia. Además, también se encuentran privados de libertad, en el marco de la lucha por la recuperación de las tierras, José Domingo Ayala y Francisco Alfonso.
Al respecto la Organización de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), señaló que «en nuestro país, a lo largo de la historia, socialmente le fue negado el acceso a la tierra a las mujeres, se demuestra que la institucionalidad también está atropellando el derecho a una vida libre de violencia en el territorio, donde se debiera garantizar la vigencia de todos los derechos para el desarrollo de las familias y las mujeres mismas». Agregando que «este deleznable procedimiento en el que fueron sometidas varias mujeres sin tierra es un mensaje de que irá en aumento la represión cuando lo que se espera es avanzar hacia la implementación de los derechos campesinos».
La Federación Nacional Campesina anunció que continuará con las movilizaciones hasta lograr la libertad de las mujeres detenidas y la recuperación de las 730 hectáreas de tierras que se encuentran ocupadas por la empresa Cerealista Campo 9, «propiedad del latifundista Hildebrandt» y que serían de origen irregular según indicó la FNC.
La Ley de Criminalización Zavala-Riera fue aprobada en septiembre del 2021 con el impulso de las bancadas de sectores políticos vinculados al agronegocio. Las organizaciones campesinas y analistas habían advertido que esta ley busca proteger a un pequeño sector latifundista, en muchos casos poseedores de tierras malhabidas, además de profundizar la criminalización hacia los sectores populares que luchan por la tierra.
Fuente: BASE-IS
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Fotografía: Redeco
