Por: José Gil Olmos. Proceso. 02/08/2017
Hace 18 años que el PRI no tenía una crisis de credibilidad como ahora. En el 2000 esta crisis estuvo acompañada por fuertes enfrentamientos entre diversas corrientes internas que, aunado a la desconfianza ciudadana, los llevó a la derrota y pasar al tercer lugar como fuerza política nacional.
Hoy pareciera que el PRI está nuevamente en el camino de la derrota por circunstancias similares. Y ante esta situación apremiante y la falta de priistas probos es que la actual dirigencia nacional busca un “simpatizante” que pueda abanderar la candidatura presidencial en el 2018.
Este “simpatizante” no cumple los requisitos estatutarios de 10 años de militancia ni haber tenido un puesto de elección popular y por eso es que habrán de cambiarse estas reglas en la próxima asamblea nacional y, de esta manera, abrir la puerta a personajes como Aurelio Nuño y José Antonio Mead en la lucha por la candidatura presidencial.
De hecho, ya existe una propuesta al respecto que se encuentra en manos de la dirigencia nacional del PRI según la cual “los simpatizantes podrán participar en los procesos de selección y postulación de candidatos cuando así lo apruebe el Consejo político nacional y lo prevea la convocatoria”.
En víspera de la 22 asamblea nacional a realizarse el próximo 12 de agosto, los grupos que votarán a favor y en contra de esta apertura están perfectamente definidos: en una parte los que tienen una carrera partidista y exigen se respeten las reglas de selección de los candidatos para el 2018, y de la otra los llamados tecnócratas que desde 1988 se apoderaron de la selección del candidato presidencial y tomaron el gobierno para su usufructo, muchos de ellos provenientes del ITAM.
Hoy la lista de nombres de priistas que aspiran a la candidatura presidencial no tiene buena fama pública porque o están vinculados a actos de corrupción e impunidad o son vistos como parte de las mafias que se han creado alrededor del crimen organizado.
La corrupción y el pésimo gobierno de Enrique Peña Nieto ha llevado al PRI a perder cinco millones de votos –uno de ellos en el Estado de México— en los últimos cinco años y a ser derrotado en entidades emblemáticas como Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Quintana Roo.
Cuando Peña Nieto inició su gobierno el PRI dominaba 65.2% de los estados, pero ese poder volvió a descender tras las últimas elecciones a 15 gubernaturas, que representan menos de la mitad del territorio y de la población nacional.
Peña Nieto no es un buen referente para el PRI en las elecciones del 2018 pues su carga negativa lo ha llevado a tener la peor imagen de un jefe del ejecutivo ante la ciudadanía, desbancando al presidente Ernesto Zedillo que en el 2000 también fue una de las causas de la derrota de su partido.
Esa honestidad, cuestionada por la ciudadanía, es precisamente la que no tiene Peña Nieto ni los otros priistas para ganar la elección presidencial del 2018. La corrupción que ha marcado la vida personal de quienes dirigen el país ha generado la animadversión social y ha cobrado una factura onerosa en las urnas.
Es por ello que las aspiraciones del PRI de repetir la victoria en el 2018 se centran ahora en encontrar un simpatizante que esté alejado de las malas cuentas que deja el peñismo. El problema para el PRI es que ni siquiera entre sus simpatizantes hay quien cumpla con este requisito pues hasta ahí ha salpicado la corrupción, ineficacia, injusticia y el fracaso de este gobierno que terminará con más de 100 mil muertos, más pobreza, desempleo y marginación social.
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Fotografía: proceso
