Por: Olga L. González. 12/09/2024
El escándalo Pegasus estalló en 2021 en el mundo. Pese a que durante meses se habló de ello en toda la prensa internacional, en Colombia poco se conoce a Pegasus. El asunto solo se volvió de interés público hace unos días, cuando el presidente Petro lo mencionó en una alocución.
El asunto Pegasus es uno de los más sonados escándalos de espionaje reciente en el mundo. A mediados de 2021, un equipo de ochenta periodistas de catorce periódicos del mundo dio cuenta, durante varias semanas, de un caso masivo de instalación de software espía en los teléfonos de líderes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, presidentes.
Cincuenta mil teléfonos fueron objeto de este espionaje, y un porcentaje aún indeterminado fueron infectados. De manera probada, se sabe que periodistas y personal político o humanitario residente en México, España, Reino Unido, Francia, Hungría, Turquía, India, Azerbaiyán, Kazakstán, Egipto, Argelia, Marruecos, Togo, Ruanda, RD Congo, Uganda, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos fueron el objetivo de este software espía.
En ese entonces, algunos pocos llamamos la atención sobre la compañía NSO Group, que comercializa este software (“malware”) que se instala a distancia (es decir, que los teléfonos no tienen que ser manipulados). NSO Group solo le vende ese dispositivo a gobiernos. Oficialmente, es para ayudar a combatir el terrorismo y a quienes estén en la ilegalidad. La compañía solo vende su producto si el Ministerio de Defensa israelí le da su aval.
En España, se sabe que el dispositivo fue instalado para espiar a los independentistas catalanes.
En México, uno de los primeros países donde se reveló espionaje de Pegasus, sirvió para espiar a personas del círculo de AMLO cuando era opositor, pero también hay denuncias de espionaje de periodistas bajo la presidencia de AMLO, además de que este obstruye las investigaciones. En Francia, se reveló que mil teléfonos estaban infectados: periodistas, defensores de derechos humanos y las dos terceras partes del gobierno (incluidos catorce ministros y el presidente Macron).
¿Quién compró este malware, y para qué? En el caso francés, el equipo investigador determinó que el espionaje fue realizado por cuenta de los servicios secretos de Marruecos. En otros países, fueron a menudo los propios gobiernos, para espiar a la prensa (es el caso de Hungría, donde fueron precisamente espiados los periodistas independientes y opuestos al gobierno déspota de Orban, o de la India, donde fueron espiados reputados periodistas opuestos al gobierno pro fascista de Modi, o de Azerbaiyán, donde fueron espiados periodistas independientes).
Como se ve, el tema fue objeto de muchos análisis y reportajes de la prensa mundial. En esos meses de mediados de 2021, ¿en qué estaba Colombia? ¿Por qué no se habló de ello? Recién habíamos salido de un confinamiento durísimo, que dejó a cientos de miles de personas en la pobreza. Pero, sobre todo, el estallido social acababa de pasar: aún estaban humeantes los destrozos del paro, aún no se había esclarecido del todo la violencia homicida (80 civiles, cuatro miembros de las fuerzas del Estado). Es decir, Colombia estaba en lo suyo: triste producción de violencias, triste conteo de violencias, triste ajuste de cuenta entre políticos por violencias.
Así fue como Pegasus pasó prácticamente desapercibido en la discusión pública en Colombia. El tema solo vino a aterrizar en 2024, primero por cuenta de un artículo de la revista Raya, que se basa en las investigaciones de un periodista israelí sobre la adquisición de ese programa espía en Israel por el entonces presidente Duque y miembros del ejército, y luego por el discurso del presidente del jueves 5 de septiembre.
En pleno paro de camioneros y usuarios del combustible diesel, cuando la mayoría de las grandes vías de las ciudades estaban bloqueadas por el paro de los camioneros, Petro hizo una alocución en la que habló de Pegasus, retomó algunos aspectos de la denuncia de Raya y del periodista israelí, y agregó otros asuntos de su cosecha, que resultaron incomprensibles para sus oyentes. Anotemos que en marzo pasado, el Ministerio de Defensa había declarado que no hubo contratos entre NSO Group para adquirir Pegasus y esa institución entre 2020 y 2024.
La intención de Petro era poner una cortina de humo en un momento de alta tensión política. Miembros del gobierno e influenciadores petristas (pagos o no por el gobierno) se dedicaron a decir que Pegasus y el paro por el aumento de la gasolina eran lo mismo, que ambas eran manifestaciones de la oligarquía, etc etc. (Ver por ejemplo el alucinante trino de Margarita Rosa de Francisco, admirada actriz colombiana, hoy convertida en difusora de la propaganda oficial del petrismo en la red X: “El paro y lo de pegasus es parte de lo mismo. Sólo que el paro es lo urgente y lo de Pegasus, lo importante »).
Es una pena que el tema Pegasus haya pasado desapercibido en Colombia cuando los periodistas de Forbidden Stories, los académicos de la Universidad de Toronto, los veedores ciudadanos de Citizen Lab y Amnistía Internacional estaban revelando el affaire.
Hubiera sido importante saber si los gobiernos colombianos han adquirido este tipo de software, sobre todo si tenemos en cuenta los lazos que existen desde hace ya varios años entre los ministros de defensa colombianos y la inteligencia secreta del Estado y los ministros de defensa y la inteligencia israelí. Con respecto a Pegasus concretamente, sabemos que NSO Group lo comercializó desde 2010, pero también sabemos que ha habido otras compañías israelíes, como Nice Systems y Verice, que han vendido sus servicios a instituciones de seguridad de Colombia.
El espionaje e interceptación de comunicaciones de opositores, periodistas, magistrados no es algo nuevo en Colombia. Probablemente, nunca conoceremos las consecuencias de dichas prácticas, que incluso llevan a asesinatos. Sabemos que los gobiernos anteriores usaron esas técnicas, sabemos también que el gobierno Petro también ha cometido interceptaciones ilegales (y esto llevó a la muerte al coronel Dávila).
Se trata, por ende, de un tema en extremo sensible. Por todas esas consideraciones, no debería ser movilizado únicamente por el presidente y su ejército de influenciadores. La sociedad civil, los veedores ciudadanos, periodistas, congresistas, defensores de derechos humanos, ONG deberían ser quienes lideremos esta conversación, quienes exijamos rendición de cuentas, quienes nos opongamos a la adquisición de este tipo de material por parte de Estado.
En este sentido, termino esta columna refiriendo un primer paso en esta dirección: se trata de conocer esta iniciativa de la organización de la sociedad civil Karisma, que busca modificar la ley de inteligencia y contrainteligencia para que esté acorde con la defensa de los derechos humanos y tenga mayor transparencia.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: La silla vacía. Olga L. González
