Por: Hilario Barcelata Chávez. 04/11/2016
El daño patrimonial al Instituto de Pensiones del Estado según el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) es de 2,994 mdp derivado de la comisión de tres grupos de actos de ilegalidad cometidos por funcionarios del IPE y de la Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN).
Sin embargo, el daño real es superior a los 10, 000 mdp. Veamos:
1.- Recursos no transferidos a la Reserva Técnica
El primer componente del daño patrimonial reconocido por el ORFIS por un monto de 2,709 mdp que el Instituto (se entiende que sus directivos) no cumplió con la obligación legal de transferir al Fideicomiso Fondo de la Reserva. Se trata de recursos que el IPE recibió por diversos conceptos y que debió depositarlos en la Reserva Técnica, pero eso no lo hizo. Este monto se compone de 1,810 mdp de préstamos a corto plazo que hizo a sus derecho-habientes y que estos pagaron al IPE, pero la directiva no depositó en la Reserva Técnica; otros 744 mdp de recursos que el IPE utilizó en contratos de Comisión Mercantil y que cuando le fueron devueltos tampoco los integró a la Reserva; otros 86 mdp recibidos por pagos de préstamos a corto plazo y 69 mdp por interés en préstamos de corto y mediano plazo y por inversiones en valores.
2.- Contrato de Comisión mercantil incumplido
El segundo componente del daño patrimonial es resultado de la decisión del Consejo Directivo de entregarle a SEFIPLAN 180 mdp para que, mediante un “contrato de Comisión mercantil” actuara como “comisionista” del IPE, realizando inversiones financieras con ese dinero y garantizándole el pago de rendimientos a una tasa neta del 5% anual, y en con la promesa de pago de interés moratorios del 6% en caso de no cumplir con el pago. Por desgracia ni el capital ni los intereses han sido entregados al IPE, lo cual suma un adeudo de 185 millones de pesos. Adicionalmente SEFIPLAN se comprometió a garantizar el cumplimiento del pago con bienes patrimonio del Estado, pero nunca cumplió con entregar la relación de los bienes sujetos a garantía.
3.-Recursos entregados al Gobierno del Estado no devueltos
El tercer componente del daño patrimonial tiene un valor de 100 millones de pesos y se derivan de una trasferencia de recursos que en noviembre de 2014 hizo el IPE a la SEFIPLAN (al parecer en calidad de préstamo) la cual se comprometió a devolver esos recursos durante 2015, sin embargo transcurrió todo el año y ese dinero no fue devuelto.
4.- Las omisiones del ORFIS ¿descuido o dolo?
En el Informe de la Cuenta Pública 2015, el ORFIS omitió señalar un conjunto de actos de ilegalidad en el manejo de los recursos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) que son responsabilidad de funcionarios que deberían ser señalados en este documento particularmente porque se reconoce la existencia de irregularidades, que sin embargo no son identificadas como presuntivas de daño patrimonial.
En primer lugar, el Informe de la Cuenta Pública señala en su Observación Número: FP-033/2015/004 ADM que el gobierno del estado no ha entregado al IPE un total de 5,309.9 mdp correspondientes al “subsidio extraordinario” para cubrir el déficit institucional del período 2007 a 2014 y que sumados al faltante de 2015 por 1,376.9 mdp suman un total de 6,685 mdp. Sin embargo el Informe no identifica este incumplimiento como daño patrimonial, a pesar de que la entrega de esos recursos es obligatoria de acuerdo con el artículo 98º de la Ley de Pensiones de Veracruz, que establece la responsabilidad solidaria del gobierno del Estado para el cumplimiento del pago de las pensiones cuando exista déficit y el IPE no puede cubrirlas en su totalidad.
Asimismo en el Informe el ORFIS se indica que el IPE tiene cuentas por cobrar por 674.5 mdp que son resultado de adeudos por cuotas y aportaciones no pagadas por Organismos y Dependencias cotizantes. Se trata de una irregularidad resultado del incumplimiento de un deber legal, sin embargo el Informe no lo señala como una infracción a la ley de parte de la dependencia que dejó de realizar esos pagos. Y debería de hacerlo porque la omisión del pago implica la comisión de un delito, ya que una parte de ese adeudo está constituido por retenciones que el patrón hace a sus trabajadores y que no entregó al IPE, además de no entregarle las aportaciones patronales que corresponden, y que necesariamente estaban previstas en el presupuesto de estas dependencias, lo que implica un desvío de recursos.
El hecho que el gobierno del Estado no cumpla con el pago del subsidio extraordinario junto con el incumplimiento del pago de cuotas y aportaciones, daña el patrimonio del IPE y le conduce a una situación de incumplimiento en el pago de las pensiones, según se puede ver en la Observación Número: FP-033/2015/013 ADM que indica que tan sólo en 2015 el IPE dejó pendientes de pago pensiones por un total de 193 mdp.
Si se consideraran estos dos montos de adeudos como parte del daño patrimonial, entonces éste ascendería a 10,353 mdp.
Por desgracia los diputados aprobaron el Informe de la Cuenta Pública con estas escandalosas omisiones, lo importante, sin embargo, es que esos adeudos no prescriben y el IPE podrá reclamarlos en cualquier momento.
