Por: Juan Pablo Cárdenas. 21/05/2024
La derecha logró en dos oportunidades ganar el Gobierno con su extinto candidato Sebastián Piñera. Se podría pensar que en estas dos administraciones las ideas neoliberales se consolidaron en la economía y la orientación del estado chileno. Sin embargo, en la victoria de sus ideas también contribuyeron los gobiernos de centro izquierda de la Concertación y de la Nueva Mayoría.
Cuando Pinochet es reemplazado por el gobierno de Patricio Aylwin no pocos derechistas temieron por el derrumbe de sus ideas sino en la posibilidad de que los poderosos empresarios y los políticos vinculados a la Dictadura fueran juzgados y obligados a pagar por su complicidad con los crímenes del régimen político militar y su escandalosa apropiación de las empresas, concesiones mineras y otros beneficios que les fueron otorgados por el Dictador. Tal como ahora se convoca a los inversionistas privados y extranjeros a explotar las enormes reservas de litio, en contrasentido de lo que el Presidente Allende hizo con el cobre en 1971.
Salvo el trágico homicidio del senador Jaime Guzmán, no se sabe de más políticos que hayan sido sancionados por los 17 años de interdicción ciudadana y crímenes que propiciaron. En general, unos y otros han venido falleciendo de muerte natural con el paso de los años, como recientemente ocurriera con Sergio Fernández, quien ocupó los más altos cargos de confianza del gobernante de facto. No pocos de los más cercanos colaboradores de Pinochet se atrincheraron en el Congreso Nacional para oponerse sistemáticamente a los proyectos reformistas, asumir como escuderos de los violadores de los DDHH, defender el modelo socioeconómico heredado y llegar a darse aires de demócratas desacreditando a los sectores de izquierda, como ahora lo hacen contra el Partido Comunista y el Frente Amplio.
En más de treinta años de pos dictadura, la Constitución de Pinochet continúa vigente, salvo las pocas y hasta superficiales enmiendas obtenidas con fórceps en el Parlamento. A lo que se suma, para colmo y vergüenza del conjunto de la clase política, aquellos dos intentos constituyentes completamente abortados por la propia derecha y la radicalidad insensata de algunos sectores de izquierda.
Las grandes demandas populares que provocaron El Estallido Social del 2019 y la salida a las calles de millones de chilenos de todo el país convocados por la agrupación nacional No + AFP, así como la exigencia de una “educación pública gratuita y de calidad” tienen en ascuas a cientos de miles de jubilados y trabajadores por pensionarse, como a otra enorme cantidad de estudiantes endeudados por el Crédito con Aval del Estado (CAE) que el actual gobierno tiene prometido condonar, aunque recién ahora, después de dos años, se nos anuncia que La Moneda pondrá en estudio para septiembre próximo la ley respectiva. Iniciativa que bien podría demorar en los trámites legislativos todo lo que le resta al gobierno de Boric.
El país acaba de comprobar cómo una llamada Ley Corta se aprueba en el Parlamento para darle continuidad al corrupto sistema de salud privado representado por las isapres. Instituciones que por largos años asaltaron el bolsillo de sus pacientes, tanto así que la propia Corte Suprema las obligara a devolver a sus asociados los abusivos montos cobrados por encima de lo legal, con lo cual muchos llegaron a celebrar el inminente quiebre de las mismas.
Pues bien, por intercesión de diputados y senadores del más amplio espectro político, es decir con la derecha, el centro y la izquierda parlamentaria, se le ampliaron los plazos que tenían las isapres para devolver lo sustraído. Con lo cual las administradoras privadas de salud seguirán “vivitas y coleando”, gracias a un acuerdo espurio rechazado solo por algunos dignos “representantes del pueblo” que votaron en contra o se abstuvieron. Excepciones loables tanto de parlamentarios del oficialismo como de la Oposición después de una negociación que se hizo a todo vapor antes que este acuerdo afectara los resultados de las elecciones parlamentarias y comunales de fin de año. Un “costo político”, como lo señaló El Mercurio, que pudiera dañar a los que aprobaron este proyecto.
Después de los costos a la economía imputados a la Pandemia y la posterior “revuelta social”, los actuales gobernantes se ufanan de los éxitos del actual ministro de Hacienda, el socialista Mario Marcel, en cuanto a controlar el gasto fiscal y ponerle sordina a la inflación. Lo que se reconoce muy a la ligera es que esto explica el más de un millón de trabajadores despedidos desde el 2022 por “necesidades de las empresas”, como suelen caratularse en los propios registros oficiales. De esta forma, la tasa de desempleo llega el mes pasado a un 8.7 por ciento, en un país en que el salario promedio llega a unos 500 euros, apenas algo más que el sueldo mínimo (470 mil pesos) y muy por debajo de las necesidades básicas de una modesta familia.
Lo anterior explica, entre otros horrores económico sociales, los populosos campamentos ilegales levantados de hecho por todo el país, el crecimiento del ausentismo escolar, la mantención escandalosa de las listas de espera hospitalarias, los cientos de miles de familias sin casa y otras lacras reconocidas por todos, aunque las autoridades de gobierno, legislativas y judiciales mantengan sueldos y estipendios 20 veces o más por encima del salario mínimo. Por lo que hacer política hoy resulta un suculento negocio.
Caso curioso el de Chile donde ni siquiera se discute el fracaso del modelo neoliberal que tantos estragos ha traído en el mundo. Mientras Estados Unidos viola descaradamente las leyes de libre comercio y en todas partes se reclama la acción del estado para encarar las injusticias provocadas por la hipócrita “libre competencia”. Para la revista The Economist, con el colapso mundial del sistema liberal “vuelve a ser la guerra un recurso de las grandes potencias” y podría ocasionar un “descenso general hacia la anarquía”.
Obviamente, el costo de la desigualdad social explica también los altos índices de criminalidad que todos los referentes políticos compiten por denunciar, y los legisladores resuelven encararlos elevando siempre las dotaciones de policías, asignándoles más recursos disuasivos y aprobando nuevas leyes de impunidad para los agentes del Estado que maten a los delincuentes. Sin considerar siquiera, la edad de múltiples víctimas menores de 15 años cuyas indagaciones judiciales se extinguen en los anaqueles de los Tribunales.
Pero basta que mueran, lamentablemente, carabineros en actos de servicio o de franco para que las autoridades y todos los canales de televisión asuman un destemplado luto, muy por encima del que provoca la muerte y tortura de cientos de jóvenes del servicio militar en el norte de Chile, aunque por lo menos esta vez se llamara a retiro a dos oficiales y suboficiales del Ejército y se abriera otra investigación más en que, por lo general estos uniformados soldados suelen resultar inimputables.
Aunque en el propio gobierno derechista de Piñera se le restó a la Justicia Militar la facultad de juzgar a militares y civiles en estado de paz, determinando la jurisdicción en estos casos a los tribunales civiles, no faltan ahora los que quieren volver a la época en los fiscales militares se ensañaban con los civiles opositores de la Dictadura por instrucción de sus superiores jerárquicos de los cuales siempre dependen. Una iniciativa por ahora soterrada pero que ya ha movido la sensibilidad hasta de algunos políticos “democráticos”. Incluyendo la voz de quienes proponen restituir la pena de muerte.
Quienes escuchamos el relato de las juezas del Tribunal Oral el listado de irregularidades cometidas por el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, no pudimos sino asombrarnos de que las mismas magistradas determinaran absolverlo, considerando que le faltaron “pruebas” que corroboraran este verdadero arsenal de fraudes, entre ellos el lavado de dinero y la malversación de caudales públicos. Según estas juezas de la República, la opinión de los testigos pareció insuficiente y las pruebas, con débil fundamento. Aunque su fallo se aviene con quienes creen que después de 30 años los militares cuentan todavía con fueros indignantes para una democracia y un estado de Derecho.
Por lo mismo, también, es que el Director General de Carabineros, sindicado como el responsable superior de la muerte y masacre de manifestantes del Estallido Social, logre postergar su formalización, por la incomodidad que podría provocarle a la Policía Uniformada su posible juicio y destitución. Una decisión aplaudida por la derecha y los gremios empresariales que abiertamente simpatizan con la represión policial y la completa impunidad de sus efectivos.
Mediática y entretenida parece la confrontación verbal del presidente Boric con los mandamases cada vez más soberbios del empresariado. Ojalá esto significara un cambio de rumbo gubernamental y político que llevara a neutralizar a los principales enemigos de la patria por su voracidad y los trágicos resultados de la política del “dejar hacer y dejar pasar”. Pero más nos tememos que sea un recurso retórico para recuperar la confianza popular en el gobierno y la credibilidad del Jefe del Estado que marcan por debajo del 30 por ciento en las encuestas. En relación a 1973, cuando los militares, la derecha y el empresariado derribaron la institucionalidad democrática, el poder de estos ciertamente se ha acrecentado durante la Dictadura y lo que le siguió.
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Fotografía: Pressenza
